Una ofensiva integral contra las finanzas del narcotráfico
El diplomático estadounidense en territorio mexicano, Ronald Johnson, dio a conocer una postura contundente respecto a la estrategia de seguridad de su país, señalando que los esfuerzos gubernamentales no se limitarán a capturar a los máximos jerarcas del crimen organizado. La directriz actual apunta de manera directa a desmantelar cada uno de los eslabones que permiten la subsistencia financiera y logística de estas estructuras delictivas.
Esta postura se intensificó tras las recientes medidas punitivas emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las cuales se dirigieron específicamente contra Ismael Zambada Sicairos, conocido en el ámbito criminal como el Mayito Flaco. Dicho paquete punitivo abarcó a un entramado compuesto por 21 personas y 25 entidades comerciales vinculadas directamente con el Cártel de Sinaloa.
A través de un pronunciamiento emitido en redes sociales, el diplomático detalló el alcance de la ofensiva transnacional que busca debilitar de forma permanente las capacidades operativas de las organizaciones delictivas en la región.
“Vamos contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas fachada y funcionarios corruptos: todos los que mantienen operando a estas organizaciones terroristas son un objetivo”, afirmó el embajador.
El representante diplomático subrayó que el listado que comprende casi 50 objetivos sancionados refleja la magnitud del plan de acción implementado por Washington para cercar las finanzas ilícitas del Mayito Flaco y sus operadores financieros.
Asimismo, enfatizó que la congelación de activos y las restricciones económicas buscan asfixiar la viabilidad comercial de los grupos criminales. “Los estamos golpeando donde más les duele: su dinero”, escribió Johnson en su cuenta oficial.
Las sanciones de OFAC @USTreasury contra el líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y casi 50 objetivos muestran lo que significa ir contra toda la red. No solo contra los líderes, sino también contra los traficantes, lavadores de dinero, empresas… pic.twitter.com/oqw54lrU6r
— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) September 30, 2026
Recompensas millonarias y exfuncionarios bajo la mira
Como parte de las acciones complementarias para debilitar a estas agrupaciones criminales, el funcionario recordó la vigencia de incentivos económicos sustanciales. Estados Unidos mantiene activas recompensas de hasta 5 millones de dólares a cambio de datos verídicos que faciliten la captura o sentencia judicial de operadores clave como Alfonso Arzate García, identificado como “Aquiles”; René Arzate García, conocido como “La Rana”, y Juan José Ponce Félix, alías “El Ruso”.
“Estamos dejando claro que quienes lideran estas redes, se benefician de ellas o facilitan sus operaciones no tienen dónde esconderse”, apuntó el diplomático al recalcar el alcance extraterritorial de la justicia estadounidense.
El expediente judicial y las penalidades económicas también han salpicado a diversas figuras de la política y la administración pública en México. Entre los nombres señalados por las autoridades del vecino país del norte figuran exservidores públicos como Carlos Torres, quien se desempeñó como legislador local y estuvo vinculado institucionalmente en Baja California.
La lista de acusaciones incluye además a exfuncionarios del sector aduanero y de asesoría legislativa, tales como Rafael Buenrostro Martín, así como a mandos policiales de nivel municipal, entre ellos Pedro Ariel Mendívil García, quien encabezó la corporación de seguridad en Mexicali.
Estas medidas punitivas contra la red delictiva se despliegan en un contexto complejo de señalamientos previos, donde agencias de Estados Unidos han apuntado hacia autoridades locales en Sinaloa por presuntamente otorgar protección institucional al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos sistemáticos.
Cabe recordar que las investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense han alcanzado a las altas esferas políticas regionales, formalizando cargos en contra del exgobernador Rubén Rocha Moya y a cerca de una decena de colaboradores cercanos, incluidos exalcaldes, legisladores federales, fiscales y mandos policiales de la entidad.
