La inminente implementación del nuevo marco pensional en el país provocará una contracción significativa en el capital que reciben las administradoras de fondos de pensiones, alterando de manera profunda su capacidad operativa y sus estrategias de colocación bursátil. Un análisis elaborado por la Dirección de Investigaciones Económicas de Bancolombia advierte que las entradas de dinero gestionadas por estas entidades experimentarán un retroceso histórico a partir del cuarto mes de 2027.
Una drástica contracción en las cotizaciones individuales
El esquema tradicional, donde la totalidad de la cotización obligatoria del 16% sobre el salario del trabajador se dirigía a la capitalización privada, quedará modificado. Bajo las nuevas reglas derivadas de la Ley 2381 de 2024 y su posterior revisión constitucional, los aportes se seccionarán según los niveles de remuneración.
Para los sueldos que no rebasen los 2,3 salarios mínimos, un porcentaje del 13% irá directamente al sistema público gestionado por Colpensiones. El excedente por encima de ese umbral mantendrá su ruta hacia el ahorro individual. No obstante, el incremento del salario básico ha provocado que un sector más amplio de la población quede cobijado bajo el primer grupo, potenciando la transferencia de recursos hacia el Estado.
Miles de millones menos para la gestión privada
Las proyecciones económicas señalan que, desde la entrada en vigor del sistema en abril de 2027, las entidades privadas dejarán de percibir más de COP$30,5 billones correspondientes a los tramos iniciales de cotización. La caída proyectada en los aportes alcanza el 42% para el cierre de 2027, pasando de un escenario potencial de COP$56,2 billones a tan solo COP$32,5 billones.
La situación se tornará aún más restrictiva para el ejercicio de 2028, periodo en el cual el volumen de aportes sin restricciones alcanzaría los COP$62 billones, pero con el tope normativo se contraerá hasta los COP$26,3 billones. Esto representa una merma de COP$35,7 billones, equivalente a un desplome del 58% en los ingresos por este concepto.
Consecuencias directas sobre el mercado financiero y bursátil
La menor liquidez disponible en las carteras de las administradoras repercutirá de forma directa en el mercado de capitales local. De acuerdo con el estudio, la reducción en los flujos mermará la disponibilidad de recursos destinados a la adquisición de activos financieros, afectando la valorización y la profundidad del mercado de valores.
Se calcula que los flujos mensuales destinados a la compra de renta variable local y Títulos de Tesorería experimentarán una reducción del 50% en 2027, profundizándose hasta una caída del 70% en los ejercicios posteriores. A esto se suma el desafío operativo que implicará la liquidación progresiva de cuentas individuales al momento en que los cotizantes alcancen el estatus de jubilación.
El rol amortiguador del Fondo de Ahorro
Un factor determinante para mitigar esta crisis de liquidez será el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, cuya administración recaerá en el Banco de la República. El documento financiero proyecta que una proporción de los recursos captados por Colpensiones será canalizada hacia este fondo, cuyo mandato de inversión podría reintroducir dichos capitales en el mercado financiero.
Para 2027, se anticipa una recepción de cotizaciones hacia la entidad pública por el orden de COP$46,2 billones, de los cuales se estima un flujo hacia el fondo de ahorro de COP$10 billones, con una desacumulación máxima calculada en COP$36,3 billones.
En paralelo, la estructura de comisiones que perciben las entidades privadas sufrirá modificaciones sustanciales. Aunque en el corto plazo se vislumbra un alivio derivado de las tarifas asociadas a los activos bajo administración, la desaparición progresiva de la comisión basada en los flujos de cotización obligará a repensar los modelos de negocio del sector.
Cronograma y definiciones pendientes
El marco normativo principal fue avalado por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-264/26, que ratificó abril de 2027 como la fecha oficial de arranque. Sin embargo, el alto tribunal devolvió cerca de una docena de artículos al poder legislativo para subsanar vicios de trámite.
La Cámara de Representantes dispondrá de un margen de 30 días para debatir nuevamente dichas disposiciones. De no cumplirse este plazo, los artículos quedarán excluidos de la legislación, aunque se mantiene la certeza de que el grueso de la reforma seguirá su curso tal y como fue dictaminado por la máxima instancia judicial.
