La madrugada de este viernes se confirmó el fallecimiento de Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa cuya desaparición se perpetró entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. El deceso ocurrió en la comunidad de Omeapa, situada dentro del municipio guerrerense de Tixtla.
La noticia fue validada públicamente por Felipe de la Cruz Sandoval, exvocero de los familiares y actual miembro del colectivo Nos Faltan 43. El activista expresó su profunda pena debido a que un progenitor más se marcha de este mundo con las manos vacías, sin conocer el paradero de su hijo tras una larga espera marcada por la impunidad.
Sorpresa ante el deceso y el desgaste acumulado
De acuerdo con las declaraciones del exvocero, la partida de Rodríguez Morales tomó por sorpresa a los integrantes de la agrupación social. A pesar del evidente desgaste físico y emocional que han vivido las familias durante casi 12 años de búsqueda y exigencia de justicia, no se tenía conocimiento previo de que el padre de familia enfrentara complicaciones graves en su salud.
Incluso, la comunidad de familiares mantenía firmes las expectativas de organizarse para sostener un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el próximo 24 de septiembre, fecha prevista para revisar los nuevos avances institucionales en torno a la indagatoria.
El profesor también recordó que Francisco Rodríguez era esposo de Minerva Bello Guerrero, madre de otro de los jóvenes desaparecidos, quien perdió la vida en el año 2018. Su legado trascendió al grado de que su nombre fue adoptado por un organismo defensor de derechos humanos enfocado en respaldar a los afectados en su lucha jurídica y social.
Por su parte, la plataforma digital “Resistencia Omeapa” emitió un comunicado para despedir al habitante local e informó que los servicios funerarios y el acompañamiento en duelo se llevan a cabo en su domicilio particular, localizado en la misma comunidad tixtleca.
Un crimen de Estado sin respuestas definitivas
Durante su pronunciamiento, Felipe de la Cruz recriminó que los integrantes de los núcleos familiares sigan falleciendo en la indefensión. Trajo a la memoria que en los ataques violentos contra los normalistas intervinieron de manera directa policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco de los Figueroa, además de integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Cabe destacar que la desaparición forzada de los alumnos se encuentra clasificada oficialmente como un crimen de Estado, conforme a las conclusiones emitidas en agosto de 2022 por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la cual documentó la intervención de autoridades de los tres órdenes de gobierno, incluyendo a las fuerzas castrenses.
Siete padres y madres fallecidos en la espera
Con el deceso de Francisco Rodríguez Morales, la cifra asciende a siete padres y madres de los 43 estudiantes que han perdido la vida sin obtener respuestas claras desde el inicio de la tragedia. La lista incluye a Minerva Bello Guerrero (2018), Bernardo Campos Cantor y Saúl Bruno García (2021), Ezequiel Mora Chora (2022), así como a Donato Abarca Beltrán y Jonathan Maldonado (2025).
Este trágico acontecimiento se suma al rechazo manifestado recientemente por los familiares en contra del informe presentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Dicho documento generó profunda indignación al desestimar los hallazgos previos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y exculpar la presunta responsabilidad de elementos del Ejército mexicano.
A pesar del paso del tiempo y de las irreparables pérdidas humanas entre los círculos más cercanos a las víctimas, el caso Ayotzinapa permanece abierto y las exigencias de verdad continúan vigentes.
