El ex titular de la procuración de justicia en el estado norteño, César Jáuregui, fue recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Este movimiento se concretó luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentara una orden de captura federal en su contra bajo los cargos de traición a la patria.
La privación de libertad se materializó instantes después de que un juez con sede en Chihuahua determinara que el exservidor público podía enfrentar en libertad su proceso judicial de carácter estatal. Sin embargo, elementos de la corporación federal ejecutaron de manera inmediata un segundo mandato judicial derivado de una indagatoria del fuero federal.
Imputaciones de la FGR por la incursión de elementos extranjeros
De acuerdo con las investigaciones de la FGR, las acusaciones se sustentan en la supuesta intervención no autorizada de personal extranjero en un despliegue táctico efectuado durante el mes de abril. Dicha acción tuvo lugar en la localidad de El Pinal, situada en el municipio de Morelos, Chihuahua, sitio donde las autoridades ubicaron y desmantelaron un centro de producción clandestina de sustancias ilícitas.
La titular de la dependencia federal, Ernestina Godoy, enfatizó que el exfuncionario permitió que individuos de otra nacionalidad participaran en diligencias y facultades exclusivas de las instituciones mexicanas, lo que representaría una vulneración directa a la soberanía nacional.
A raíz de esta situación jurídica compleja, y tras librar temporalmente la medida cautelar de prisión preventiva por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos a nivel local, Jáuregui quedó formalmente bajo custodia federal para hacer frente a los señalamientos más graves. Se tiene previsto que la audiencia inicial de este nuevo proceso se lleve a cabo este martes 20 de octubre.
Ejecutivo federal califica de irresponsable la actuación del exfuncionario
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum desaprobó tajantemente la conducta del exfuncionario chihuahuense, señalando que su decisión no solo transgredió los protocolos al permitir incursiones terrestres de personal estadounidense en la Sierra Tarahumara, sino que evidenció una total falta de prudencia operativa.
Durante su conferencia matutina del lunes 19 de octubre, la mandataria federal detalló cómo se originaron las investigaciones y reconoció las indagatorias previas realizadas por las propias autoridades de Chihuahua sobre los hechos ocurridos en la zona serrana.
Hay un reconocimiento de la autoridad de Chihuahua, de que el exfiscal fue el principal responsable de la participación de agentes de Estados Unidos, en un operativo en la Sierra Tarahumara para revisar un laboratorio, ya que ellos no tienen atribuciones, para desmantelar un laboratorio, esas atribuciones las tiene la FGR, explicó la jefa del Ejecutivo durante su encuentro con los medios de comunicación.
Asimismo, la presidenta profundizó en las circunstancias que rodearon los hechos al cuestionar severamente la logística empleada durante dichas acciones encubiertas en territorio nacional.
Es importante esto, por varias razones. En primera, el caso en sí, yo lo he reflexionado mucho y ahora que la responsabilidad recae en el fiscal de ese momento, la verdad fue muy irresponsable, por decir lo menos; no solamente por permitir un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron: se van por la noche, en una carretera sinuosa, se vuelca el vehículo, fallecen dos personas, que ni siquiera tienen atribuciones, añadió la mandataria.
Con el ingreso del exprocurador al centro penitenciario federal, el caso entra en una nueva etapa judicial donde los tribunales competentes deberán determinar las responsabilidades penales tanto en el ámbito estatal como en el federal.
