Avanza en el poder legislativo el nuevo marco regulatorio sobre la propiedad industrial
Con una votación dividida que arrojó 72 votos a favor y 34 en contra, el pleno camaral dio luz verde en lo general a las modificaciones planteadas para la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y el Código Penal Federal. El dictamen, cuyo propósito central es endurecer el combate contra la piratería y salvaguardar los elementos gráficos institucionales, ha recibido en el debate público el apelativo popular de la norma punitiva contra la sátira digital.
Las nuevas disposiciones contemplan penas privativas de la libertad que van de uno a cinco años de prisión, acompañadas de sanciones económicas que alcanzan hasta las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA). Este rigor punitivo aplicará específicamente cuando se empleen de manera comercial los logotipos oficiales, portales electrónicos gubernamentales o papelería estatal con la finalidad inducir al error o engaño, buscando perpetrar alguna conducta ilícita. Pese a estas precisiones legales, sectores opositores y diversas voces del ámbito informativo han manifestado su profunda preocupación ante los posibles efectos colaterales que esta medida podría ejercer sobre el periodismo de investigación y la libre manifestación de ideas en el entorno digital.
Debate ríspido y protestas con utilería en la máxima tribuna
La sesión ordinaria se caracterizó por la intensidad de los posicionamientos políticos. Durante su intervención, la representante del Partido Acción Nacional, Lilly Téllez, exhibió un par de grilletes metálicos para recriminar el espíritu de la normativa. La legisladora aseveró que las restricciones buscan silenciar a caricaturistas, creadores de contenidos y periodistas, mientras ironizaba sobre el destino que, a su juicio, deberían tener otros actores políticos involucrados en controversias judiciales.
“Van a criminalizar la risa. Estas esposas que deberían ponerle al narcosenador Enrique Inzunza, también al narcosenador Adán Augusto López, se las van a poner a los que hagan memes, a los que hagan parodias, a los que se rían de los morenarcos”, inició la legisladora blanquiazul ante el pleno.
Asimismo, la parlamentaria aseguró que la administración federal y el bloque oficialista experimentan temor ante la opinión pública plasmada mediante el humor gráfico. “id=(Claudia) Sheinbaum (presidenta) y todos los narcomafiosos de Morena le tienen terror a la cantidad de sátira, de memes, de comedia política porque los retratan como son: los más corruptos, los más ineptos, los más mentirosos, los que se asociaron con el crimen organizado. Ustedes, bancada de mafiosos, son un meme, un chiste, el hazmerreír del mundo”, añadió durante su discurso, donde además proyectó contenidos multimedia generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
La respuesta por parte del bloque mayoritario no se hizo esperar. La senadora oficialista Margarita Valdez desestimó las acciones de su homóloga al calificar su participación como una puesta en escena carente de seriedad institucional, asegurando que la bancada continuará con su agenda legislativa pese a los reclamos.
Acusaciones de censura y control sobre los espacios digitales
La controversia escaló cuando otras fuerzas políticas se sumaron al rechazo del dictamen. Desde la tribuna, la representante de Acción Nacional, María de Jesús Díaz Marmolejo, presentó diversos ejemplos históricos y actuales de crítica humorística y caricatura política enfocada en la administración pública, argumentando que la ambigüedad del texto aprobado debilita el derecho ciudadano a la libre crítica.
Por su parte, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, alertó que la modificación legal forma parte de una estrategia gubernamental orientada a regular e intervenir en las plataformas de internet.
“En México actualmente se genera una clara disputa por el control del discurso en las redes sociales, el control de lo que se dice en el espacio digital, es decir, se busca el control de la expresión en línea”, puntualizó.
En contraparte, las bancadas oficialistas defendieron la necesidad de proteger la identidad institucional frente al uso doloso de los emblemas del Estado. El senador Gerardo Fernández Noroña desestimó las protestas de la oposición al señalar que los propios argumentos esgrimidos en contra del dictamen evidenciaban una falta de rigor político, ironizando sobre las reacciones de los detractores frente al ajuste normativo realizado en comisiones.
