Fiscalía general investiga red de falsas demandas laborales diseñadas para extorsionar a grandes corporativos
La Fiscalía General de la República se encuentra encabezando una indagatoria de amplio alcance sobre un sofisticado esquema de fraudes procesales enfocado en vulnerar financieramente a compañías de renombre, entre las cuales figura de manera destacada el corporativo Grupo Herdez. Las pesquisas se centran en el uso de litigios de carácter laboral sustentados en supuestos vínculos que jamás existieron en la realidad jurídica y operativa.
El objetivo central de las autoridades ministeriales consiste en esclarecer si detrás de estas acciones legales se esconde una estructura delictiva perfectamente sincronizada. Esta red habría utilizado el sistema de demandas laborales como un instrumento sistemático de presión y extorsión contra el sector empresarial, buscando fincar responsabilidades penales contra todos los autores intelectuales y materiales involucrados en la planeación y ejecución de dichos ilícitos.
Revelan detalles de la red de corrupción procesal
Uno de los expedientes que conforman esta indagatoria se remonta al año 2007, cuando los hechos comenzaron a radicar en la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Debido a la gravedad y magnitud del modus operandi, el caso fue atraído por la instancia federal, integrando a la carpeta testimonios clave que exponen las entrañas de esta estructura de corrupción.
Entre los documentos ministeriales destaca la declaración de Irene León Escamilla, quien aportó datos contundentes ante el Ministerio Público al señalar que los procedimientos judiciales eran tramitados desde el despacho jurídico perteneciente a un abogado identificado como Humberto Cavazos Chena. De acuerdo con su testimonio, las querellas se presentaban simulando conflictos obrero-patronales completamente ficticios.
La metodología consistía en inflar de manera artificial los montos de las indemnizaciones y los conceptos por supuestas violaciones a los derechos de los trabajadores, con la única finalidad de intimidar a los corporativos para forzarlos a ceder y concretar acuerdos económicos ventajosos.
“Estábamos demandando de manera fraudulenta a empresas públicas”, declaró León Escamilla quien dijo que confirmó un caso de un hombre que nunca laboró en la empresa.
Asimismo, la testigo reconoció haber constatado irregularidades específicas, tales como el caso de Alfredo Jorge Colín Huerta, cuyo nombre aparecía dentro de los listados de demandantes a pesar de no haber mantenido ningún tipo de relación laboral con las personas morales afectadas por el litigio.
Intentos de embargo y posibles delitos federales
Las diligencias ministeriales también documentan acciones agresivas orientadas a conseguir el embargo de cuentas de Grupo Herdez, una medida de presión que se activaba de manera coercitiva tras la negativa de la compañía a ceder ante las exorbitantes exigencias económicas planteadas en los tribunales.
“Salí del lugar y me fue ordenado se realizaran las gestiones para en ese momento embargar las cuentas del grupo”, refiere la declaración.
Con el avance de las indagatorias, la autoridad ministerial federal tendrá la responsabilidad de determinar si los hallazgos configuran de manera oficial delitos graves, tales como la utilización de documentos apócrifos y la integración dolosa de información falsa en el desarrollo de procedimientos judiciales.
