Tras los audios escándalos que sufrió Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, por las difusiones que hizo Layda Sansores, gobernadora de Campeche, resulta que Alito tiene el sartén por el mango y puede revertir el caso.

Resulta que esos audios filtrados por Layda Sansores le traen como consecuencia responsabilidad penal y sujeta de investigación por el delito de Intervención de Comunicaciones, previsto y sancionado por el artículo 177 del Código Penal Federal: “A quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 700 días de multa”.

La alta penalidad evidencia el grave delito en que incurrió Layda Sansores con todo y su condición de gobernadora. Nadie está autorizado ni tiene facultades para intervenir comunicaciones privadas como lo mandata el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas…”

Lo anterior quiere decir que la única autoridad con atribuciones para autorizar la intervención de comunicaciones privadas son los Jueces de Distrito a petición del ministerio público de la Federación o de las entidades federativas correspondientes, siempre y cuando se justifiquen las causas legales de la solicitud, se especifique los sujetos que serán intervenidos y la duración de la intervención.

Lo anterior quiere decir que Layda Sansores se convierte en transgresora de la ley y constitucional y jurídicamente se convierte en imputada para ser sujeta de investigación criminal y explique cómo, cuándo y de qué tecnología dispuso para interceptar la conversación de su odiado enemigo.

Ahí surgirá otro tipo de delito perseguible en contra de ella si utilizó tecnología reservada únicamente al Estado Mexicano cuando se trate de combatir a la delincuencia organizada y preservar la seguridad nacional.

Incluso, al haber intervenido las conversaciones de Alejandro Moreno no tienen ningún valor. Así lo previene la ley cuando éstas se realizan sin autorización de la autoridad judicial federal. Por el contrario, la perjudicada será Layda Sansores si el ex gobernador de Campeche decide interponer denuncia penal en contra de Layda. Ampliaremos…

Agregar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *