La estrategia de los programas sociales en Mexico y su impacto politico y emocional
Los programas de asistencia social implementados por el actual movimiento político en México representan mucho más que una simple dispersión de recursos económicos; configuran una expectativa de futuro arraigada en el imaginario colectivo de millones de beneficiarios. Estos apoyos económicos, recibidos de manera constante mes con mes, generan una dinámica de certidumbre a corto y mediano plazo, a pesar de los cuestionamientos técnicos sobre su viabilidad financiera futura. Más allá de su función redistributiva, estas acciones operan como un poderoso mecanismo de empoderamiento político y cohesión social.
La política convertida en un vínculo afectivo
Durante su segundo informe de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum formuló una declaración que sintetiza la filosofía de su administración al señalar que “una de las mayores transformaciones de nuestro tiempo” consistió en “haber convertido el amor en política pública y la política pública en derechos que le pertenecen al pueblo de México”. Esta formulación discursiva posee un profundo trasfondo político, especialmente a pocos meses de procesos electorales determinantes para refrendar la mayoría legislativa y la hegemonía territorial.
Mediante este mensaje, la mandataria busca asegurar que el cordón umbilical de asistencia financiera establecido desde 2018 permanezca incólume ante cualquier contingencia económica o debate sobre la realidad nacional. La promesa gubernamental se plantea bajo la lógica de un compromiso afectivo de largo plazo, donde el flujo constante de recursos económicos sella una alianza inquebrantable entre la ciudadanía y el Estado.
El contexto histórico de la marginación
Para comprender la profundidad de este fenómeno, es necesario mirar hacia las décadas pasadas. Tras el fracaso de los movimientos armados de los años setenta y la prolongada marginación política vivida durante los sexenios del siglo pasado, los sectores populares y empobrecidos buscaron establecer una relación con el poder que trascendiera la simple sumisión electoral. Las administraciones del pasado, tanto del Partido Revolucionario Institucional como de Acción Nacional, implementaron esquemas condicionados de corresponsabilidad bajo la premisa de que los sectores vulnerables debían evitar la quiebra del Estado.
Sin embargo, las élites políticas y económicas tradicionales pasaron por alto un factor determinante: el profundo hartazgo social generado por la discriminación sistemática y la indiferencia institucional. Durante décadas, las clases populares fueron tratadas como cifras en hojas de cálculo o meras escenografías para las campañas electorales, sin acceso real al presupuesto público ni a un reconocimiento efectivo como actores fundamentales de la sociedad.
La evolución de la relación entre gobierno y sociedad
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el principio de que “el amor con amor se paga” redefinió los términos de la interlocución política. A través de la entrega directa de recursos y una presencia territorial permanente por parte de brigadistas y funcionarios, se construyó un canal de comunicación directo que ignoró a los intermediarios tradicionales. Si bien esta estrategia fue criticada por diversos sectores, consolidó una red de apoyo mutuo real entre el gobierno federal y las bases populares.
Ante los desafíos económicos globales y las presiones externas procedentes de Washington, la administración actual busca revitalizar y expandir este vínculo. La propuesta gubernamental trasciende los debates técnicos de la opinión pública, apostando por una relación de largo plazo basada en transferencias económicas que reafirman una nueva identidad entre gobernantes y gobernados.
Conciencia política y materialidad democrática
Calificar a los beneficiarios de estos programas como actores pasivos o carentes de conciencia política implica ignorar la realidad de las comunidades marginadas. Desde hace décadas, la ciudadanía comprendió que el ejercicio de la democracia también se vincula con la obtención de beneficios tangibles, como infraestructura comunitaria, caminos, escuelas y apoyos económicos directos.
La premisa de haber institucionalizado el afecto como derecho va más allá de la retórica oficial; para amplios sectores de la población representa la erradicación parcial de la precariedad y la garantía de que su relación con las instituciones públicas se basa en el reconocimiento constante de sus demandas históricas.
