El panorama crítico de la industria edificadora nacional
El desafío monumental que representa para Colombia la recuperación de su infraestructura tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al territorio nacional el pasado 10 de agosto se pondrá en marcha en medio de un escenario económico altamente complejo para la industria edificadora.
Durante el desarrollo de la feria internacional Expocamacol, celebrada en la ciudad de Medellín, el presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), Guillermo Herrera, encendió las alarmas institucionales al detallar el estado crítico por el que atraviesa el gremio.
“El desmonte gradual de las políticas de vivienda durante el Gobierno Petro hizo que durante 24 meses contiguos las ventas de vivienda en Colombia empezarán a caer de forma sucesiva. Hoy ya llevamos 34 meses de contracciones sucesivas, con menos de 110.000 unidades que iniciaron construcción en el último año”, especificó el dirigente gremial.
Adicionalmente, el líder gremial advirtió que levantar una obra en la actualidad resulta un 24% más costoso debido al impacto acumulado de los aranceles aplicados a mercancías nacionales, las repercusiones derivadas del incremento salarial del 23% proyectado para 2026 y las complejidades propias del comercio internacional.
Vulnerabilidad empresarial y cifras del producto interno bruto
La estructura del sector se sostiene mayoritariamente sobre pequeños emprendimientos, lo que incrementa su fragilidad ante choques macroeconómicos imprevistos. Las estadísticas revelan que el 90% de las empresas del sector corresponden a mipymes, un segmento empresarial que ha sufrido bajas sensibles tras confirmarse que 416 empresas desarrolladoras abandonaron el mercado en el transcurso de los últimos cuatro años.
Como consecuencia de esta prolongada crisis, la actividad formal productiva de vivienda retrocedió a niveles comparables con los registrados en 2012, acumulando tres años consecutivos de contracciones sectoriales al cierre del segundo trimestre de 2026.
A pesar de este diagnóstico adverso, voces del sector financiero mantienen una perspectiva de reactivación a mediano plazo. “Soy extremadamente optimista con la recuperación de los sectores de minería, petróleo y construcción, sectores clave para generar empleo y encadenamientos productivos, pese al mal manejo de la administración anterior”, indicó David Cubides Castellanos, economista jefe del Banco de Occidente, al recalcar la urgencia de respaldar a esta industria por su capacidad de dinamizar la economía y la generación de empleo.
Las cifras oficiales divulgadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reflejan que durante el segundo trimestre de 2026 el sector constructor experimentó un crecimiento moderado del 2,2% frente al mismo periodo del año anterior. Dicho incremento estuvo jalonado casi en su totalidad por el segmento de obras civiles y la pavimentación de vías y carreteras, el cual se disparó un 17,1%, mientras que la edificación residencial y no residencial experimentó un retroceso del 3,2%.
Acciones prioritarias frente a la reconstrucción
Ante la necesidad imperiosa de levantar nuevamente las zonas devastadas por el movimiento telúrico, la directiva de Camacol propuso una hoja de ruta estructurada en cinco medidas fundamentales para garantizar una ejecución eficiente de los recursos y las obras:
En primer lugar, se requiere unificar la metodología y los datos técnicos mediante una cifra oficial y centralizada de los hogares y edificaciones afectadas, permitiendo dimensionar adecuadamente las labores de reparación, edificación o reubicación. Como segundo punto, se demanda la creación de un régimen especial de reconstrucción que establezca modalidades claras de atención, topes de apoyo financiero y reglas transparentes de concurrencia entre subsidios, pólizas de seguros, créditos y aportes de los propios ciudadanos.
La tercera directriz plantea definir con precisión quién lidera y ejecuta los proyectos mediante una gerencia dotada de autonomía y capacidad de decisión, la cual deberá trabajar coordinadamente con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y las administraciones locales y departamentales. En cuarto lugar, se propone una organización territorial rigurosa dotada de metas específicas, cronogramas detallados y sistemas de seguimiento adaptados a los requerimientos particulares de cada región damnificada.
Finalmente, se estipula estructurar fuentes de financiación extraordinarias mediante una arquitectura financiera que contemple mecanismos como el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) de carácter temporal, asignaciones del Fondo de Vivienda de Interés Social (Fovis), recursos del Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), la participación de Findeter, así como incentivos tributarios enfocados en obras por impuestos.
