Fallas tecnológicas frenan el proceso judicial en Quintana Roo
El proceso legal que se sigue contra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por su presunta implicación en la tortura de la reconocida periodista Lydia Cacho, sufrió un inesperado tropiezo este martes. La diligencia judicial programada tuvo que ser suspendida debido a fallas técnicas registradas en la plataforma de videoconferencias del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La sesión, adscrita a la causa penal 25/2018, estaba prevista para iniciar a las 13:00 horas, tiempo de Quintana Roo, mediante la herramienta digital Webex. No obstante, las deficiencias en el sistema impidieron de manera absoluta que el equipo de abogados de la comunicadora pudiera conectarse a la sala virtual, lo que obligó a las autoridades competentes a diferir el procedimiento.
Según explicaron los representantes legales de Cacho, en un primer momento se indicó que se habilitaría un acceso alternativo para reanudar la conexión. Pese a ello, minutos antes de las 13:30 horas, la cancelación definitiva fue notificada formalmente. Hasta el momento, el órgano encargado no ha fijado una nueva fecha para llevar a cabo la audiencia, la cual se encuentra bajo la responsabilidad de la jueza María José Pech Sáenz, titular del Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Cancún.
La postura crítica de la periodista ante el aplazamiento
Ante esta situación, la comunicadora manifestó su descontento y cuestionó abiertamente la veracidad de los argumentos técnicos expuestos para justificar la suspensión de la diligencia. A través de un material audiovisual compartido en sus perfiles oficiales de internet, detalló que primero le atribuyeron el contratiempo a un corte en el suministro eléctrico y, posteriormente, a errores operativos en la infraestructura del propio juzgado.
“Se les cayó el sistema”, expresó Cacho al referirse a las circunstancias que impidieron el desarrollo de la audiencia.
Asimismo, la escritora reveló que horas antes de la cita, su defensa había ingresado una petición formal para que el desarrollo del juicio fuera completamente público y permitiera la cobertura de los medios de comunicación. Su argumento central radicaba en la necesidad de garantizar la máxima transparencia en un expediente caracterizado por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.
La afectada subrayó que tanto ella como su equipo legal acudieron con la debida preparación mental y profesional para encarar este careo con el exmandatario poblano, por lo que lamentó profundamente que este contratiempo se convierta en una traba más dentro de su prolongada exigencia de justicia. En este sentido, recalcó que han presentado un cúmulo robusto de pruebas ante las distintas instancias jurisdiccionales locales y federales en el estado de Quintana Roo.
“Demostramos ante todos los juzgados federales y locales de Quintana Roo, a través de mis abogadas y abogados, que Mario Marín movilizó a 34 servidores públicos para poder lograr mi arresto ilegal y mi tortura”, afirmó.
Bajo estos argumentos, la autora sostuvo que, dada la magnitud de los señalamientos, el exfuncionario no debería gozar de beneficios procesales que le permitan eludir la prisión preventiva que actualmente cumple en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el Estado de México.
Antecedentes y el prolongado camino hacia la justicia
Los hechos que originaron este largo proceso judicial se remontan a diciembre de 2005, periodo en el cual Lydia Cacho fue interceptada y detenida de manera arbitraria en Cancún por elementos policiales del estado de Puebla, esto tras la publicación de su libro titulado Los demonios del Edén.
En dicha investigación periodística, la autora expuso una red de explotación sexual infantil que presuntamente involucraba a empresarios influyentes y actores de la política mexicana. Tras su captura, fue sometida a un traslado por carretera que se prolongó por más de 20 horas hacia territorio poblano, lapso durante el cual denunció haber sido víctima de agresiones psicológicas y físicas.
Años de litigio han transcurrido desde entonces, marcados por la exigencia de castigo contra el exgobernador, popularmente conocido como el “Gober Precioso”. Organizaciones civiles como Artículo 19 México y Centroamérica han señalado en repetidas ocasiones las graves demoras institucionales en este caso, el cual acumula casi 21 años sin una resolución definitiva, advirtiendo que tales retrasos vulneran los derechos de las víctimas y afectan la libertad de expresión.
El impacto emocional y familiar de este retraso también ha sido severo. La propia Cacho compartió recientemente que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin tener la oportunidad de presenciar una sentencia condenatoria contra el exgobernador.
Por ahora, tras la cancelación de este martes, el proceso judicial queda en pausa a la espera de que el juzgado federal emita una nueva notificación para reprogramar la diligencia que permita avanzar en esta etapa procesal.
