De acuerdo con Juan Carlos Mendoza, uno de los abogados del exmandatario, el equipo legal basado en Estados Unidos solicitará a la Corte una audiencia a través de una “moción foránea internacional”, en la que esperan que estas nuevas resoluciones sean valoradas por la juez Lauren F. Louis como faltas al debido proceso.
“Con esas violaciones que han sido ya vistas y resueltas a favor de la defensa y de nuestro defendido, hay aportaciones importantísimas que tendrán que ser valoradas por la juez y dará como resultado la negación de la extradición”, dijo Mendoza.
“¿Dónde está la importancia? (de las resoluciones en Chihuahua) Radica en que la juez de Estados Unidos, su papel dentro de este proceso de extradición es asegurarse que las autoridades mexicanas estén actuando, actúen y vayan a actuar de acuerdo con el derecho interno, es decir, de acuerdo también con al debido proceso”, señaló.
Ante la estrategia, el abogado descartó también que la sentencia de F. Louis se presente antes de que concluya la administración el próximo 7 de septiembre, descartando la expectativa en la que dijo “confiar” el consejero jurídico del Gobierno estatal, Jorge Espinoza, el pasado 16 de agosto.
“Nosotros confiamos en que se pueda resolver antes de que nos vayamos, la autorización de la extradición, por la información que tenemos (…) Durante este mes, al parecer, pudiera darse esa información”, dijo entonces Espinoza en conferencia de prensa en esta frontera.
Ayer por la mañana, Mendoza informó también que esperan otro pronunciamiento por parte de un Juzgado de Distrito sobre la falta de garantía de audiencia presentada en un juicio de extinción de dominio que detectaron en abril pasado.
“Viola flagrantemente las garantías procesales contempladas en los artículos 21 y 22 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, entre otras razones porque nuestro representado no ha sido debidamente llamado a comparecer en este juicio ni ha sido notificado de los aseguramientos señalados”, dijo Mendoza en junio, de acuerdo con el archivo periodístico.
Duarte, gobernador de Chihuahua entre 2010 y 2016, fue detenido el 8 de julio de 2020 en Miami, acusado de desvío de recursos y asociación delictuosa por parte del gobierno de Chihuahua y con fines de extradición; procedimiento cuya audiencia final se registró el pasado 26 de enero.
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