Quiénes son los gemelos Vera Ayala señalados por Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa
Los nombres de Jorge Mario Vera Ayala y Jerónimo Javier Vera Ayala acaparan nuevamente la atención pública en el estado de Baja California, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos los incorporara a una reciente lista negra integrada por personas y compañías vinculadas con las estructuras financieras del Cártel de Sinaloa.
Ambos hermanos gemelos se han desenvuelto históricamente dentro del círculo empresarial que rodea a Jorge Hank Rhon, quien fungió como alcalde de Tijuana y encabeza el conglomerado Grupo Caliente. Su progenitor, Antonio Vera Palestina, se desempeñó en el pasado como jefe de seguridad del Hipódromo Agua Caliente y purgó una sentencia condenatoria por el homicidio del comunicador Héctor Félix Miranda, un suceso acontecido en el año 1988.
Trayectoria y vínculos de Jerónimo Javier Vera Ayala
Por su parte, Jerónimo Javier Vera Ayala ha impulsado diversas iniciativas comerciales en territorio tijuanense. De acuerdo con los registros de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), este individuo mantiene una sociedad de negocios con Jesús González Lomelí, señalado por el gobierno estadounidense como un operador financiero de alta relevancia para el Cártel de Sinaloa y colaborador cercano de René Arzate García, conocido como ‘La Rana’.
La dependencia norteamericana sostiene que Jerónimo Vera participa activamente en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero, aprovechando las empresas que comparte con González Lomelí. Como resultado de estas investigaciones, un total de cuatro compañías ligadas a su persona fueron blanco de las medidas punitivas de Washington: Xolo Gas de Baja California, Lthings Mexico, Codesuam y Grupo Baja Firme.
Antecedentes judiciales de Jorge Mario Vera Ayala
En el caso de su hermano, Jorge Mario, los expedientes judiciales muestran un historial diferente. En territorio mexicano se le relacionó directamente con una indagatoria por el delito de secuestro perpetrado en la demarcación de Ensenada durante 2019. Reportes periodísticos del medio ZETA documentaron la existencia de una orden de aprehensión girada en su contra, ante la cual interpuso recursos legales de amparo para evitar su captura.
Dentro de su más reciente notificación, el gobierno de Estados Unidos identificó a Jorge Mario como un intermediario fundamental para coordinar las operaciones de diversas células delictivas con presencia en Tijuana, acusándolo formalmente de blanquear capitales en beneficio del Cártel de Sinaloa, además de ubicarlo también dentro de la red corporativa de González Lomelí.
Sanciones internacionales a una red de operadores y exfuncionarios
Las acciones punitivas anunciadas por el Departamento del Tesoro afectaron a un total de 21 personas y 25 empresas vinculadas con la facción criminal de La Mayiza, la cual responde al liderazgo de Ismael Zambada Sicairos, identificado como ‘El Mayito Flaco’.
El listado oficial comprende a figuras clave que van desde gestores de recursos hasta empresarios y exservidores públicos de la región. Entre los señalados figuran los propios hermanos Vera Ayala, además de actores políticos y administrativos como Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres y Pedro Ariel Mendívil García, quien se desempeñara al frente de la Dirección de Seguridad Pública en la ciudad de Mexicali.
La implementación de estas restricciones por parte de la OFAC conlleva el congelamiento inmediato de cuentas, bienes y activos que se encuentren bajo la jurisdicción estadounidense, prohibiendo de forma tajante cualquier transacción comercial o financiera entre ciudadanos o corporaciones de ese país y los implicados.
Las autoridades norteamericanas argumentan que los negocios de la familia Vera funcionaron como plataformas para sostener la infraestructura económica del crimen organizado. No obstante, es importante señalar que estas designaciones forman parte de los procesos de investigación y sanciones económicas del gobierno extranjero, por lo que no constituyen de manera automática una sentencia penal firme emitida por los tribunales en México.
