Las metas fiscales del país son viables este año, pero dependen de tres factores clave
Tras la publicación del informe de finanzas públicas correspondiente al mes de agosto por parte de la Secretaría de Hacienda, el análisis de las cuentas nacionales revela un panorama de posturas encontradas entre la administración federal y los especialistas económicos.
Entre la disciplina oficial y la lectura de deterioro
Por un lado, el reporte oficial destaca que el déficit va 276 mil millones de pesos (mmdp) por debajo del previsto en el calendario original, un dato que las autoridades utilizan para respaldar su compromiso con la prudencia presupuestaria. Sin embargo, los analistas externos señalan con preocupación que este saldo negativo resulta 157 mmdp mayor que el de hace un año, lo que evidencia un reto persistente en la consolidación de las finanzas.
Ante este escenario, la incógnita central para el cierre del ejercicio fiscal consiste en determinar si se concretará la meta anual establecida para los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la cual contempla un déficit amplio equivalente al 4.1 por ciento del PIB. De acuerdo con las proyecciones técnicas, este objetivo es perfectamente viable, siempre y cuando se cumplan de manera estricta tres condiciones fundamentales.
Durante los primeros ocho meses del año, el déficit presupuestario específico se situó en 739 mmdp, mostrando estabilidad frente al periodo anterior, mientras que el superávit primario sufrió una contracción del 66 por ciento para ubicarse en 83.5 mmdp. En el rubro de ingresos, la recaudación quedó 201 mmdp abajo del programa, golpeada especialmente por una caída del 5.6 por ciento real en el ISR, la peor marca para un lapso semejante desde 2009. No obstante, este boquete fiscal fue amortiguado parcialmente por el dinamismo del IVA, que registró un incremento del 11.4 por ciento real, y por los impuestos a la importación, que avanzaron un 9.2 por ciento. En cuanto a los egresos, el gasto se ejerció 477 mmdp por debajo de lo programado en el calendario.
Las tres condiciones para el equilibrio financiero
Para asegurar que las cifras cierren conforme a lo planeado, el primer requisito indispensable recae en los ingresos tributarios. La administración ya ajustó sus expectativas a la baja en los Criterios de Política Económica, recortando la proyección inicial de recaudación aprobada en la Ley de Ingresos desde los 5 billones 839 mmdp hasta los 5 billones 731 mmdp.
A pesar de esta reducción en la meta, el cuatrimestre final exige un incremento del 13 por ciento nominal en la recaudación de impuestos en comparación con el mismo periodo del año previo —equivalente a un 9 por ciento real—, un salto considerable si se toma en cuenta que el acumulado entre enero y agosto apenas creció un 0.6 por ciento real. Para lograrlo, la estrategia gubernamental confía plenamente en el repunte del consumo interno y la actividad en aduanas.
La segunda condición se encuentra en el control del gasto público. Con el propósito de cumplir la estimación revisada, el gasto neto proyectado entre septiembre y diciembre experimentará una contracción del 4 por ciento nominal, lo que representa cerca de un 8 por ciento real frente al cierre del ejercicio anterior. El subejercicio acumulado demuestra que el freno ya está en marcha, pero será necesario un ajuste todavía más riguroso durante los últimos meses.
El tercer factor, que suele recibir menor atención en el debate público, involucra directamente al denominador de la fórmula matemática: el PIB nominal. En sus documentos oficiales, Hacienda proyecta una expansión nominal del 5.3 por ciento para el año, alcanzando una dimensión de 37.3 billones de pesos, con un crecimiento real del 1.5 por ciento. Sin embargo, los indicadores oportunos apuntan a un dinamismo superior, ubicando el crecimiento anual en un rango de 1.8 a 2 por ciento.
Perspectivas hacia el cierre del ejercicio
De confirmarse este escenario de mayor actividad, el PIB nominal se elevaría hasta los 37.5 billones de pesos. Este margen favorable beneficia las cuentas públicas en dos vertientes: por un lado, al aumentar el denominador, el peso relativo del déficit se diluye y los RFSP se aproximan al 4.0 por ciento; por el otro, el numerador se fortalece gracias a una mayor recaudación de impuestos al consumo y pagos provisionales corporativos.
Con estos elementos, la trayectoria de la deuda pública se incrementará de todos modos, pasando del 52.6 por ciento registrado el año pasado al 53.5 por ciento del PIB, aunque el salto final resulta menos pronunciado de lo previsto inicialmente. La consecución de estas metas no depende de medidas extraordinarias, sino de la estricta aplicación de las directrices de gasto e ingresos.
A pesar de la viabilidad de la meta, persisten los matices operativos. Contener el déficit mediante un freno en el gasto conlleva la postergación de pagos y una inversión contenida, mientras que la recaudación queda cada vez más expuesta a la volatilidad del comercio exterior y el consumo masivo en lugar de las utilidades corporativas. Estos retos cobran relevancia de cara a un próximo periodo electoral en 2027, donde las exigencias macroeconómicas serán todavía mayores y las agencias calificadoras mantendrán una vigilancia estricta sobre la consistencia fiscal del país.
