La iniciativa planteada por el Gobierno Federal para disminuir en 12 por ciento los cobros asociados a la utilización y aprovechamiento del espectro radioeléctrico rumbo a 2027 generará un desahogo financiero estimado en 2 mil 250 millones de pesos cada año para las compañías del sector, recursos que podrían destinarse a mejorar la conectividad y acelerar la expansión de tecnologías de quinta generación.
Para entender su magnitud, esta infraestructura funciona como una red de autopistas invisibles en el firmamento mediante la cual circulan los datos que posibilitan las comunicaciones móviles sin requerir conexiones físicas.
Impacto diferenciado y nuevas reglas de cobertura
Estimaciones de Radamés Camargo, especialista de la consultora The CIU, apuntan a que Telcel concentraría la mayor parte de este beneficio con un decremento fiscal cercano a los mil 240 millones de pesos anuales, mientras que AT&T México recortaría sus obligaciones tributarias por este concepto en aproximadamente mil millones de pesos.
“El ajuste contempla bandas relevantes para los servicios móviles, entre ellas 800/850 MHz, AWS, PCS, 2.5 GHz y 3.5 GHz. Con ello, el gobierno plantea modificar una estructura de derechos que durante años ha sido señalada por la industria como un obstáculo para elevar la inversión en redes”, explicó el analista.
Adicionalmente, el modelo incorpora una modalidad inédita de administración al permitir que una fracción de los pagos exigidos pueda solventarse a cambio de asumir compromisos concretos para dotar de señal a regiones desatendidas, tramos carreteros y caminos rurales.
Desde la perspectiva de la Asociación Global de Ecosistema Móvil (GSMA), este esquema se perfila como un estímulo idóneo para detonar el despliegue físico de antenas y torres, un fenómeno similar al observado en Brasil durante su licitación 5G, donde más de 90 por ciento del valor de las contraprestaciones se canalizó a metas de conectividad social.
“El costo del espectro ha impactado los niveles de inversión y el despliegue de redes en México. Las medidas propuestas, sumadas al no incremento en las cuotas desde 2022, representan una señal de cambio de rumbo”, señaló la GSMA que encabeza Lucas Gallito.
Persisten retos frente a los estándares internacionales
A pesar del alivio financiero, diversos expertos advierten que la disminución proyectada resulta insuficiente para cerrar la brecha competitiva que padece el mercado nacional frente a otras naciones. Un diagnóstico elaborado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) revela que las tarifas locales continúan ubicándose 27 por ciento arriba de la referencia global.
“La diferencia es mayor en algunas de las frecuencias consideradas estratégicas para la evolución de las redes móviles. AWS y PCS presentan un sobreprecio cercano a 93 por ciento frente a la mediana internacional, mientras que la banda de 2.5 GHz se ubica 83 por ciento arriba y 3.5 GHz alrededor de 24 por ciento. En promedio, el costo del espectro en México continúa siendo 27 por ciento superior al benchmark internacional, sin considerar la reducción propuesta”, puntualizó Radamés Camargo.
Ante este escenario, los especialistas consideran indispensable que el Poder Legislativo analice modificaciones adicionales para aquellas bandas que todavía resguardan sobrecostos elevados, buscando equiparar las condiciones del mercado mexicano con los parámetros mundiales.
Por su parte, la GSMA calificó la propuesta como un paso positivo, aunque admitió que existen áreas de oportunidad que dependerán directamente de la discusión parlamentaria, las reglas secundarias de aplicación y la estructuración de las futuras subastas de frecuencias.
“Aunque la disciplina fiscal impidió una propuesta que eliminara por completo las diferencias con los costos internacionales, el proceso legislativo por delante, el diseño de las próximas licitaciones, la implementación de los futuros descuentos y el diálogo constante entre las autoridades y la industria serán clave para consolidar el alcance de la reforma”, sostuvo.
Finalmente, los analistas coinciden en que esta estrategia gubernamental comienza a transformar la visión tradicional del espectro, dejándolo de percibir únicamente como un mecanismo recaudatorio para convertirlo en un instrumento estratégico capaz de detonar el capital privado y universalizar el acceso a las telecomunicaciones.
“La discusión de 2027 definirá si esa nueva orientación se traduce en menores costos efectivos para los operadores y en mayor despliegue de infraestructura”, concluyó Camargo.
