Estrategia integral contra el tráfico ilegal de energéticos
El gobierno federal intensificó sus operaciones de vigilancia y fiscalización para combatir el contrabando de hidrocarburos, logrando asegurar un volumen significativo de carburantes que ingresaron de manera irregular al territorio nacional. Durante la conferencia matutina encabezada por la administración central, se detallaron los avances obtenidos mediante el cruce institucional de bases de datos y la colaboración estrecha con las instancias procuradoras de justicia.
Como parte de las acciones legales emprendidas por las entidades responsables del sector energético y corporativo, la empresa productiva del Estado ha presentado más de 10 mil denuncias ante la instancia ministerial correspondiente por delitos relacionados con la sustracción y comercialización ilícita de energéticos. Las autoridades destacaron que este esfuerzo coordinado busca cerrar los espacios de operación a las redes criminales dedicadas a defraudar al fisco mediante la introducción clandestina de petrolíferos.
Recuperación fiscal y control en aduanas
La titular de la Secretaría de Energía, Luz Elena González, reveló que se han rescatado mil 952 millones de litros de combustible que pretendían ingresar al país eludiendo las obligaciones tributarias correspondientes. Esta cifra representa un impacto económico positivo equivalente a 13 mil 664 millones de pesos en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).
Paralelamente, las estadísticas oficiales muestran un incremento del 10.54 por ciento en las importaciones declaradas de manera formal al comparar el periodo actual con el año previo, pasando de 23 mil 933 a 26 mil 455 millones de litros. Para garantizar la legalidad de estas operaciones, los operativos de inspección se concentran en 14 aduanas estratégicas del país, donde se realizan rigurosas revisiones físicas de cargamentos y correcciones en los volúmenes asentados en los pedimentos aduanales.
Como parte de las medidas coercitivas aplicadas a quienes infringen la normatividad comercial y fiscal, se han impuesto más de 500 multas derivadas de irregularidades o retrasos en la entrega de información, además del inicio de procedimientos administrativos y legales en contra de 8 agentes aduanales.
Detectan desvíos millonarios y anomalías en facturación
El análisis financiero de los registros previos permitió identificar un desbalance considerable en las facturas emitidas durante el ciclo fiscal anterior, el cual asciende a 8 mil 824 millones de litros, una cantidad que se traduce en un impacto anual de 61 mil 700 millones de pesos.
“Para poder, primero, sancionar a quienes se dedicaban al contrabando de combustibles, y segundo, para evitar que siga ocurriendo”, afirmó la secretaria de Energía al explicar la metodología implementada para rastrear la trazabilidad de los productos a lo largo de toda la cadena de valor.
De acuerdo con los datos presentados por la dependencia, la mayor concentración de estas irregularidades se localiza en el sector de intermediación, abarcando el 72 por ciento del total de los desbalances detectados. En tanto, el eslabón correspondiente a los puntos de venta al público agrupa el 13 por ciento restante de las discrepancias documentales.
Sanciones severas y clausura de establecimientos irregulares
Las acciones implementadas por las autoridades tributarias y de regulación energética han derivado en la clausura definitiva de 2 mil 224 empresas que operaban comercializando carburantes careciendo de los permisos legales requeridos. La supervisión estricta también ha alcanzado al sector gasolinero tradicional.
En este sentido, se aplicaron 6 mil 483 multas distribuidas entre 2 mil 032 estaciones de servicio que incumplieron con la obligación de instalar y operar controles volumétricos adecuados. Adicionalmente, 180 compañías fueron retiradas de manera definitiva del padrón oficial de importadores tras comprobarse su participación directa en actividades de contrabando.
Finalmente, las investigaciones permitieron identificar y clasificar a 175 compañías bajo la categoría de empresas factureras, debido a su presunta vinculación con las redes financieras que facilitan el robo y la comercialización ilegal de combustibles en el mercado nacional.
