Senadores demócratas exigen frenar la adquisición de guantes eléctricos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas
Un bloque de legisladores demócratas en la Cámara Alta de Estados Unidos, encabezado por la senadora Catherine Cortez Masto, representante de Nevada, ha solicitado formalmente a las autoridades migratorias la anulación inmediata de un proyecto para proveer a su personal con tecnología capaz de emitir fuertes corrientes eléctricas durante las labores operativas.
Por medio de una misiva enviada recientemente al despacho de la dirección interina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, mejor conocido como ICE, la legisladora y otros quince copropositores del caucus demócrata cuestionaron severamente la decisión de destinar una partida presupuestaria de hasta 20 millones de dólares para la adquisición de estos instrumentos de sometimiento físico.
Preocupaciones sobre el uso de la fuerza y antecedentes operativos
Los firmantes del documento expresaron profundas dudas respecto a la madurez institucional y la preparación del personal para manejar adecuadamente este tipo de equipamiento tecnológico sin vulnerar los derechos ciudadanos. En la comunicación oficial se enfatizó que los antecedentes recientes de uso indebido de la fuerza en distintas urbes del país erosionan la confianza pública en la corporación.
“El uso indebido de la fuerza, flagrante y trágico, en Los Ángeles, Chicago, Minneapolis, Houston, Maine y otros lugares de todo el país genera un considerable escepticismo sobre la capacidad profesional de la agencia para desplegar de forma segura una nueva herramienta que podría usarse para dañar a estadounidenses sin motivo”, se lee en la carta.
La iniciativa de oposición cuenta también con el respaldo del senador independiente Angus King, oriundo de Maine, junto a un grupo de legisladores que actualmente operan como minoría parlamentaria frente a la bancada republicana en el Senado federal. La controversia estalló luego de que la institución federal publicara un aviso de licitación con la intención de adquirir miles de artefactos descritos oficialmente como instrumentos de distracción y desescalada conductual.
Funcionamiento técnico y polémicas en torno al dispositivo
Estos implementos operan habitualmente como protecciones tácticas comunes para las manos, pero incorporan un mecanismo que, al ser accionado mediante un botón digital, libera descargas eléctricas directamente sobre la anatomía de un individuo para inducir una respuesta de sumisión ante la resistencia al arresto. Si bien ciertas jurisdicciones carcelarias y departamentos municipales de policía han implementado mecanismos similares en años anteriores, su introducción a nivel federal ha encendido alarmas entre organizaciones civiles y actores políticos.
Desde la perspectiva de los congresistas inconformes, el instrumental “presenta riesgos sustanciales si se despliega durante arrestos civiles, y aún más si se despliega sin límites claros, capacitación adecuada y supervisión integral”. Asimismo, advirtieron que, en caso de persistir con el programa de compras, la dependencia gubernamental estará obligada a transparentar los programas educativos destinados al personal y los mecanismos de fiscalización interna.
Postura oficial de la administración y defensa del proyecto
En contraparte, las altas esferas gubernamentales han defendido la necesidad de modernizar el equipo táctico disponible. El funcionario federal encargado de la política fronteriza, Tom Homan, argumentó que los implementos eléctricos representan una alternativa viable para reducir la dependencia de métodos letales durante situaciones de alta tensión, particularmente dentro de instalaciones de custodia.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional, entidad que funge como organismo superior del ICE, emitió una respuesta enérgica ante los cuestionamientos de los legisladores federales.
“Los políticos de las ciudades santuario que intentan impedir que nuestras fuerzas federales del orden cuenten con cualquier equipo de seguridad es despreciable y un intento deliberado de socavar y poner en peligro a nuestros agentes”, señaló la agencia en un comunicado.
Mientras se debaten los límites de la autoridad operativa y la justificación económica de la compra, las autoridades federales estiman que transcurrirán varios meses antes de que estos mecanismos comiencen a utilizarse de manera regular en el terreno.
