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26 de octubre de 2021 #SCJN: Inconstitucional castigar con prisión la defraudación fiscal y el manejo de facturas apócrifas

#SCJN: Inconstitucional castigar con prisión la defraudación fiscal y el manejo de facturas apócrifas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional castigar con prisión preventiva oficiosa y declarar como delito contra la seguridad nacional el contrabando, defraudación fiscal y el uso de facturas falsas.

¿Qué se dijo? Por mayoría calificada de ocho votos, el Pleno de la SCJN invalidó las modificaciones legales que se hicieron para convertir delitos como contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas en delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa.

¿Qué ocurrió? Este lunes, los ministros de la Corte discutieron las acciones de inconstitucionalidad que promovieron senadores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y Fiscal de la Federación.

Contetxo. El 8 de noviembre del 2019, las reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en las que se contempla prisión preventiva oficiosa a delitos como el contrabando, defraudación fiscal, adquisición de comprobantes fiscales falsos, la no aplicación del criterio de oportunidad en delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, violencia familiar y delitos fiscales.

AQUI DOCUMENTO COMPLETO POR LA #SCJN

No. 325/2021

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2021

SCJN INVALIDA PRECEPTOS QUE CALIFICABAN LOS DELITOS DE CONTRABANDO, DEFRAUDACIÓN FISCAL Y LOS RELACIONADOS CON LOS COMPROBANTES FISCALES FALSOS COMO AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL Y LOS CONSIDERABA DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión del Tribunal Pleno, analizó la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Senado de la República, en la cual impugnaron el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación.

Como primer tema, el Pleno determinó que el proceso legislativo que dio origen a dicho Decreto fue válido, pues durante su tramitación no se cometieron violaciones con potencial invalidante.

No obstante, una mayoría de Ministras y Ministros determinó que los artículos 5, fracción XIII, de la Ley de Seguridad Nacional ―el cual establece como amenazas a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal― y 167, párrafo séptimo, fracciones I, II, III, del Código Nacional de Procedimientos Penales ―el cual prevé la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con la expedición, enajenación, compra y adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados― son inconstitucionales.

En la sesión, algunas Ministras y Ministros señalaron que el legislador se excedió al calificar tales delitos como amenazas a la seguridad nacional, pues no se trata de conductas que atenten directamente contra esta última, y, por ende, tampoco fue válido que los calificara como delitos que ameritan prisión preventiva en términos del artículo 19, segundo párrafo, de la Constitución. Esto último, pues el legislador secundario no está autorizado a ampliar el catálogo constitucional de delitos de prisión preventiva oficiosa.

Otros Ministros, por su parte, consideraron que las normas eran inconstitucionales ya que, de acuerdo con el artículo 1° de la Constitución, los tratados internacionales y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional que sólo puede dictarse cuando existe un riesgo comprobado de que la persona evadirá la acción de la justicia o afectará la investigación, sin que sea suficiente la peligrosidad del sujeto o el tipo de delito, pues de lo contrario se vaciaría de contenido el derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia.

Por tanto, dado que las normas en cuestión imponían la prisión preventiva de forma oficiosa (es decir, en automático) considerando únicamente el tipo de delito, estimaron que las mismas resultaban contrarias a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.

De este modo, al alcanzarse una votación mayoritaria contraria a la propuesta, las y los Ministros decidieron turnar el asunto a otra u otro integrante de la mayoría, quien en su momento presentará una nueva propuesta de resolución, en la que se analizarán el resto de temas planteados por los accionantes.

Acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada 136/2019, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y diversos integrantes de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Penal Federal y el Código Fiscal de la Federación, reformados y adicionados mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 8 de noviembre de 2019.

Documento con fines de divulgación. La sentencia es la única versión oficial.

16 de junio de 2021 Senadores presentan acción de inconstitucionalidad contra ampliación de mandato de Zaldívar

Senadores presentan acción de inconstitucionalidad contra ampliación de mandato de Zaldívar

Senadores, mayoritariamente de la oposición (PRI, PAN, PRD y MC), presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad por la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar, presidente del poder Judicial.

De acuerdo con el escrito, la prórroga del ejercicio del cargo del presidente de la SCJN y de los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, atenta directamente contra las reglas de la duración de estos cargos establecidas en los artículos 97 y 100 de la Constitución.

Además, los senadores inconformes consideran que prorrogar la duración en el ejercicio del cargo de los servidores públicos referidos atenta directamente contra el principio de división de poderes sobre el que está construido el sistema constitucional.

Desde su óptica, exceder la duración establecida por la Constitución respecto al ejercicio de dichos cargos impacta a la independencia y autonomía judicial, eje central de cualquier Estado de derecho democrático.

Arguyen en su recurso de impugnación que el artículo Décimo Tercero Transitorio es resultado de un proceso legislativo que vulnera el derecho a la participación de las minorías parlamentarias en condiciones de libertad e igualdad, de deliberación informada y de discusión pública en el ejercicio de la función legislativa.

En ejercicio de su derecho de minoría parlamentaria en la Cámara alta, los promoventes solicitaron que la acción de inconstitucionalidad presentada sea resuelta de manera preferente, o bien, en la misma sesión en la que el pleno de la Corte decida sobre la consulta realizada por el ministro Zaldívar sobre el mismo tema.

Esto con el fin de garantizar que el pleno atienda los argumentos puestos a su consideración por los senadores firmantes del recurso como parte legitimada para cuestionar la constitucionalidad del referido artículo transitorio.

En abril pasado, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la minuta del Senado con las leyes reglamentarias de la reforma al poder Judicial, que incluye el artículo Décimo Tercero Transitorio, que ordena ampliar dos años más el mandato de Arturo Zaldívar, entre otros ministros.

28 de abril de 2021 En vista de los últimos acontecimientos, Brozo y Loret se reúnen en el lugar del momento: la Suprema Corte de Justicia de la Nación

En vista de los últimos acontecimientos, Brozo y Loret se reúnen en el lugar del momento: la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ha sido el centro de atención de los medios durante las últimas semanas debido a la reforma al Poder Judicial, que contempla la ampliación de su cargo; sin embargo, su trayectoria en el rubro no es algo nuevo ya que abarca 25 años como abogado postulante en materia constitucional. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado una iniciativa de reformas a las siete leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, que contempla también la extensión de dos años del mandato de Arturo Zaldívar, como presidente de la Corte. Tras una serie de debates y en medio del rechazo de la oposición, los legisladores aprobaron las reformas, por lo que Zaldívar debería terminar su periodo como ministro presidente hasta 2024, aunque aclaró que será la Corte quien resuelva el tema ya que sólo pretende concluir el periodo para el que fue electo originalmente.