Los anuncios del presidente Javier Milei sobre endurecer las sanciones contra las compañías involucradas directa o indirectamente en la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas tuvieron este viernes una primera reacción en el mercado.
Las acciones de Rockhopper Exploration, socia del proyecto Sea Lion y cotizante en Londres, caían 6,5% durante las primeras horas de negociación del viernes. A las 9:33 de Londres, cuando la compañía difundió una comunicación al mercado en respuesta a los anuncios argentinos, el papel cotizaba con una baja de 6,28%.
La reacción se produjo después de que Milei anunciara el jueves por la noche una batería de medidas destinadas a aumentar la presión económica sobre las empresas que participan de proyectos de explotación de recursos naturales en las islas.
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Durante la cadena nacional dedicada a la cuestión Malvinas, el Presidente anunció la firma de un decreto para acelerar los procedimientos sancionatorios previstos en la Ley 26.659. Según explicó, el Gobierno también fortalecerá los mecanismos de detección e intercambio de información para facilitar la aplicación de sanciones contra las compañías involucradas, así como contra “sus accionistas, directores y proveedores”.
“Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina”, afirmó Milei.
Además, enviará al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones previstas en la legislación vigente. De acuerdo con lo anticipado por el Presidente, los proveedores de esos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las compañías con las que colaboren y los infractores no podrán contratar en territorio argentino, tanto con el sector público como con el privado.
Qué respondieron Rockhopper y Navitas
Horas después del anuncio presidencial llegó la respuesta de las compañías que desarrollan Sea Lion.
Rockhopper publicó este viernes en Londres un anuncio (RNS, Regulatory News Service) titulado Sea Lion Operator Update following Media Reports, en el que reprodujo la comunicación realizada por Navitas Petroleum, operadora del proyecto y su socia en el desarrollo.
Navitas hizo referencia explícita al discurso pronunciado durante la noche por Milei y sostuvo que la sociedad opera bajo licencias petroleras que considera válidamente otorgadas por el Gobierno de las Islas Malvinas y con el respaldo del Gobierno británico.
Las compañías buscaron, además, llevar tranquilidad a sus inversores. “La sociedad considera que no se espera que los acontecimientos recientes tengan un efecto material”, señaló la comunicación.
Es decir, Navitas sostuvo que no habría cambios en el desarrollo de Sea Lion, incluido el cronograma previsto para completar el proyecto.
Rockhopper posee una participación del 35% en Sea Lion, mientras que Navitas controla el 65% y actúa como operador. El proyecto alcanzó su decisión final de inversión en diciembre de 2025 y las compañías avanzan actualmente con su desarrollo.
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Según la última actualización oficial de Rockhopper, los trabajos en las islas ya comenzaron, inicialmente concentrados en la preparación del muelle y la base terrestre. La fabricación de equipos de largo plazo para la primera fase también está en marcha y la perforación está prevista para comenzar a principios de 2027. La compañía mantiene como objetivo alcanzar el primer petróleo durante el primer semestre de 2028.
Las dudas que abre el anuncio de Milei
La ampliación de las sanciones anunciada por Milei ya abrió además algunos interrogantes entre analistas y empresas que participan en desarrollos de hidrocarburos, que igualmente esperan la letra chica del decreto anunciado.
Una de ellas es el alcance que tendrá el concepto de “proveedores” y “accionistas”. Un proyecto offshore de la escala de Sea Lion involucra una extensa cadena de contratistas y servicios, desde infraestructura y equipos hasta servicios petroleros, logística y otras prestaciones.
Es relevante para el sector energético argentino, donde participan numerosas compañías globales de servicios, ingeniería, infraestructura y financiamiento.
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La advertencia hacia terceros vinculados con Sea Lion, de todos modos, no comenzó con el discurso del jueves.
En diciembre de 2025, cuando Rockhopper y Navitas anunciaron la decisión final de inversión del proyecto, la Cancillería argentina ya había advertido oficialmente a personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, incluyendo empresas, instituciones financieras, proveedores de servicios, aseguradoras y otros participantes, que cualquier participación directa o indirecta en actividades de exploración o explotación de hidrocarburos no autorizadas por Argentina podría dar lugar a acciones del Estado.
De hecho, Rockhopper y Navitas ya estaban sancionadas. Según recordó oficialmente Cancillería en diciembre pasado, Rockhopper Exploration fue declarada clandestina y sus actividades consideradas ilegales mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Posteriormente fue inhabilitada para operar en Argentina durante 20 años mediante la Resolución 456/2013.
Navitas Petroleum recibió sanciones equivalentes en 2022, mediante la Resolución 240 de la Secretaría de Energía, por realizar actividades hidrocarburíferas sin autorización de las autoridades argentinas.
La propia Cancillería informó que ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países vinculados con distintos proyectos en las islas.
