Impacto millonario: siniestros de tránsito generan pérdidas anuales de hasta cinco mil millones de dólares en el país

Impacto millonario: siniestros de tránsito generan pérdidas anuales de hasta cinco mil millones de dólares en el país

El impacto financiero de los percances automovilísticos en territorio mexicano representa una carga sumamente pesada para la economía nacional, al desviar recursos considerables hacia la atención sanitaria y la merma en la capacidad laboral. Diversas agrupaciones civiles y expertos en la materia difundieron una investigación detallada que dimensiona la gravedad de esta problemática.

Una factura económica que golpea las finanzas públicas

De acuerdo con el documento titulado ‘El costo de los siniestros viales en México: Estimación de costos de atención médica y pérdida de productividad’, la nación eroga anualmente entre 55 mil y 92 mil millones de pesos, cifra equivalente a un rango aproximado de tres mil a cinco mil millones de dólares, exclusivamente por concepto de asistencia médica y el impacto en la productividad laboral.

En el escenario económico más desfavorable, este monto equivale aproximadamente al 0.3 por ciento del producto interior bruto mexicano, o bien, representa el 4.4 por ciento del presupuesto total destinado a la salud pública. Los autores del análisis aclaran que estas cifras son conservadoras, ya que omiten gastos colaterales importantes como los daños materiales a la infraestructura y los tratamientos médicos prolongados que requieren las personas sobrevivientes con secuelas permanentes.

Durante la presentación del diagnóstico, Belén Sáenz de Miera Juárez, quien se desempeña como profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, puntualizó: “Encontramos que, tan solo considerando los costos de atención médica y las pérdidas de productividad estimadas en este estudio, la carga económica se ubica entre 55 mil y 92 mil millones de pesos en 2024”. Asimismo, la académica enfatizó que una proporción mayoritaria de estas afectaciones podría evitarse si se implementaran políticas públicas más estrictas, lo que permitiría canalizar dichos presupuestos hacia otras áreas prioritarias.

Factores de riesgo determinantes y población joven afectada

El reporte subraya que los percances en las vialidades se ubican constantemente entre las principales causas de fallecimiento de personas de entre 5 y 44 años, un sector etario fundamental para la fuerza laboral del país, lo que eleva exponencialmente el perjuicio económico. Entre las causas más recurrentes que potencian la gravedad de las colisiones se encuentran el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y la omisión en el uso de elementos protectores como cascos reglamentarios, cinturones y sistemas de retención infantil.

Por su parte, Erick Antonio Ochoa, director general de la organización Salud Justa Mx, argumentó que estas tragedias no son imprevistos fortuitos: “Los siniestros viales son predecibles y evitables. No son ‘accidentes’ o imprevistos del azar; son el resultado de vacíos en la infraestructura, fallas en la regulación y falta de control de factores de riesgo”. Ante este panorama, los especialistas exhortaron a los tres niveles de gobierno a agilizar la implementación cabal de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.

Vulnerabilidad extrema en zonas urbanas

El análisis económico y social también pone el foco en los sectores más desprotegidos de las calles mexicanas. Según las estadísticas expuestas, los peatones, ciclistas y motociclistas resienten el impacto más letal de la crisis de movilidad, concentrando ocho de cada diez muertes registradas en los entornos urbanos.

Como respuesta a esta crisis de salud pública, los sectores involucrados exigieron una actualización urgente en los estándares de fabricación vehicular en el mercado nacional, exigiendo la integración de mecanismos avanzados como el frenado autónomo de emergencia y componentes estructurales diseñados para mitigar daños a transeúntes. Finalmente, figuras del ámbito legislativo coincidieron en que la salvaguarda de la vida en el tránsito debe elevarse al rango de política de Estado.

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