La creciente asimetría entre los valores internos y externos
El mercado del diésel en territorio colombiano evidencia una divergencia cada vez más pronunciada frente a las cotizaciones globales. Dicha disparidad termina absorbiéndose a través del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, conocido como el FEPC, lo que incrementa de forma notable la tensión sobre las cuentas de la nación.
A pesar de este panorama, las directrices desde la administración central muestran contradicciones evidentes. Mientras que la cartera de Minas y Energía había proyectado un incremento en las tarifas, la medida fue anulada directamente por el presidente Abelardo De la Espriella.
“He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina. Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre”, advirtió De la Espriella.
De acuerdo con estimaciones de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), la referencia internacional del hidrocarburo experimentó un repunte cercano al 67% entre los meses de enero y septiembre, al tiempo que el valor fijado en el mercado interno apenas se elevó un 3%.
En términos monetarios, el indicador global pasó de aproximadamente COP$11.900 a COP$19.820 por galón al cierre del noveno mes del año. En contraparte, la tarifa local se movió de manera muy conservadora, pasando de COP$11.062 a COP$11.399 en idéntico periodo, ensanchando la brecha por encima de los COP$8.000 por galón.
Este comportamiento responde fundamentalmente a la naturaleza amortiguadora del FEPC, cuyo objetivo principal es blindar al consumidor final de los vaivenes abruptos de los mercados energéticos globales.
He citado a la señora ministra de Minas y Energía luego de enterarme del aumento del precio de la gasolina.
Le he pedido que revierta el aumento correspondiente al mes de octubre, mientras buscamos soluciones permanentes para afrontar la subida del precio internacional del… pic.twitter.com/P0kPp8KsKu
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
El impacto directo sobre las finanzas del Estado
El núcleo del conflicto radica en la obligación gubernamental de cubrir la porción faltante entre el costo real a escala global y el valor subsidiado que pagan los ciudadanos. Los cálculos de ANIF sitúan la brecha vinculada a este mecanismo en unos COP$8.400 por galón hacia el cierre de septiembre.
Esta dinámica coloca al FEPC en una situación límite, coincidiendo con un momento en el que el margen fiscal del país es sumamente estrecho. Las proyecciones oficiales ubican el déficit total del gobierno central en un 7,2% del PIB para el año 2026, advirtiendo que podría rebasar el 9% en el próximo ejercicio fiscal si no se implementan correctivos urgentes.
Adicionalmente, la administración contempla un endeudamiento externo cercano a los COP$88 billones de cara al año 2027, cifra equivalente a unos US$26.000 millones. Ante este escenario macroeconómico, los expertos insisten en que resulta imperativo trazar una senda de normalización tarifaria progresiva.
Por su parte, el Ejecutivo ha defendido la suspensión de los incrementos al catalogarla como una medida transitoria, argumentando que se evalúan alternativas estructurales para mitigar la carestía internacional del petróleo y su repercusión en el mercado interno.
Diferencias en el tratamiento de la gasolina y el diésel
La controversia en torno al ACPM transcurre en paralelo a la marcha atrás aplicada recientemente sobre la gasolina corriente para el décimo mes del año. En su momento, el Ministerio de Minas había comunicado un ajuste al alza del 0,29%, equivalente a unos COP$46 adicionales por galón, impulsado por modificaciones en el valor reconocido a los productores de etanol.
No obstante, la decisión fue revocada de manera conjunta con la cartera de Hacienda. Para evitar el impacto en los bolsillos, el Estado decidió mantener el incentivo económico a los proveedores del biocombustible, asumiendo un costo fiscal de COP$8.300 millones durante octubre.
En cuanto al diésel, el energético permanecerá congelado durante el mismo periodo. Desde la cartera energética se justificó que esta estabilidad generaría un alivio fiscal temporal estimado en COP$15.803 millones para el décimo mes.
Un antecedente crítico en la historia económica reciente
La negativa sistemática a alinear las tarifas internas con las cotizaciones foráneas evoca episodios complejos del pasado económico nacional. Durante la administración de Iván Duque, la brecha del FEPC se ensanchó notablemente debido a la congelación de los precios locales a lo largo de 2021 y la primera mitad de 2022.
Posteriormente, con la llegada de Gustavo Petro al poder, la corrección de los precios tampoco se ejecutó de manera inmediata, dilatando las decisiones impopulares hasta bien entrada su gestión. El desequilibrio financiero alcanzó dimensiones alarmantes cuando la conjunción de cotizaciones internacionales elevadas, márgenes de refinación y la cotización del dólar golpearon fuertemente la economía.
Como consecuencia, el déficit del fondo pasó de COP$11,4 billones en 2021 a dispararse hasta los COP$36,7 billones en 2022, cifras que representaron el 1% y el 2,5% del Producto Interno Bruto respectivamente, convirtiéndose en una pesada carga para la estabilidad macroeconómica del país.
