Presidenta de méxico cierra el debate en torno a la revocación del documento migratorio
La administración federal ha decidido pasar la página respecto al polémico retiro del documento migratorio que el gobierno estadounidense aplicó a Andrés Manuel López Beltrán. Durante su conferencia matutina de este jueves 20 de agosto, la titular del Ejecutivo federal fue tajante al señalar que no continuará emitiendo declaraciones sobre este asunto que acaparó la atención de la opinión pública nacional durante los últimos días.
“Ya no voy a hablar de eso. Ya di mi opinión sobre el tema, ya lo conocen. Ya, pasamos a lo que sigue”, expresó la mandataria ante los medios de comunicación congregados en el Palacio Nacional, buscando dar carpetazo definitivo a las especulaciones generadas tras la cancelación del permiso para ingresar a territorio estadounidense.
Asimismo, la jefa de Estado desmintió categóricamente haber mantenido diálogos recientes con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, con la finalidad de abordar las implicaciones o el contenido de la carta que López Beltrán envió con anterioridad a Donald Trump. La controversia escaló rápidamente en el espectro político nacional, donde diversos sectores comenzaron a debatir sobre las posibles repercusiones diplomáticas y el alcance de las decisiones unilaterales tomadas por Washington.
Descartan vínculos con indagatorias penales en tribunales mexicanos
Desde el momento en que se dio a conocer la anulación del visado, la presidencia de la República remarcó que las instituciones de procuración de justicia en el país no poseen elementos probatorios ni carpetas de investigación abiertas en contra del hijo del exmandatario federal. Se recordó puntualmente que la Fiscalía General de la República (FGR) desmintió contar con indicios sólidos que sustenten acusaciones formales, a pesar de los señalamientos y testimonios de testigos protegidos dentro de expedientes relacionados con el contrabando ilegal de combustibles.
Para el gobierno federal, una medida administrativa de carácter migratorio implementada por una nación extranjera no constituye de ninguna manera una prueba de culpabilidad ni sustituye los procesos judiciales locales. “¿De cuándo acá que quitar una visa representa una investigación de la Fiscalía? Eso qué tiene que ver con una investigación penal?”, cuestionó la jefa del Ejecutivo al fijar su postura sobre el uso político que diversos actores pretendieron darle a esta situación.
Reacciones y respaldo institucional dentro de la fuerza gobernante
Ante la medida adoptada por las autoridades migratorias del vecino país del norte, distintas figuras prominentes del movimiento de regeneración nacional salieron en defensa de López Beltrán. Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la capital del país, restó trascendencia al suceso al manifestar públicamente que los principales detractores y personajes históricamente vinculados con el desfalco al erario mexicano contaban con permisos migratorios vigentes.
Por su parte, el legislador Gerardo Fernández Noroña se alineó con la narrativa oficial al minimizar la utilidad de dicho documento para el ejercicio de la función pública, ironizando sobre la prescindibilidad de contar con autorizaciones extranjeras para administrar el Estado. En una línea similar, mandos de la administración pública en Tabasco sugirieron que la estrategia diplomática y mediática implementada desde el extranjero tendría como blanco político real al expresidente Andrés Manuel López Obrador y no a su descendiente.
“Al que quieren no es al chico, sino al grande. Nada más que lo están pensando los vecinos”, advirtió el secretario de Gobierno de dicha entidad federativa al calificar la acción como un episodio de presión política internacional.
A pesar de que las razones oficiales detrás de la cancelación del visado no han sido esclarecidas de manera transparente por las autoridades estadounidenses, partidos de oposición exigieron en su momento a las agencias financieras y de seguridad interior profundizar en las pesquisas sobre las cuentas bancarias de los involucrados, manteniendo abierta la disputa política en el Congreso y las plataformas de comunicación.
