Luego de darse a conocer que 43 empresas factureras ayudaron a defraudar al fisco por más de 55,000 millones de pesos en el sexenio anterior, la Procuraduría Fiscal alista denuncias contra los 100 principales clientes de estas organizaciones que usaron esquemas de defraudación tributaria, indicó su titular Carlos Romero Aranda.

En su participación en el 4° Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, Romero Aranda destacó la labor que se ha realizado a partir de la promulgación de la reforma contra la defraudación fiscal, la cual permitió al fisco obtener ingresos tributarios en el 2020, incluso mayores que los de un año previo.

“A los 100 contribuyentes más importantes que recibieron asimilables a salarios de estos grupos delictivos (las 43 factureras), sin pagar impuestos obviamente, les vamos a presentar las querellas que correspondan en su momento», comentó Romero Aranda.

Hace algunas semanas, Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, develó que este organismo tiene detectadas 43 empresas factureras que provocaron un fraude al fisco durante el sexenio pasado por 55,125 millones de pesos.

El funcionario apuntó que la intención que se tiene es ir contra los líderes de las organizaciones factureras, pues además del delito de evasión fiscal, el cual se equipara con delincuencia organizada, dichas empresas también incurrieron en ilícitos de lavado de dinero que están tipificados en la ley.

“El lavado de dinero y la defraudación fiscal, al día de hoy pueden configurarse como delitos de delincuencia organizada… En el caso de las factureras, que es el método más importante, son empresas de papel, con testaferros, con personas de escasos recursos, enfermos terminales, que ponen domicilios fiscales en terrenos baldíos y por estas empresas pasan millones y millones de pesos”, apuntó Romero Aranda.

De acuerdo con el procurador fiscal, hay casos donde las organizaciones factureras contactaban a familiares de personas con enfermedades terminales para que, a cambio de una cantidad, permitieran que los enfermos fueran testaferros para poder desviar recursos, muchas veces provenientes del erario.

“Personas con enfermedades terminales a punto de fallecer, a cambio de 10,000 pesos firmaban como accionistas (de empresas fachada). Esos son unos verdaderos pillos, porque lo que hacen es esconder el origen del dinero para precisamente lavarlo y defraudar”, explicó el funcionario.

Impacta en la recaudación

Romero Aranda apuntó que la reforma promulgada a finales del 2019 contra la defraudación fiscal, permitió al gobierno elevar en el 2020 los ingresos tributarios pese al impacto económico de la pandemia, pues los Grandes Contribuyentes tuvieron que alinearse a las reglas fiscales para cumplir con sus obligaciones.

“¿Qué permitió eso? Que, en un año de pandemia, sin crecimiento, con caída económica pavorosa, con gastos enormes de pandemia, con el dólar a 25 pesos, el petróleo en cero, no se hayan caído los ingresos tributarios. Si no que hayamos podido cobrar 170,000 millones de pesos adicionales a lo que se había cobrado en el 2019”, acotó el funcionario.

El procurador fiscal acotó que la intención del organismo que encabeza, junto con el resto de autoridades del país, es inhibir el tema de la defraudación fiscal, en especial en los Grandes Contribuyentes.