La legisladora con licencia Julieta Ramírez Padilla, quien se perfila fuertemente para buscar la gubernatura de Baja California en 2027 bajo las siglas de Morena, decidió evadir los cuestionamientos de la prensa al ser interrogada sobre las acusaciones que pesan contra diversos colaboradores de su círculo político, los cuales han sido vinculados por instancias internacionales con el Cártel de Sinaloa.
La controversia estalló a raíz de los señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos en contra de figuras clave que operan como promotores y operadores dentro de su estructura política, acusados formalmente de formar parte de las redes financieras y operativas de agrupaciones delictivas dedicadas al narcotráfico transnacional.
Entre los implicados directos destaca Rafael Buenrostro Martín, un empresario local y operador político que estuvo presente en el evento del pasado 15 de septiembre, fecha en la que el partido guinda presentó a Ramírez como coordinadora estatal de los comités de defensa territorial y soberanía nacional en la entidad fronteriza.
Investigaciones periodísticas revelaron que Buenrostro tuvo un rol activo en la logística de movilización, concentraciones de apoyo y la generación de material fotográfico durante la proclamación de la aspirante, además de figurar como uno de los supuestos aportantes económicos para impulsar sus aspiraciones partidistas.
🔵Julieta Ramírez, coordinadora de Morena por Baja California, guardó silencio ante preguntas sobre una posible investigación de autoridades estadounidenses contra integrantes de su equipo por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
“No, no, nadie de mi equipo, como cree”,…
— Azucena Uresti (@azucenau) October 10, 2026
Investigaciones internacionales y señalamientos al círculo cercano
Las alertas sobre el equipo de la política morenista se intensificaron luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, colocara bajo la lupa a Buenrostro por sus presuntos nexos con la facción criminal conocida como Los Mayitos, una de las estructuras del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los reportes de inteligencia financiera norteamericana, el empresario habría funcionado como un vínculo de influencia institucional, recibiendo presuntos sobornos económicos con el propósito de blindar y facilitar las actividades ilícitas de José Ángel Rivera Zazueta, identificado por las autoridades como un cabecilla operativo del cártel en territorio bajacaliforniano.
El entramado de acusaciones también salpica a Pedro Mendívil, exresponsable de la seguridad pública en el municipio de Mexicali, quien fue señalado por agencias extranjeras de haber aceptado sobornos millonarios por parte de un operador criminal apodado ‘El Ruso’, con la finalidad de otorgar protección institucional a células delictivas dentro de las corporaciones policiales municipales.
Asimismo, dentro de la red de apoyos políticos de Ramírez aparece Dulce María Mendívil García, quien se desempeña como subsecretaria Anticorrupción en el gabinete estatal, identificada como promotora de la campaña de la senadora con licencia. Su hermano, Pedro Ariel Mendívil, también ha sido ubicado en indagatorias ministeriales por presuntos lazos con la célula armada de Los Rusos.
Antecedentes de fricción con agencias extranjeras
El silencio actual de la abanderada de Morena se produce semanas después de que enfrentara una fuerte tormenta mediática relacionada con supuestas indagatorias en su contra por parte de la justicia estadounidense y un presunto acercamiento para colaborar bajo esquemas judiciales especiales con agencias de ese país.
A principios de septiembre, diversos medios difundieron versiones que apuntaban a la presunta firma de un acuerdo de cooperación informativa con autoridades norteamericanas. En su momento, la legisladora rechazó categóricamente tales aseveraciones, descalificando la información como un simple rumor político y exigiendo sustentos probatorios a los comunicadores que filtraron los reportes.
El camino hacia las elecciones de 2027
A pesar del cúmulo de señalamientos que envuelven a su equipo de colaboradores y operadores financieros, la dirigencia nacional oficializó el nombramiento de Julieta Ramírez como la máxima representante de la coordinación territorial del partido en Baja California, consolidando su posición como la carta fuerte del obradorismo para suceder en el cargo a la actual administración estatal.
La trayectoria de la aspirante incluye su paso como secretaria particular de Marina del Pilar Ávila durante la gestión de esta última al frente del ayuntamiento mexicalense, un antecedente que hoy cobra relevancia ante las sanciones financieras emitidas recientemente por el gobierno estadounidense contra el círculo familiar y político que rodea al poder local en la región.
