El dilema de la legitimidad institucional
Bajo la premisa de restaurar la confianza y gestionar la transformación a fin de que las Naciones Unidas generen resultados para todos, dio inicio el debate general de la 81 Asamblea General de la organización en la ciudad de Nueva York. Este encuentro convoca a cerca de 130 líderes mundiales en un escenario marcado por profundos conflictos bélicos, tensiones geopolíticas y graves crisis humanitarias.
Este planteamiento inicial evidencia una realidad innegable: una institución que debe proponerse activamente la recuperación de la confianza pública reconoce implícitamente que esta se ha deteriorado de manera significativa. El debate sobre la vigencia de este organismo multilateral no surge de principios obsoletos, sino de un diseño de poder que permite a sus principales sostenedores bloquear su funcionamiento operativo.
Orígenes y contradicciones históricas
La organización se constituyó tras el final de la Segunda Guerra Mundial y el colapso de la Sociedad de Naciones. Teniendo como trasfondo moral el impacto del Holocausto, emergieron textos fundamentales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención contra el Genocidio, con el compromiso central de librar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra.
Ochenta años después de su fundación, si bien se ha evitado un conflicto bélico de escala mundial, los enfrentamientos armados continúan perpetuándose, muchos de ellos protagonizados o respaldados por las propias potencias poseedoras del derecho de veto. La estructura global ha servido como foro de contención entre las grandes potencias, pero ha demostrado incapacidad para frenar intervenciones unilaterales en otras naciones.
El peso del Consejo de Seguridad y la parálisis por el veto
La raíz de esta problemática posee un carácter estructural. Mientras que en la Asamblea General cada nación cuenta con un voto de idéntico valor formal, en el Consejo de Seguridad —el órgano con capacidad vinculante en asuntos de paz y seguridad— el poder real se concentra en cinco miembros permanentes vencedores del conflicto de 1945: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.
Este mecanismo de bloqueo se ha aplicado de forma recurrente. Durante los meses de junio y septiembre de 2025, Estados Unidos vetó diversas propuestas de resolución enfocadas en exigir un alto al fuego en Gaza. De manera paralela, Rusia ha bloqueado sistemáticamente las iniciativas vinculadas al conflicto en Ucrania desde el año 2022. Ante este panorama, cobra especial relevancia la propuesta impulsada por México y Francia para restringir la aplicación del veto frente a situaciones de atrocidades masivas.
Impulsada originalmente en 2015, esta iniciativa pretende que los miembros permanentes se abstengan de utilizar esta facultad ante escenarios de genocidio, crímenes de guerra a gran escala y crímenes de lesa humanidad. Durante las reuniones ministeriales recientes, el Reino Unido se adhirió formalmente como el segundo miembro permanente en respaldar esta medida, la cual establece un compromiso político y de carácter voluntario que busca visibilizar e inhibir el bloqueo sistemático.
Financiamiento y tensiones presupuestarias
Sin embargo, el derecho de veto no constituye el único obstáculo operativo. A principios de año, la administración estadounidense firmó un memorando para retirarse de 66 organizaciones internacionales, incluyendo 31 entidades dependientes del sistema de la ONU. Asimismo, el país norteamericano ha llegado a acumular más del 95 por ciento de los retrasos en las aportaciones al presupuesto ordinario de la institución. Aunque recientemente se efectuó un desembolso de 725 millones de dólares, los adeudos pendientes superan los mil 300 millones de dólares.
Esta dinámica financiera expone una regla no escrita: quien aporta los recursos económicos detiene el poder de decisión, y quien suspende los pagos genera una crisis operativa. La organización carece de un aparato de coerción propio y depende estrictamente de la voluntad política de sus Estados miembros.
Sucesión de liderazgos y discursos encontrados
A estas dificultades se añade la transición en la cúpula directiva, con la conclusión del mandato de António Guterres en diciembre y la retirada de Michelle Bachelet tras obtener una posición desfavorable en las consultas del Consejo de Seguridad, lo que refleja las reticencias que generan los perfiles independientes entre los tomadores de decisiones.
Las tensiones también se manifiestan en la propia tribuna del organismo. Desde este espacio, se han emitido advertencias directas contra Estados soberanos y se han señalado problemáticas regionales sin asumir plenamente la corresponsabilidad en fenómenos transnacionales como el consumo de sustancias ilícitas y el tráfico ilegal de armas.
La contradicción persiste entre exigir el cumplimiento del marco internacional y reservarse la facultad de operar bajo reglas propias. La organización se mantiene como el foro político universal por excelencia, pero su continuidad y autoridad requieren una profunda revisión de sus mecanismos de poder financiero y político para que la confianza institucional trascienda la retórica de los discursos oficiales.
