Juan Carlos Mendoza, abogado defensor de César Duarte Jáquez dio a conocer de dentro de las acciones legales a tomar en contra del ex gobernador Javier Corral Jurado y su administración se contemplan 4 querellas contra ex funcionarios que eran parte del gabinete, así como 4 ex funcionarios de segundo nivel.
Entre las personas a denunciar por las acusaciones hechas contra su representado, 2 ex funcionarios aún están en funciones; la defensa descartó que de momento, el ex Fiscal General, César Augusto Peniche se encuentre dentro de los denunciados.
Asimismo, se interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra de José Jesús Jordán Orozco, ex director del Fideapech por dos delitos penales y está por presentarse una formal querella por otra causa federal en los próximos días.
El abogado defensor destacó que también se presentó una denuncia en la Secretaría de la Función Pública contra el ex gobernador de la cual se espera que sea investigada con especial diligencia por las irregularidades en el ejercicio de sus funciones y facultades.
Asimismo, dentro de las acciones legales a emprender en contra de Corral Jurado está una demanda civil por daño moral, la cual ya se está en espera de la audiencia preliminar y de cuya demanda consideró que pronto habrá buenos resultados ya que en su respuesta, el ex gobernador termina por reconocer los hechos que se le señalaron, mientras que el Gobierno del Estado fue declarado por el Juez en rebeldía por lo que los hechos señalados deberán tenerse por ciertos.
Agregó que meses atrás se presentaron ante la Comisión Estatal del Derechos Humanos dos quejas que espera sean resueltas en las próximas semanas, una por la constante violación del aparato estatal en general y por Javier Corral, en particular a la violación del principio de presunción de inocencia; la segunda por la violación al debido proceso y por la violación a los derechos humanos, específicamente el derecho a la adecuada defensa al no haber entregado las carpetas de investigación a pesar de estar obligadas las autoridades responsables a ello.
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