La inseguridad vial estrangula la logística nacional y encarece las metas económicas del país
A pesar de que las carpetas de investigación por el delito de atraco al transporte de carga registraron una disminución del 20.5% en lo que va del año, la violencia persistente en los corredores viales más importantes de la república continúa elevando de forma alarmante los gastos operativos del sector privado, transformando la cadena de suministro en un auténtico freno para la economía mexicana.
El impacto financiero en las empresas del sector
Para el sector empresarial, los riesgos asociados al tránsito de mercancías han dejado de ser simples eventualidades para convertirse en una carga financiera permanente. Un claro ejemplo es el de una empresaria del sector logístico, quien prefirió utilizar el seudónimo de Ana para salvaguardar su integridad, y que reportó un incremento del 60% en la póliza de seguros destinada a proteger sus 12 unidades de transporte en tan solo un periodo de doce meses.
No obstante que su compañía enfrenta al menos un atraco o intento de asalto cada año, Ana señala que al dedicarse fundamentalmente al traslado de materia prima y no de artículos terminados, sus vehículos suelen despertar un menor atractivo entre los grupos delictivos organizados.
De acuerdo con el informe trimestral de la consultora especializado en seguridad Overhaul, los productos correspondientes a alimentos y bebidas concentraron el 26% de los incidentes reportados a nivel nacional. A estos segmentos les siguieron los vehículos y autopartes con un 12%, los combustibles con un 10%, las mercancías diversas alcanzando un 9%, y los materiales de construcción e industriales con un 8%.
"Un día, uno de los choferes hizo una parada en Veracruz, donde fue interceptado por un grupo de personas armadas. Sin embargo, lo dejaron ir al darse cuenta de que no era el camión de carga que esperaban", relató la empresaria sobre la selectividad con la que operan los grupos criminales en determinadas rutas críticas del territorio.
Corredores de alto riesgo y expansión hacia el sur
Basándose en su experiencia cotidiana, la transportista ubica al Estado de México, Puebla y Veracruz como las entidades que representan mayores peligros para la viabilidad de sus operaciones. Asimismo, advierte que tras la emergencia sanitaria global, los atracos se han incrementado notablemente en las carreteras del sureste del país, específicamente en los trayectos que conducen hacia Tuxtla Gutiérrez y Arriaga.
En dichos trayectos, circular durante las horas nocturnas se ha vuelto sumamente peligroso. Los delincuentes no solo despojan a los operadores de los cargamentos, sino que también sustraen los contenedores completos y los sistemas de geolocalización satelital, poniendo en riesgo latente la vida de los conductores.
Por su parte, cifras proporcionadas por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) confirman que casi tres de cada cuatro ilícitos denunciados ante las fiscalías estatales se concentran de manera persistente en las rutas México-Querétaro-San Luis Potosí y México-Puebla-Veracruz.
En tanto, las estimaciones del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico) calculan que el valor total de las mercancías sustraídas de manera ilegal durante el primer semestre ascendió a la cifra de 250 millones de pesos.
Un lastre estructural para el crecimiento económico
La necesidad de blindar las operaciones ha obligado a las empresas a destinar recursos adicionales en custodias, tecnología avanzada de rastreo y primas de aseguramiento más costosas. En el caso de la compañía de Ana, el costo de asegurar su flotilla pasó de cerca de un millón de pesos el año pasado a superar el millón 600,000 pesos en el presente ejercicio.
Para especialistas como Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, existe una clara desconexión entre las políticas económicas oficiales y las estrategias de seguridad pública. Desde su perspectiva, la delincuencia en las carreteras es uno de los inhibidores más fuertes de la actividad productiva, ya que deteriora severamente la confianza corporativa.
Por su parte, Víctor Manuel Herrera Espinosa, analista del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), advierte sobre las repercusiones inflacionarias de este fenómeno: "Todos estos gastos adicionales en los que incurren los transportistas se reflejan en el precio que, a final de cuentas, paga el consumidor".
Mientras tanto, el debate presupuestal sigue abierto. En México, el gasto gubernamental asignado a la seguridad pública y al sistema de justicia representa apenas el 0.7% del Producto Interno Bruto (PIB), una proporción considerablemente menor si se compara con el promedio regional de América Latina, que oscila entre el 1.5% y el 2%.
