Los ministerios de Economía en América Latina atraviesan una encrucijada financiera que va mucho más allá de contener el déficit: una proporción cada vez más alta del erario público muestra una resistencia casi total a los recortes. Durante 2024, los compromisos fijos asociados al pago de intereses, planillas de personal, subsidios y asistencias sociales absorbieron en promedio el 77% del presupuesto en los gobiernos centrales de 18 naciones de la región, un incremento frente al 75% registrado en 2019, según un análisis difundido por Moody’s Ratings.
La agencia calificadora advierte que este fenómeno restringe de forma drástica la capacidad estatal para aplicar correcciones sostenibles en el tiempo sin lesionar la inversión en infraestructura o la cobertura de servicios esenciales. En paralelo, la escalada de las obligaciones financieras ha dejado a gran parte de los países con un margen de maniobra sumamente limitado frente a potenciales crisis macroeconómicas.
El informe detalla que los coeficientes de endeudamiento treparon en 14 de los 18 Estados evaluados entre los años 2019 y 2025. La mediana del endeudamiento escaló desde el 45% hasta el 55% del Producto Interno Bruto (PIB) en ese lapso, al tiempo que 9 naciones concluyeron 2025 con pasivos equivalentes a por lo menos el 60% de su aparato productivo.
El peso de los compromisos ineludibles
Bajo la categoría de gasto rígido se agrupan tanto aquellas erogaciones blindadas por mandatos legales o constitucionales como aquellos desembolsos que, aunque modificables sobre el papel, acarrean costos políticos y sociales prohibitivos. En este grupo destacan los sueldos estatales, el servicio de la deuda y las transferencias corrientes.
El escenario más crítico se observa en Brasil, donde cerca del 97% del presupuesto operó con esta inflexibilidad entre 2021 y 2024. Le siguen en la lista Argentina con un 90%, Costa Rica con un 89%, Colombia con un 87% y Uruguay con un 83%.
En la vereda opuesta figuran Perú y Nicaragua, cuyas estructuras de gasto rígido se ubican en torno al 57% y 55%, respectivamente, mientras que Guatemala y Panamá exhiben esquemas operativos comparativamente más flexibles.
No obstante, la entidad financiera puntualiza que contar con un menor porcentaje de gastos inalterables no garantiza automáticamente un panorama holgado, ya que ciertas partidas de capital también se encuentran atadas a compromisos contractuales de largo plazo o subvenciones a empresas públicas.
Menos espacio por mayores intereses y pasivos
El periodo posterior a la emergencia sanitaria dejó como secuela un encarecimiento generalizado del financiamiento y una expansión de las subvenciones. El costo promedio destinado al pago de intereses avanzó desde el 2,5% del PIB en 2019 hasta el 2,9% en 2024. Al tratarse de obligaciones ineludibles dentro de la programación ordinaria, cada incremento en esta partida desplaza recursos destinados a otros sectores.
Asimismo, las transferencias y subsidios se elevaron desde una media del 8,4% al 9% del PIB en el mismo intervalo. Esto configura un escenario complejo donde cualquier intento por achicar el desbalance fiscal choca contra partidas que crecen de manera vegetativa o exigen modificaciones de carácter legislativo.
Por el lado de la deuda, solo cuatro países de la muestra lograron reducir su relación de pasivos frente al PIB en 2025 en comparación con los niveles previos a la pandemia, destacando casos como Argentina y Ecuador gracias a procesos de reestructuración ejecutados en 2020.
El dilema de sacrificar la inversión y la presión tributaria
Ante la imposibilidad de tocar los gastos corrientes protegidos, los gobiernos suelen optar por recortar las inversiones de capital, la partida con mayor flexibilidad a corto plazo. Sin embargo, Moody’s enfatiza que esta salida daña la productividad y el crecimiento económico de mediano plazo.
En cuanto al incremento de los ingresos mediante la vía fiscal, la calificadora subraya que los países latinoamericanos tropiezan con barreras estructurales profundas, tales como la elevada informalidad laboral, la evasión impositiva y un amplio abanico de exenciones tributarias que frenan una recaudación permanente.
Adicionalmente, factores de índole política y la polarización legislativa, especialmente notorios en economías como las de Brasil y Colombia, obstaculizan de forma severa la aprobación de reformas estructurales orientadas a sanear las cuentas públicas de manera duradera.
