Duda diputado de Michoacán sobre la entrega de teléfonos de Carlos Manzo a la fiscalía

La controversia en torno al manejo de las indagatorias sobre el homicidio del exalcalde de Uruapan sigue generando tensiones políticas y dudas entre los representantes del partido. Recientemente, Carlos Bautista Tafolla, legislador del Movimiento del Sombrero en Michoacán, alzó la voz para cuestionar la exigencia emitida por las instituciones de procuración de justicia hacia la actual presidenta municipal, Grecia Quiroz, para que entregue los dispositivos móviles que pertenecían al difunto funcionario.

Durante una intervención mediática en el espacio de la periodista Azucena Uresti, el diputado expresó su desconfianza ante el requerimiento de los equipos telefónicos, argumentando que ha pasado demasiado tiempo desde el trágico suceso como para solicitar esta evidencia sin levantar suspicacias sobre la integridad del proceso.

Las dudas sobre la manipulación de pruebas y la desconfianza institucional

Para Bautista Tafolla, la petición formal de la fiscalía estatal resulta por demás tardía y abre la puerta a posibles actos de fabricación de culpables o alteración de datos digitales. El legislador expuso abiertamente su recelo hacia las instancias locales encargadas de esclarecer el crimen.

“Desde el día uno entregamos los celulares. Pero, ¿por qué 10 meses después, qué nos asegura que no le quieren sembrar algo, para destruir el movimiento, en su celular? Si tú me dijeras, ‘oye pues lo va a recibir Omar García Harfuch’, que es una persona en la que yo confío, yo le diría adelante”, apuntó Bautista en una entrevista con Azucena Uresti.

El representante popular insistió en que los aparatos telefónicos representan un ámbito estrictamente personal del político fallecido, por lo que cederlos bajo las condiciones actuales pone en riesgo la estabilidad del movimiento político independiente al que pertenecía.

“Creo que el teléfono celular es algo muy personal de Carlos (Manzo) y esto al momento de darlo se puede prestar a que le siembren cosas, a que traten de destruir”, añadió Bautista Tafolla en la entrevista.

El contexto del asesinato y la disputa legal

Los hechos se remonta al 1 de noviembre de 2025, fecha en la que Carlos Manzo, quien era alcalde de Uruapan, fue asesinado en medio de un evento público a causa de un ataque directo. Tras el magnicidio, su esposa, Grecia Quiroz, asumió el cargo como su sucesora política dentro de las filas del Movimiento del Sombrero.

Fue el pasado 28 de agosto cuando trascendió públicamente la notificación formal de la Fiscalía de Michoacán dirigida a Quiroz, exigiéndole la entrega inmediata de los teléfonos celulares para profundizar en las líneas de indagatoria. La respuesta de la alcaldesa no se hizo esperar, pues manifestó públicamente que estas acciones forman parte de una estrategia para removerla del cargo, denunciando supuestas intenciones de fabricar cargos en su contra.

Por su parte, la postura de la familia del exalcalde mantiene una óptica distinta. Juan Manzo, hermano del exalcalde, apuntó que en los teléfonos hay evidencia crucial sobre las intimidaciones que el edil recibió por parte de organizaciones criminales antes del atentado, reprochando la negativa inicial de la actual administración municipal para colaborar plenamente con los peritos.

Condiciones de entrega y posturas encontradas

A pesar de las acusaciones y de la presión ejercida por diversos sectores, la alcaldesa de Uruapan ha defendido que nunca se ha negado rotundamente a cooperar, sino que ha fijado estrictas medidas de seguridad para evitar que las evidencias sean alteradas. Entre sus peticiones destaca la exigencia de estar presente durante el análisis técnico de los equipos para garantizar la transparencia del procedimiento.

“No es un tema de que yo esté negada a que tengan la información, ustedes saben cómo se manejan las fiscalías y yo se lo dije al fiscal en su momento, que el celular ahí estaba, pero que en mi presencia yo permitía que viera lo que quisiera, en mi presencia, y lo sigo reiterando”, declaró Quiroz en meses anteriores, reiterando que entregar el dispositivo implica el riesgo de que se le quite o le pongan algo, situación en la cual se niega rotundamente a participar.

Mientras tanto, las posturas dentro del gobierno local, la fiscalía y los allegados a la víctima continúan confrontadas, marcadas por un clima de profunda desconfianza institucional que complica el avance transparente de las pesquisas en el estado.