Investigan por posible ley antimonopolio a cadenas de televisión que hicieron boicot a Trump
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha puesto bajo la lupa las acciones recientes de los principales medios de comunicación televisivos del país. Las autoridades analizan si la decisión conjunta de suspender temporalmente la cobertura informativa del presidente Donald Trump constituyó una infracción a la ley antimonopolio federal, según confirmaron este sábado fuentes oficiales de la administración.
El origen de la indagatoria federal
La controversia comenzó a gestarse cuando la administración gubernamental bloqueó la entrada de tres reconocidos medios de comunicación a las instalaciones presidenciales, específicamente a CNN, MS NOW y Politico, retirándoles las credenciales necesarias para realizar su labor informativa diaria sin cumplir con los procedimientos legales habituales.
Como respuesta directa a estas restricciones de acceso, el grupo compuesto por cinco grandes cadenas que integran el equipo rotativo de cobertura oficial —conocido comúnmente como el pool televisivo— decidió frenar sus transmisiones y reportes sobre las actividades del mandatario durante el mes pasado. Las cadenas involucradas en esta protesta colectiva son ABC, CBS, CNN, FOX y NBC.
Postura oficial y advertencias legales
Ante esta situación, la portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, explicó los motivos detrás de la intervención legal de la dependencia gubernamental. La funcionaria señaló que las acciones concertadas de presión entre competidores comerciales del sector informativo podrían contravenir las normativas económicas vigentes en la nación norteamericana.
“La División Antimonopolio simplemente está investigando para determinar si estas organizaciones de noticias han violado las leyes antimonopolio”, manifestó Emily Covington al detallar el alcance de la indagatoria que mantiene en alerta a la industria de los medios masivos.
Batalla judicial y reacciones de organizaciones civiles
Paralelamente a la investigación sobre el boicot informativo, la disputa escaló a los tribunales cuando los medios afectados interpusieron una demanda formal contra la prohibición de entrada. Un juez federal emitió una orden temporal que obligó al gobierno a restituir el acceso a los reporteros afectados, medida judicial que se mantiene vigente mientras continúa el proceso legal.
La apertura de esta investigación federal desató una ola de críticas por parte de defensores de la libertad de prensa y organizaciones internacionales dedicadas a velar por la seguridad y los derechos de los comunicadores. Diversos sectores interpretan la medida como un intento de presión gubernamental hacia las empresas informativas.
Desde el Comité para la Protección de los Periodistas, el director regional para América, Jose Zamora, condenó enérgicamente la actuación del gobierno a través de un pronunciamiento público.
“El gobierno no debería usar investigaciones antimonopolio para intimidar a medios que defienden el acceso de la prensa”, escribió Jose Zamora en sus redes sociales, agregando además que “el derecho del público a saber depende de ese acceso”.
Hasta el momento, los directivos de las cinco cadenas de televisión sujetas al escrutinio del Departamento de Justicia no han emitido una postura oficial detallada tras los requerimientos de información enviados por diversos medios de comunicación durante el fin de semana.
