El fin de una era de equilibrios políticos
Las elecciones intermedias de 1997 marcaron un punto de inflexión fundamental en la historia política contemporánea del país. En ese proceso electoral, la ciudadanía retiró al Partido Revolucionario Institucional (PRI) el control absoluto que históricamente ostentaba sobre el Congreso de la Unión. Aunque el partido oficial intentó en su momento obstaculizar la nueva distribución de fuerzas emanada de las urnas, el resultado abrió paso a la ilusión de una genuina separación de poderes en México.
Aquel acontecimiento obligó a transitar de una democracia simulada a un sistema con incipientes contrapesos frente al Ejecutivo. Mientras que en décadas anteriores las bancadas oficialistas funcionaban como simples maquinarias de aprobación automática, la nueva correlación de fuerzas exigió la construcción de acuerdos. Las comparecencias de los secretarios de Estado ante los legisladores se convirtieron en ejercicios indispensables de rendición de cuentas, donde el Poder Legislativo demostraba una autoridad real frente a los designios de Palacio Nacional.
Ausencias parlamentarias y la erosión del gabinete
Sin embargo, la realidad actual muestra un retroceso alarmante que supera las peores prácticas del pasado. Las recientes apariciones del secretario de Hacienda, Edgar Amador, ante ambas cámaras del Congreso sirvieron como un crudo reflejo de un presidencialismo exacerbado que debilita tanto al órgano legislativo como a los propios integrantes del gabinete federal.
Lejos de los debates rigurosos, el Poder Legislativo se ha convertido en una especie de oficialía de partes. Con la certeza de que las iniciativas enviadas desde el Ejecutivo se aprueban sin modificarles una sola coma, la Consejería Jurídica ha incurrido en múltiples errores técnicos que los legisladores convalidan de manera automática. Esta simulación institucional quedó al descubierto durante la comparecencia de Amador en la Cámara de Diputados, donde las bancadas oficialistas prácticamente lo desairaron al comprender que la Secretaría de Hacienda carece de autonomía real en la toma de decisiones.
El centralismo y la concentración del poder económico
El estilo de gestión gubernamental actual se caracteriza por la anulación operativa del equipo ministerial. En el caso específico de las finanzas públicas, la imposición de la titularidad del Ejecutivo federal es absoluta. Las iniciales de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, son las que verdaderamente mandan en la conducción económica del país, abarcando desde las previsiones de inversión y los diagnósticos macroeconómicos hasta la emisión de decretos y normas específicas.
Si el panorama político fuera distinto, los legisladores oficialistas habrían aprovechado la presencia del secretario de Hacienda para gestionar recursos para sus distritos, cabildear proyectos locales u obtener posturas claras sobre temas sensibles como la fluctuación cambiaria y los subsidios energéticos. No obstante, la ausencia masiva de diputados obedeció a un frío cálculo de realismo político: los congresistas saben perfectamente que cualquier duda económica o directriz estratégica se resuelve directamente en las conferencias matutinas y no a través de los canales institucionales de la Secretaría de Hacienda.
Con una mayoría calificada en el Congreso que recuerda a los esquemas de control político de la década de 1970, la actual administración opera sin la necesidad de un gabinete con peso político propio ni contrapesos internos que adviertan sobre posibles riesgos económicos. De este modo, la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se reduce a un esquema donde la soberanía parlamentaria cede por completo ante la concentración centralizada de las decisiones de Estado.
