Obligaciones financieras de las entidades promotoras de salud en colombia escalan hasta los 58 billones de pesos
El panorama financiero del sistema de salud en colombia atraviesa por un momento crítico. Al finalizar el año 2025, el acumulado de pasivos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) mantienen con clínicas, hospitales y laboratorios farmacéuticos trepó hasta la alarmante cifra de COP$58 billones, de acuerdo con los hallazgos de una reciente auditoría elaborada por la Contraloría General de la República y difundida a través de medios nacionales.
Esta cifra representa un incremento significativo del 26,5% en comparación con el periodo precedente, lo que se traduce en un agravamiento de más de COP$12 billones adicionales en las obligaciones pendientes del sector. El informe detalla la delicada situación económica que enfrentan los actores encargados de gestionar la salud de los ciudadanos en el territorio nacional.
Incumplimiento generalizado de los estándares legales
Uno de los datos más preocupantes que arroja el documento de control fiscal es el escaso número de organizaciones que lograron cumplir con las normativas financieras vigentes. De un total de 28 EPS que operaban activamente durante el análisis correspondiente al ejercicio de 2025, únicamente cuatro consiguieron satisfacer la totalidad de los requisitos exigidos por la ley.
Las únicas compañías que pasaron el filtro normativo fueron Aliansalud, Anas Wayúu, EPM y Salud Mía. No obstante, la gravedad radica en que estas cuatro entidades agrupan a menos del 2% del total de afiliados adscritos a todo el sistema de aseguramiento en salud del país.
Desbalance operativo y costos superiores a los ingresos
El deterioro financiero no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una operación deficitaria. Según la Contraloría, el gasto destinado a la atención médica de los usuarios rebasó los recursos ingresados por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
El análisis abarcó a 26 aseguradoras que entregaron sus reportes, arrojando que 17 de ellas concluyeron 2025 con balances en rojo. En promedio, estas compañías destinaron el equivalente al 110% de los subsidios recibidos exclusivamente para cubrir los tratamientos y servicios de sus poblaciones afiliadas.
La situación crítica de la nueva EPS
Dentro del mapa de pasivos, la Nueva EPS acapara una porción considerable de los compromisos impagos. Esta institución, que custodia a unos 11,6 millones de usuarios y permanece bajo la figura de intervención estatal desde abril de 2024, vio crecer su deuda con la red prestadora desde los COP$22 billones hasta rozar los COP$26 billones en el transcurso de un año.
El organismo de control fiscal advirtió además que esta aseguradora suspendió el envío de sus reportes financieros a la Superintendencia Nacional de Salud desde marzo de 2024. Desde la perspectiva de la entidad auditada, los balances contables siguen sin recibir aprobación oficial desde diciembre de 2023, existiendo además una masa de COP$17 billones correspondientes a anticipos monetarios que todavía no han podido ser justificados de manera formal en los libros contables.
Presión sobre los proveedores de fármacos
La crisis de liquidez también ha permeado profundamente en la cadena logística de medicamentos y tecnologías sanitarias. Las deudas contraídas por las EPS con los laboratorios y distribuidores farmacéuticos registraron un repunte del 33%, pasando de COP$2,85 billones a COP$3,8 billones entre los años 2024 y 2025.
Para los auditores del Estado, este fenómeno pone en riesgo la estabilidad del abastecimiento de insumos médicos indispensables, amenazando la continuidad y oportunidad en la entrega de tratamientos a los pacientes que los requieren.
Desempeño desfavorable en entidades intervenidas
Finalmente, el reporte evaluó el comportamiento de aquellas organizaciones que ya se encuentran bajo el control administrativo del Gobierno. Durante los primeros tres meses de 2026, las EPS intervenidas erogaron COP$117,8 por cada COP$100 que percibieron del erario público, mientras que las entidades que operan bajo administración regular gastaron COP$100,8 por cada COP$100 ingresados.
La Contraloría concluyó que la mayoría de las intervenciones estatales no han logrado revertir los números negativos, perpetuando patrimonios en declive y un gasto operativo insostenible.
