Acciones contundentes del Servicio de Administración Tributaria
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), bajo la dirección de Antonio Martínez Dagnino, ha intensificado las auditorías y revisiones en el sector energético nacional. Derivado de estas acciones de fiscalización implementadas desde el año 2025, un total de 180 empresas fueron dadas de baja del padrón de importadores debido a su probada participación en redes de contrabando e introducción ilegal de hidrocarburos.
Las medidas restrictivas implementadas por la autoridad fiscal no se limitan al comercio exterior. Informes oficiales detallan que 2 mil 224 empresas adicionales fueron clausuradas por comercializar petrolíferos de manera irregular y sin contar con los permisos correspondientes. Asimismo, se aplicaron sanciones económicas severas a 2 mil 32 estaciones de servicio por incumplir con la normativa obligatoria sobre los controles volumétricos, una herramienta clave para fiscalizar el volumen real de producto que ingresa y se vende al consumidor final. En el mismo paquete de sanciones, 175 compañías fueron boletinadas como factureras por simulación de operaciones.
#EnLaMañanera | Como resultado de las acciones fiscales relacionadas contra el huachicol, hay 2 mil 224 empresas cerradas debido a que vendían combustible sin permiso pic.twitter.com/VwZNleWC9D
— El Financiero (@ElFinanciero_Mx) October 21, 2026
Por su parte, el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, aportó detalles sobre las acciones complementarias ejecutadas desde el ámbito energético. La Comisión Nacional de Energía procedió a la cancelación definitiva de 264 permisos de expendio y comercialización de combustibles, mientras que otros 307 expedientes se encuentran en un proceso legal de sanción o inminente revocación.
El impacto económico y el modus operandi del contrabando
El esquema conocido popularmente como huachicol fiscal consiste en la introducción clandestina y no declarada de carburantes provenientes de territorio estadounidense hacia el mercado mexicano. El objetivo principal de esta práctica ilícita es evadir por completo el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), afectando drásticamente la recaudación federal y generando una competencia desleal para los empresarios que operan dentro del marco de la legalidad.
Tras realizar un riguroso cruce masivo de información entre distintas dependencias del Estado, las autoridades cuantificaron anomalías financieras y fiscales que ascienden a la alarmante cifra de 61 mil 700 millones de pesos relacionados con el huachicol fiscal. Este desfalco al erario ha motivado acciones legales firmes por parte de las instituciones gubernamentales.
Como resultado de las investigaciones, el SAT interpuso 152 denuncias penales por contrabando y alteración o falta de controles volumétricos, mientras que la Procuraduría Fiscal de la Federación ha presentado 127 casos adicionales ante los tribunales bajo el cargo específico de presunta defraudación fiscal. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que las investigaciones continúan para capturar a todos los actores intelectuales y materiales involucrados en esta red de corrupción.
La mandataria reveló que algunos de los principales implicados cuentan con la doble nacionalidad y se refugian actualmente en el extranjero, por lo que el gobierno federal ya inició los trámites diplomáticos correspondientes. “Hay personas de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, que residen hoy en Estados Unidos y de las que se ha pedido a Estados Unidos su extradición”, puntualizó la titular del Ejecutivo federal durante su conferencia matutina.
Alcance temporal de las auditorías gubernamentales
Durante su encuentro con los medios de comunicación, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró de manera enfática que las cifras oficiales presentadas sobre el quebranto y las sanciones corresponden estrictamente a las revisiones efectuadas durante su administración. La jefa de Estado explicó que por el momento no se ha contemplado realizar una revisión exhaustiva de los ejercicios fiscales de administraciones pasadas, enfocando los esfuerzos institucionales en el combate frontal al delito desde el momento en que asumió el poder.
“Decidimos hacer este cruce de datos a partir de nuestra administración; se podría hacer hacia 2024. Lo que nosotros decidimos es qué pasó en 2025 cuando entramos, todo lo que hemos hecho y evitar que siga ocurriendo hacia adelante”, declaró de manera contundente.
No obstante, diversas investigaciones periodísticas y analistas del sector energético han señalado que las estructuras delictivas dedicadas a la elusión fiscal mediante la importación ilegal de combustibles habrían comenzado a operar desde años anteriores, específicamente alrededor de 2020. De confirmarse estos antecedentes, el daño acumulado a las finanzas públicas y a la industria petrolera nacional podría superar con creces la estimación oficial revelada en este corte informativo.
