La Unidad de Fiscalización del INE demostró que durante el gobierno de César Duarte Jáquez se creó una red de empresas para dispersar ilegalmente 250 millones de pesos del erario, como parte de la Operación Safiro.
- En sesión extraordinaria, el Consejo General resolvió que no pueden aplicar una sanción al PRI debido a que no se pudo demostrar que los recursos ingresaron a ese partido o que se utlizaron en campañas priistas.
- No obstante, determinó dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al SAT y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que inicien una investigación de los hallazgos de la Unidad de Fiscalización.
- La Unidad Técnica de lo Contencioso del INE dará vista a la Fiscalía General de la República.
- La Unidad de Fiscalización del INE, con datos de la FGR, siguió el rastro de 275 millones de pesos del Fondo para el Fortalecimiento Financiero (Fortafin) que la Secretaría de Hacienda federal entregó al Gobierno de Chihuahua en 2016.
- La Secretaría de Hacienda de Chihuahua entregó 250 millones a cinco empresas, que a su vez dispersaron el dinero a otras 15 subempresas, todas vinculadas entre sí y en muchas de ellas donde era socio Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, La Coneja, entonces secretario General Adjunto del CEN del PRI.
- Por ese motivo, los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz, Ciro Murayama y Claudia Zavala votaron en contra del proyecto que propuso no sancionar al PRI. Siete votaron a favor.
¿Por qué es importante? La determinación de dar vista a la FGR, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a otras instancias, permitirá que instancias federales revivan el caso de la Operación Safiro y resuelvan sobre el desvío de 250 millones de pesos que documentó la Operación Justicia para Chihuahua.
- El martes 28 de marzo, el INE resolvió imponer una multa de 97 millones 916 mil 665 pesos al CEN del PRI, por la recepción ilegal de recursos públicos del erario estatal en el caso de la “nómina secreta” de César Duarte durante 2015.
La resolución del INE. De acuerdo con la Unidad de Fiscalización, la Secretaría de Hacienda estatal entregó 250 millones de pesos a cinco empresas:
- Despacho de Profesionistas Futura, 90 millones; Servicios y Asesorías Samex, 55 millones; Servicios y Asesorías Sinnax, 55 millones; Servicios y Asesorías Sisas, 46 millones; y Jet Combustibles, 4 millones.
- Las cinco empresas dispersaron el dinero a 15 subempresas, todas vinculadas entre sí.
- En las investigaciones no se encontró registro del servicio que supuestamente realizaron.
- Ocho son empresas que facturan operaciones simuladas, Efos, o empresas “fantasma”.
- Las cinco empresas dispersaron el dinero al día siguiente que lo recibieron “a través de diversas transferencias a las denominadas subempresas, las cuales emitían cheques o volvían a dispersar el recurso en otras transferencias por montos más pequeños”.
“El destino final de esos pequeños montos, que en conjunto suman el total del recurso desviado, cayó en tres supuestos”, de acuerdo con el dictamen de la Unidad de Fiscalización:
- “Fue retirado en efectivo por la persona moral denominada Sepsa Servicios Integrales;”
- “Fue retirado en efectivo a través de cheques por el monto de 5,000,000 y cobrados por diversas personas físicas;”
- “Fue transferido a cuentas concentradoras de casas de bolsa”.
- Algunas de esas empresas tienen relación con otras que fueron proveedoras del PRI en el 2016, según el INE.
- La consejera Carla Humphrey dijo en la sesión que el dinero pudo ir a las carteras de priistas, incluso preguntó de dónde saca César Duarte Jáquez para pagar sus abogados desde la cárcel.
Antecedentes. La Operación Safiro se refiere a la triangulación ilegal de recursos federales del fondo para Saneamiento Financiero a gobiernos estatales y después a campañas del PRI nacional.
- La entrega de los 247 millones de pesos fue acordada por el entonces gobernador César Duarte Jáquez con Manlio Fabio Beltrones, quien era dirigente nacional del PRI.
- El proceso de triangulación de recursos fue operado por Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, en colusión con funcionarios duartistas y de la Secretaría de Hacienda federal.
- La Coneja fue detenido el 20 de diciembre de 2017 y comenzó a ser procesado por un juez del fuero común en Chihuahua por ese desvío de recursos, pero la Procuraduría General de la República ejerció la facultad de atracción bajo el argumento de que se trataba de recursos federales.
- Después, la PGR sobreseyó el caso, exhibiendo una evidente protección del gobierno de Peña Nieto al exfuncionario del CEN del PRI.
- El caso se encuentra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el gobierno de Chihuahua, encabezado entonces por Javier Corral Jurado, solicitó que se le otorgue al estado la calidad de víctima.
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