Familiares y líderes políticos suman fuerzas para exigir que Ernesto Ruffo enfrente su proceso en arresto domiciliario

Familiares y líderes políticos suman fuerzas para exigir que Ernesto Ruffo enfrente su proceso en arresto domiciliario

La estrategia jurídica en favor del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, experimentó un giro estratégico este martes al integrarse nuevos profesionales al equipo de abogados y recibir un respaldo político plural que incluye a figuras del Partido Acción Nacional (PAN), la organización Somos México y el exmandatario federal Vicente Fox.

Durante una conferencia de prensa llevada a cabo en las inmediaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la colonia Doctores de la capital del país, Verónica Ruffo, hija del exmandatario, enfatizó que la movilización en pro de su padre superó las fronteras de los partidos políticos para transformarse en una defensa de derechos fundamentales.

«Anunciamos la ampliación de la defensa legal de mi padre, acompañados por personas que tienen distintas trayectorias y distintas visiones. Han decidido unir sus voces en defensa de principios que deberían pertenecer a todos los mexicanos, porque esto no debe ser una lucha de partidos», declaró.

Situación jurídica y cargos imputados

El exgobernador se encuentra recluido bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el penal de máxima seguridad del Altiplano, situado en el Estado de México. La FGR le atribuye su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, señalándolo como accionista mayoritario de la empresa Ingemar, la cual presuntamente formaba parte de una red de contrabando fiscal de combustible, comúnmente conocido como huachicol fiscal. Ante estos señalamientos, el exfuncionario ha negado rotundamente haber participado en actividades ilícitas.

Por su parte, el abogado Arturo Germán, quien asumió funciones como portavoz del equipo jurídico, detalló que ya se interpusieron dos juicios de amparo diferentes. El primero de ellos busca revertir las medidas cautelares impuestas, especialmente la prisión preventiva oficiosa, mientras que el segundo impugna directamente el auto de vinculación a proceso. Asimismo, indicó que participarán activamente en el periodo de investigación complementaria, el cual fue fijado con una duración de seis meses, con el propósito de incorporar elementos probatorios que esclarezcan la situación legal del exmandatario.

«No puedo afirmar aquí de ninguna forma que no exista probablemente un hecho delictuoso», expresó el litigante, aclarando sin embargo que, tras un análisis exhaustivo del expediente, no hallaron indicios que vinculen directamente a Ruffo con los ilícitos de delincuencia organizada, contrabando y transgresiones a la Ley de Hidrocarburos.

Críticas al trato institucional y respaldo de Vicente Fox

El expresidente Vicente Fox, quien asumió la titularidad del Ejecutivo federal tras la histórica victoria de Ruffo como el primer gobernador de oposición en la historia moderna del país, acudió a la manifestación para expresar su apoyo absoluto y descalificó las condiciones de su reclusión.

El exmandatario, de 74 años de edad, exigió que se le permita continuar el proceso penal desde su hogar, calificando el trato recibido por parte de las instituciones como indigno y desproporcionado para su trayectoria.

«No tiene madre que le hayan hecho eso a este personaje y por eso estamos aquí. Yo personalmente estoy aquí porque lo quiero mucho y porque meto a la mano al fuego por Ernesto Rufo», afirmó de manera tajante el ex presidente.

Señalamientos políticos y exigencia de equidad

En el mismo acto, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sugirió una vinculación temporal entre la captura de Ruffo y la difusión reciente de materiales auditivos que comprometieron la posición institucional de la gobernadora bajacaliforniana, Marina del Pilar. Del mismo modo, el líder partidista cuestionó la ausencia de órdenes de aprehensión contra funcionarios de dependencias federales como Petróleos Mexicanos (Pemex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Nacional de Migración o el área de aduanas dentro de la misma investigación por contrabando.

A las muestras de solidaridad se sumó Guadalupe Acosta, dirigente de Somos México, quien insistió en la urgencia de otorgar el arresto domiciliario al imputado bajo los principios de presunción de inocencia y debido proceso. Acosta recordó que el exgobernador se presentó ante las autoridades por voluntad propia y sin intención de sustraerse de la justicia.

«Permitan por lo menos que lleve su defensa desde su casa, porque una vez que esto termine resolviendo Ernesto va a ser exonerado, va a ser libre», concluyó el dirigente político.

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