23 de noviembre de 2024

La Fiscalía General de la República detalló que la medida fue obtenida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, del Juez de Distrito adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez arraigo por 40 días en contra del narcotraficante Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar.

Explicó que la medida fue obtenida por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), este miércoles 5 de mayo, del Juez de Distrito adscrito al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, quien decretó el arraigo contra Palma Salazar por 40 días, mismo que deberá ejecutarse en el Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República. 

La FGR explicó luego de que un juez federal en Jalisco absolvió al fundador del Cártel de Sinaloa del delito de delincuencia organizada, y «El Güero» Palma sería puesto en libertad, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud, a través del Ministerio Público Federal (MPF), emitió un acuerdo de detención por caso urgente, al existir riesgo fundado de que el indiciado podría sustraerse de la acción de la justicia.

Posteriormente, previa fe de integridad física y la lectura de sus derechos constitucionales y legales, Palma Salazar rindió su declaración ministerial asistido en todo momento por su abogado.

“Por lo anterior y toda vez que el indiciado se encuentra probablemente relacionado con hechos constitutivos de delitos contra la salud y delincuencia organizada, a efecto de allegarse de mayores datos de prueba, el MPF solicitó ante la autoridad jurisdiccional competente, medida cautelar de arraigo”, explicó la FGR.

El acuerdo fue cumplimentado el 4 de mayo de 2021 por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), al momento en que Palma se disponía a abandonar el Centro Federal de Readaptación Social Número 1 «El Altiplano», en virtud de la sentencia absolutoria dictada por una autoridad judicial.

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