Platica de pasillo entre los abogados que dan seguimiento al proceso de transición estatal en materia de justicia y seguridad.
Algunos dicen que se vendieron y otros tantos que se ofrecieron aquí van los nombres de quienes desde el Poder Judicial y otras instancias se vendieron al Palacio de Gobierno para procesar a decenas de detenidos vinculados al sexenio de César Duarte.
Son 30 los identificados como operadores de los expedientes que instruyó Javier Corral. La orden bajó a jefe de ministerios públicos y jueces de una tan fallida como cacareada “Operación Justicia”.
De la Fiscalía General del Estado aparecen los nombres de Francisco “Paquito” González Arredondo, a quien hicieron fiscal de Atención a Víctimas después de que montara y articulara la mayoría de las acusaciones, muchas de las cuales se fueron diluyendo por falta de pruebas y excesos ministeriales.
Aparecen también Javier Flores Romero, quien pasó del MP a ser juez, y Elisa Peña, también pagada con cargo en la estructura judicial; asimismo van enlistados un montón de subordinados de González, como Beatriz Aréchiga, Lluvia Torres, Roberto López, Renata Muñoz, Ricardo Martínez y otros.
Del Poder Judicial son señalados Óscar Jasso, secretario adscrito a la Presidencia y también secretario del Consejo de la Judicatura, como cabeza de la estructura plegada a Palacio, junto con los magistrados Juan Carlos Carrasco y Juan Rodríguez Zubiate.
También de la estructura judicial figuran los jueces Napoleón Raya, Alexis Ornelas, Karla Otero, Guadalupe Hernández, Alejandra Ramos, Martha Holguín, Octavio Rodríguez Gaytán, Delia Valentina Jiménez, Luis Flores y Octavio Legarda, ahora magistrado.
En el caso del Ejecutivo, son obvias las apariciones en la lista negra del exconsejero jurídico Maclovio Murillo y su aprendiz Pedro Oliva, así como del actual titular de la oficina, Jorge Espinoza.
De la Secretaría de Hacienda son señaladas Mónica Ferreiro y Viridiana Molina, ambas de la Dirección Jurídica que actuaban en representación de la dependencia para validar hechos reales o ficticios contra los acusados.
Hasta ahí la lista negra que corre entre los especialistas del Derecho, con todas las consecuencias que implica una lista negra, vamos a tener que esperar cuando la actual gobernadora Maru Campos tomes las riendas para saber que rumbo tendrá este caso llamado “Cesar Duarte u Operación Justicia” como usted le quiera llamar.
