Denuncian presunta red de triangulación financiera en Nuevo León
El escenario político en el estado de Nuevo León ha dado un giro tenso después de que el partido Movimiento Regeneración Nacional decidiera abrir un nuevo frente legal en contra del gobernador Samuel García Sepúlveda. La dirigencia del instituto político acudió formalmente ante las instancias de procuración de justicia para interponer una querella por un probable esquema de desvío de recursos que alcanzaría los mil 400 millones de pesos a través de operaciones financieras simuladas.
La acción legal no recae únicamente sobre el mandatario estatal, sino que extiende sus indagatorias hacia su círculo más cercano y familiar. Entre las personas señaladas en el documento oficial se encuentran su esposa, Mariana Rodríguez Cantú; su padre, Samuel Orlando García Mascorro; su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal; así como el secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y un primo de este último, identificado como Éric Peñalver Serna.
La presentación formal de la denuncia estuvo a cargo de figuras clave de la estructura partidista, como el senador Alejandro Murat Hinojosa, quien funge como delegado del partido en la entidad, y René González Hernández, secretario general del instituto político a nivel estatal. Ambos funcionarios solicitaron a las autoridades ministeriales indagar la posible comisión de delitos graves como enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Exigen intervención de instancias federales y bancarias
Durante la conferencia y presentación de los documentos legales, los representantes partidistas detallaron que el modus operandi consistiría en el flujo de dinero desde las arcas estatales hacia diversos proveedores oficiales, los cuales posteriormente transferían los montos hacia un despacho de carácter jurídico y fiscal vinculado directamente con los parientes del titular del Poder Ejecutivo local.
Ante la magnitud de las sumas involucradas, los demandantes insistieron en que se requiere un desglose minucioso de cada movimiento financiero realizado por los involucrados. “La investigación debe permitir conocer toda la cadena de los recursos, por lo tanto, solicitamos que se dé vista a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera para que en el ámbito de sus atribuciones, analicen el origen, movimientos destinos y trazabilidad de los asimismo, solicitamos la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que se obtenga instituciones del sistema financiero, la información correspondiente a las cuentas y movimientos en las personas y empresas involucradas”, informó René González, Secretario General de Morena en Nuevo León.
En unidad, acompañamos al senador @alejandromurat y a René González Hernández. Como coordinadora de las y los diputados federales de @PartidoMorenaMx en Nuevo León, seguiremos fortaleciendo la transformación. El pueblo es nuestra causa y la unidad, nuestra fuerza. pic.twitter.com/6cVYsXLY7T
— Adriana Quiroz (@Adrianacdt24) September 21, 2026
Por su parte, Alejandro Murat enfatizó que existen elementos surgidos de procesos previos que respaldan las sospechas sobre el manejo irregular del presupuesto público en la administración estatal. “La respuesta, ésta es la parte más relevante, esa que se ha dado en el Juicio Político donde se reconoce el pago del Gobierno a proveedores y proveedores al despacho, propiedad del gobernador y de sus familiares”, señaló Alejandro Murat.
Antecedentes de las acusaciones contra la administración estatal
Esta ofensiva jurídica no representa un hecho aislado en la relación ríspida entre la administración nuevoleonesa y las fuerzas políticas opositoras. Desde los primeros meses del año, concretamente en mayo pasado, la dirigencia nacional y estatal ya había emprendido acciones ante la Fiscalía General de la República para que se indagaran presuntas anomalías administrativas similares, insistiendo en que el manejo de los fondos públicos debe someterse a una revisión fiscal rigurosa.
Con esta nueva querella formalizada ante la fiscalía especializada anticorrupción, los demandantes buscan que se finquen responsabilidades penales y se esclarezca el destino final de los recursos públicos, mientras la administración estatal enfrenta un periodo de fuerte presión política y escrutinio financiero por parte de los órganos de fiscalización federales y locales.
