Alcaldes y empresarios de Nuevo León exigen a Sheinbaum intervenir ante la crisis política y financiera
Un bloque conformado por autoridades municipales, legisladores locales y representantes del sector empresarial en el norte del país formalizó una solicitud directa dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum. En el documento, los firmantes demandan una intervención institucional urgente frente a lo que calificaron como una profunda crisis de gobernabilidad bajo la administración del gobernador Samuel García.
La misiva cuenta con el respaldo de diversas figuras políticas y gobiernos locales, entre los que destacan Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, así como los administradores de demarcaciones como Santa Catarina, San Nicolás, Santiago, Sabinas Hidalgo, Galeana, Anáhuac y Allende. Asimismo, el pliego petitorio sumó el apoyo del Congreso del estado, las dirigencias estatales de partidos políticos y expresiones nacionales como el PRI y el PRD.
Un estado calificado como fallido y asfixiado por conflictos
El núcleo de la denuncia se resume en la frase contundente expresada en el texto oficial: “Nuevo León no aguanta más”. Los signatarios argumentan que la entidad atraviesa por un escenario de confrontación política permanente, ausencia de resultados gubernamentales y un clima de inseguridad que afecta directamente el desarrollo económico de la región.
De acuerdo con la exposición presentada ante el Ejecutivo federal, la administración estatal ha implementado mecanismos de persecución contra actores políticos o sociales con posturas divergentes, además de incurrir en un presunto “secuestro de recursos” que paraliza el funcionamiento de las instituciones públicas locales.
En el ámbito económico, el sector privado denunció ser víctima de presiones sistemáticas por parte de dependencias gubernamentales mediante esquemas de aportaciones obligatorias, situación que los liderazgos calificaron tajantemente como un “cobro de piso oficial”.
A esto se suma una parálisis presupuestal prolongada, pues la entidad acumula cuatro años sin un presupuesto aprobado debido a la falta de acuerdos políticos, una problemática que, según los denunciantes, ha derivado en el quebranto financiero y el saqueo sistemático de diversos organismos del estado.
Las demandas específicas enviadas a la federación
Ante este panorama, los alcaldes y empresarios aclararon que no buscan resoluciones precipitadas, sino que las instancias de procuración de justicia y fiscalización actúen con estricto apego a la legalidad. Específicamente, solicitaron la intervención de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción para esclarecer las irregularidades señaladas.
El pronunciamiento subraya que las exigencias del sector productivo y social se centran en el equilibrio y la certidumbre jurídica. Al respecto, el alcalde de Monterrey plasmó en el documento la postura del bloque opositor al mandatario estatal mediante la siguiente declaración:
“Queremos inversión, pero con seguridad. Queremos infraestructura, pero con planeación y cuentas claras. Queremos crecimiento, pero con legalidad y certeza”, enfatizó el edil.
Llamado al Ejecutivo federal para restaurar la legalidad
Los firmantes reiteraron que su exigencia se realiza bajo un marco de respeto institucional, pero insistieron en que la situación económica y de seguridad reasa las capacidades de contención local. Por ello, insistieron en que la presencia y actuación del gobierno federal son indispensables para restablecer el orden administrativo en el territorio nuevoleonés.
Hacia el cierre del documento entregado a la presidencia, los actores políticos y económicos enfatizaron la gravedad de la coyuntura y manifestaron su plena disposición para cooperar con las investigaciones federales que permitan esclarecer el destino de los fondos públicos:
“Presidenta: Nuevo León necesita su intervención institucional. Nadie debe estar por encima de la ley. Los firmantes tenemos las pruebas y estamos en toda la disposición de colaborar con las autoridades federales para que se investigue y sancione. Solo así se podrá restituir el dinero que corresponde a la gente de Nuevo León y recuperar la gobernabilidad para nuestro estado”, concluye la carta.
