Senadora del PRI encara en la tribuna a Enrique Inzunza por sus supuestos nexos criminales

Un enfrentamiento directo en la máxima tribuna del país

El pleno del Senado de la República fue escenario de un ríspido cruce de declaraciones cuando la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paloma Sánchez, confrontó de manera directa a su homólogo Enrique Inzunza. Durante su intervención, la representante priista cuestionó severamente la permanencia del político en la Cámara Alta, a pesar de los graves señalamientos que lo vinculan con actividades delictivas en el estado de Sinaloa y con el Cártel de Sinaloa.

Desde la tribuna parlamentaria, la congresista lanzó fuertes acusaciones sobre el manejo de las instituciones públicas a nivel estatal y recriminó que figuras señaladas mantengan fuero constitucional. “Le entregaron a los criminales la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Finanzas, la Fiscalía y también le entregaron la Secretaría de Gobierno, porque hoy en el Senado de la República está sentado quien llevaba todos los acuerdos con el crimen organizado”, aseveró la legisladora durante su discurso.

Asimismo, la integrante del PRI rechazó los argumentos esgrimidos por el legislador aludido, quien ha calificado las indagatorias en su contra como una persecución política. En este sentido, enfatizó que los actores políticos implicados en escándalos de esta magnitud “no pueden ser víctimas”, reservando dicha condición exclusivamente para los ciudadanos que padecen las consecuencias de los enfrentamientos entre las facciones criminales en el territorio nacional.

Tensión en los escaños y rechazo de documentos

Una vez concluida su participación desde la tribuna principal, la situación escaló cuando Paloma Sánchez se dirigió físicamente hacia el escaño asignado a Enrique Inzunza. En ese lugar, la senadora depositó varias carpetas que contenían expedientes detallados sobre casos de personas desaparecidas, homicidios y otros delitos de alto impacto registrados en Sinaloa.

Durante ese breve intercambio frente a su lugar, el senador interpelado le expresó: “Yo te he tratado con respeto, ¿eh?”. Ante esto, la representante priista replicó de inmediato: “No diga que le falto al respeto porque jamás se lo he faltado”. La escena subió de tono cuando el senador de Morena y dirigente sindical, Alfonso Cepeda, intervino para apartar una de las carpetas rotuladas con la leyenda de desaparecidos, terminando por arrojarla al suelo ante la evidente molestia por la presencia de dichos documentos en el área legislativa.

Los señalamientos de las autoridades de Estados Unidos

Las indagatorias y acusaciones en contra de Enrique Inzunza no se limitan al ámbito de la discusión política nacional, sino que provienen de agencias internacionales. Las autoridades de Estados Unidos han señalado al legislador mexicano por sus presuntos vínculos con Los Chapitos, una de las facciones más prominentes del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con los expedientes y reportes difundidos previamente, el político habría sostenido encuentros con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, identificados como hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. En dichas reuniones presuntamente se concretaron planes específicos orientados a garantizar el respaldo operativo y la protección institucional por parte del aparato gubernamental estatal.

Los documentos oficiales señalan que el propio Inzunza, junto con el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz, habrían funcionado como los principales puentes de comunicación entre la mencionada facción delictiva y la administración del entonces gobernador Rubén Rocha Moya. Los informes detallan que actuaron como enlaces para transmitir mensajes relacionados con el apoyo político y financiero de Los Chapitos a Rocha Moya a cambio de la protección de su administración a Los Chapitos.

Ante la presión generada por las investigaciones que conduce la Fiscalía General de la República (FGR) y su negativa inicial a solicitar una licencia formal al cargo, el senador optó por separarse de la bancada de Morena en el Senado. Con esta dimisión temporal al grupo parlamentario, el político buscó evitar que su situación legal y política continuara generando costos de imagen para el movimiento oficialista.

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