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30 de mayo de 2022 El sindicato petrolero choca con Pemex por las vacantes y los accidentes laborales

El sindicato petrolero choca con Pemex por las vacantes y los accidentes laborales

El presidente López Obrador denuncia una posible “campaña” del STPRM contra la empresa paraestatal

El sindicato petrolero mexicano multiplica las señales de descontento con el Gobierno y Petróleos Mexicanos (Pemex). Un grupo de trabajadores protestó la semana pasada frente a la sede principal de la empresa paraestatal para exigir que se abran nuevas plazas y denunciar el impago de prestaciones. Este lunes, ha trascendido un documento interno del sindicato para la dirección de la petrolera que apunta a un aumento de los accidentes laborales por falta de mantenimiento en las instalaciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha atribuido estas acciones a una “campaña contra la empresa” por una pérdida de prerrogativas.

Últimamente, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) está haciendo algo inusual: protestar. En los más de 80 años de historia de la agrupación, las manifestaciones de los petroleros han sido contadas y no se recuerda ninguna huelga a escala nacional. El sindicato se ha mantenido siempre cercano al poder, sobre todo durante las Administraciones del PRI. Muchos de sus líderes han compaginado cargos sindicales con puestos de diputados o senadores. Esa proximidad les ha permitido negociar jugosas prestaciones para sus agremiados, a costa de denuncias de nepotismo y corrupción.

Sin embargo, el lazo que ha unido a sindicato y Gobierno durante décadas se está resquebrajando. En un informe interno dirigido a Pemex, el sindicato denuncia un incremento del 56% en el número de accidentes durante el primer trimestre del año, según ha reportado el diario Reforma. En el documento, también se acusa a la paraestatal de incumplir con el contrato colectivo de trabajo, al no otorgar créditos hipotecarios y no dotar a los trabajadores con el equipo y las herramientas necesarias.

Es la segunda señal de descontento en menos de una semana. El martes pasado, trabajadores de la sección 35 del sindicato bloquearon la avenida Marina Nacional a la altura de la sede de Pemex, en Ciudad de México, para reclamar la reapertura de plazas para “basificar” a trabajadores transitorios. En enero, el director general de Pemex, Octavio Romero, anunció que la paraestatal empezaría el proceso de otorgar plazas de base a 17.000 trabajadores transitorios de acuerdo a criterios de antigüedad y dijo que esto se haría de manera transparente y gratuita. El anuncio no ha caído bien en el STPRM, que se ha sentido orillado.

Históricamente, los sindicatos han tenido la última palabra sobre quién ocupa las plazas de base. Así lo establece la ley y varios contratos colectivos, incluido el de Pemex, aunque ese origen legal “se ha desvirtuado”, señala Carlos Reynoso, catedrático en Derecho Laboral de la Universidad Autónoma Metropolitana. “Era una idea para proteger a los sindicatos y no para hacer un manejo de las plazas, incluso comercializándolas como ha llegado a suceder. En estricto sentido, el sindicato está pidiendo que se aplique la ley. En la práctica, muchos de estos mecanismos se han pervertido. A lo mejor esa no permisión del Gobierno tendría que pasar por una reforma la Ley Federal del Trabajo, y de los contratos colectivos”, dice.

El STPRM ha sido señalado en el pasado de vender las plazas de base, una práctica que este Gobierno afirma querer desterrar. En respuesta a las protestas recientes, el Ejecutivo ha acusado al sindicato de maniobrar para mantener el poder sobre las nuevas contrataciones y entregar las plazas a personas cercanas a los líderes. “Lo que no se puede ya, aunque haya campañas, es regresar a la venta de plazas, a permanecer eternamente en la dirección de un sindicato”, ha declarado este lunes López Obrador.

Es una lectura que comparten algunos trabajadores que se oponen a los actuales líderes del STPRM. Gregorio Roque, un empleado crítico con la dirigencia, reconoce que Pemex no está cumpliendo con el contrato colectivo. En lugar de suministrar mudas y zapatos dos veces al año, él ha recibido la dotación una vez al año en esta Administración. Sin embargo, el trabajador señala que el problema se arrastra desde 2012. “¿Por qué protestan ahora y antes no, cuando no se entregaba la dotación? El sindicato hace esta manifestación porque siente que se le va a ir el poder porque no va a negociar las nuevas contrataciones”.

El Gobierno ha buscado democratizar la vida sindical y forzar una renovación de los representantes, mediante reformas laborales que establecen el derecho de los trabajadores al voto libre y secreto. Pese a estas iniciativas, la votación para elegir al nuevo secretario general del STPRM se saldó en febrero con la victoria de Ricardo Aldana, identificado con el círculo del histórico cacique Carlos Romero Deschamps. Aunque López Obrador evitó valorar la elección en un primer momento, el presidente cargó la semana pasada contra los líderes “charros” que vivían “rodeados de privilegios”. “Eso ya no se permite y no les gusta. Al carajo todo esto”, declaró.

Fuente: El País

14 de octubre de 2021 Pandora Papers: Hijo de Romero Deschamps esconde riqueza en paraísos fiscales

Pandora Papers: Hijo de Romero Deschamps esconde riqueza en paraísos fiscales

Alejandro Romero Durán, hijo del exlíder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Romero Deschamps, compró acciones en una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas con la finalidad de adquirir bienes inmobiliarios, autos de colección, yates, antigüedades y joyas, revelaron los recién expuestos “Papeles de Pandora“.

En 2009, Alejandro Romero, uno de los tres hijos de el exsindicalista, contrató a Trident Trust para que ese despacho sirviera de custodio de las acciones de Steller Overseas Holdings Inc.. Esta firma había sido registrada en 2001 por Aramo Trust Co. Limited, también en las Islas Vírgenes Británicas. Tres años más tarde, en 2012, adquirió todas las acciones de la empresa, según muestra un reportaje de Univisión firmado por Claudia Ocaranza y Peniley Ramírez.

El diario español El País agregó que desde su incorporación a la firma, Romero Durán registró como parte de sus activos 10 propiedades establecidas en México.

Ambos medios señalaron que Romero Durán ha sido cliente de dos firmas que se dedican a la incorporación de sociedades offshore, y que tanto éstas como la mayoría de los bienes que ahora son revelados como parte de la investigación global “Pandora Papers“, “escaparon del radar” de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pese a que hizo un rastreo de las propiedades y cuentas bancarias de la familia del exlíder petrolero para denunciarlo ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Las investigaciones recuerdan que en 2009, cuando Romero Durán adquirió acciones de Steller Overseas, su padre era investigado por “el escándalo Pemexgate“, que reveló cómo se usaron fondos del sindicato dirigido por Romero Deschamps para la campaña presidencial del candidato del PRI Francisco Labastida en el 2000.

De acuerdo con Zorayda Gallegos, es una regla general que al abrir una compañía offshore, los parientes directos de este tipo de personajes suelen ser tratados como Persona Políticamente Expuesta (PEP), “categoría que obliga a los despachos a hacer una revisión más exhaustiva de los orígenes de los fondos o los bienes que se quiere poner a resguardo de una compañía opaca”, pero de acuerdo con los “Papeles de Pandora”, no hay indicios de que Trident hubiese realizado una investigación detallada sobre el origen de los ingresos de Alejandro Romero Durán.

Por ello, los despachos en las Islas Vírgenes Británicas no tuvieron problemas para poder cerrar tratos con el hijo del exlíder sindical. De hecho, los reportajes de El País y de Univisión muestran que en los papeles de contrato Romero Durán se presentó “comerciante” y aseguró que sus fondos provenían de los bienes que heredó de su abuelo paterno 26 años atrás. Sobre ese último punto se contrasta con las versiones que se conocen del padre de Carlos Romero Deschamps, a quienes los propios trabajadores petroleros conocieron en Tampico, Tamaulipas y que lo describen como una persona de origen humilde.

“Él era de una familia pobre, no eran pudientes, no eran petroleros. […] El señor era trabajador de donde pudiera, hasta ahí. Vivían en una barriada, no había casas lujosas”, expuso a El País un jubilado petrolero de 82 años identificado como Octaviano Hernández Martínez.

PROPIEDADES INVESTIGADAS

Steller Overseas Holdings es una firma creada en 2001 y posteriormente registrada por el despacho Aramo Trust Co. Limited en las Islas Vírgenes Británicas. En 2009, Romero Durán tomó parte del control de la misma al hacerse de 30 mil acciones, mientras que una mujer identificada como María Cristina Rosalía Cid Durán adquirió otras 20 mil, según explica la periodista Zorayda Gallegos en su investigación para El País. Ambos personajes firmaron un acuerdo con Trident Trust para que éste fungiera como custodio de sus acciones al portador, de las que ellos eran los beneficiarios. “Este tipo de acciones proporcionan uno de los niveles más elevados de secretismo, ya que no dejan rastro sobre la identidad del dueño real de una sociedad y por lo mismo han sido campo fértil para esconder dinero de negocios opacos o de carácter ilícito”, recalca la reportera.

En agosto de 2012, Romero Durán adquirió las acciones de Cid Durán y también las puso bajo resguardo de Trident. Alrededor de cuatro meses después solicitó al despacho que rescindiera su contrato de custodia para intercambiar las acciones al portador por acciones nominativas, donde figuraría él como titular, y una vez que el despacho le confirmó que el acuerdo de custodia había quedado cancelado (enero de 2013), el hijo del exlíder sindical solicitó hacer arreglos para que la empresa quedara inactiva, lo cual no se concretó, “ya que la firma sigue activa, según los documentos consultados en el registro mercantil de esa jurisdicción”, enuncia Gallegos.

Al menos cuatro de los 10 bienes que en 2009 quedaron bajo el resguardo de la offshore están registrados a nombre de Romero Durán, según los documentos recabados en los registros públicos de la propiedad.

Entre estas propiedades se encuentran un penthouse en la calle de Tres Picos en la zona de Polanco, Ciudad de México, que compró en octubre de 2007 por un costo de 6.2 millones de pesos mexicanos (más de 300 mil dólares al cambio actual), y sólo a dos kilómetros de ahí cuenta con otro departamento, en la calle Dante (colonia Anzures), por el que pagó 2 millones de pesos el mismo año (unos 100 mil dólares).

Además de esos inmuebles, hay una casa en Anaxágoras, en la colonia Narvarte; una casa en Cancún, Quintana Roo; cuatro residencias en el Estado de México; una casa en Salamanca, Guanajuato, y otra en Hidalgo.

De las 10 propiedades, solo dos son mencionadas en la denuncia de la UIF. Steller Overseas Holdings no es mencionada, añadió Univisión.

Según la UIF los Romero realizaron operaciones de compraventa de propiedades entre miembros para “dispersar activos que muy probablemente provengan de actividades no lícitas o que el beneficiario de todos esos inmuebles sea una sola persona”.

Fuente: Sin Embargo

10 de octubre de 2021 Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se dejó ver en un restaurante ni la burla perdona

Emilio Lozoya, ex director de Pemex, se dejó ver en un restaurante ni la burla perdona

A más de un año de no aparecer a la luz pública, este sábado se difundió en redes sociales varias fotografías donde aparece Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), disfrutando de una comida china supuestamente en Hunan, un exclusivo restaurante en Lomas de Reforma, Ciudad de México.

En una de las imágenes, tomada aparentemente desde la mesa contigua, se observa al ex funcionario condenado por participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, vistiendo un saco oscuro. Mientras que en las demás, se ve acompañado de tres mujeres y un hombre.

Fue la periodista Lourdes Mendoza quien publicó las imágenes, asegurando que el ex funcionario miente al juez civil de estar arraigado, gracias a la protección de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero.

“Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre Emilio Lozoya y la FGR. Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la que está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna”, agregó Mendoza en otro tuit.

Sin embargo, hay que mencionar que en julio de 2020 a Lozoya Austin se le dictó una sentencia de libertad condicional, con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el Reclusorio Norte de la capital dos veces al mes a firmar y controlado con un brazalete electrónico.

Y es que a pesar de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, el ex director de Pemex negoció con la FGR para convertirse en testigo colaborador del Ministerio Público y aportar información que lleve a sancionar a altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos, actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante administraciones anteriores.

Es aquí donde es clave Lourdes Mendoza, pues en su declaración Lozoya Austin la acusó de recibir un bolso de la marca Chanel por parte de Luis Videgaray Caso, ex secretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto.

Por ello, en las redes sociales se empezó a etiquetar y señalar a Mendoza Peñaloza como Lady Chanel en referencia al supuesto bolso comprado que según Lozoya ella mandó a decir que “se veía muy guapa”. Además del reclamo al exigir pagar la colegiatura de su hija, ya que “la empresa que la ayudaba con ese tema siempre se retrasaba”.

En la filtración del texto de 63 hojas, Lozoya Austin habla del acontecimiento como un “reflejo del abuso sistemático que se ejerció a escala gubernamental”, ya que el accesorio fue comprada entre USD 4,000 y 5,000 en una tienda de Polanco.

Pero la periodista rechazó los señalamientos y expreso que iba proceder jurídicamente: “Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya. Mis columnas hablan por mí, por mi hija, mi trabajo y mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y demandaré”, publicó en Twitter.

Como era de esperarse, las fotografías de Lozoya causaron indignación en las redes sociales y muchos se refirieron a la falsa promesa del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acabar con la corrupción e impunidad.

“Lozoya paseándose, dejándose ver, haciendo vida social… es la imagen del cinismo, la corrupción y la procuración de justicia fallida”, “¡Vaya caradura! Y la FGR persiguiendo científicos”, “Che güey pobre, no como El Chapo que sus guarros te quitaban el celular antes de que entrara al restaurante y te invitaban la cena”, “El pacto de impunidad solo cambió de nombres y de apellidos, de beneficiarios… y de engañados, los que le creyeron”, se lee entre las reacciones.

 

6 de octubre de 2021 REPORTAJE: Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex

REPORTAJE: Las riquezas ocultas en paraísos fiscales de los contratistas de Pemex

Los Papeles de Pandora han dejado al descubierto las riquezas ocultas de los grandes contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). La última filtración a la que ha tenido acceso el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) revela cómo los dueños de cuatro grandes proveedoras de la petrolera abrieron sociedades en paraísos fiscales y movieron millones de dólares en estructuras opacas, al mismo tiempo que recibían millones de pesos de las arcas públicas. El dueño de Oceanografía, Amado Yáñez Osuna, creó una empresa para comprarse un lujoso yate en 2012, tras alcanzar su auge empresarial en México. Al igual que el presidente de Grupo R, Ramiro Garza Vargas, que abrió dos empresas en 2001 para comprar dos yates de lujo. Fabián Narváez Tovar, director de Administradores Navieros del Golfo, desplegó una red de entidades entre 2010 y 2018 para adquirir bienes raíces y embarcaciones. O los fundadores del consorcio Blue Marine, que operaron durante el sexenio pasado una compleja estructura que abarcaba desde ahorros personales a inversiones en varios países.

Entre los principales contratistas de Pemex que aparecen en los documentos está Amado Yáñez Osuna, accionista de Oceanografía, una empresa que protagonizó uno de los casos de fraude más grandes en México. En los sexenios de Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012), Yáñez —que asumió el control de la firma desde finales de los noventa—, la compañía logró obtener un centenar de contratos por 38.493 millones de pesos —unos 1.940 millones de dólares al cambio de hoy—, para una diversidad de servicios, como reparación y mantenimiento a plataformas marinas, de acuerdo con una recopilación hecha en las plataformas de transparencia.

La empresa mexicana, que fue fundada por el padre de Yáñez en 1968, aprovechó el boom petrolero en el sureste del país y se afianzó como una de las principales proveedoras de Pemex. Tras el descubrimiento de Cantarell—el yacimiento que fue durante más de dos décadas el principal proveedor de crudo del país— la compañía se convirtió en pionera en el aprovechamiento del mercado petrolero abierto. Con oficinas centrales en Ciudad del Carmen, el epicentro petrolero en México localizado en Campeche, la firma llegó a contar con instalaciones en Tabasco y Veracruz y a tener en nómina a 11.000 empleados.

Antes de que Oceanografía cayera en desgracia por acusaciones de fraude, su principal socio, Amado Yáñez, acudió al despacho Trident Trust para que sus agentes lo ayudaran a crear una empresa en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. El 23 de mayo de 2012 se registró la estructura Cavallino Di Mare LTD, donde él quedó como único dueño y Leonardo Olavarrieta Tinaco —director adjunto de Oceanografía— fue nombrado apoderado. Los fondos de la sociedad provenían de las acciones transferidas como pago de una deuda.

El 1 de junio de 2012 la empresa adquirió un “yate de placer” llamado Cavallino di Mare, construido en Italia y de una extensión de 19 metros de eslora por 5 metros de manga máxima. Esta maniobra le permitió resguardar la embarcación sin que su nombre apareciera como propietario del bien. Mientras tanto, en México, Oceanografía firmó ese mismo mes un contrato de 309,3 millones de pesos con Pemex para apoyar en la perforación de pozos y brindar mantenimiento a las plataformas apostadas en el golfo de México.

El declive de la naviera comenzó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En 2013 el órgano interno de control detectó que la empresa había entregado cartas de fianza por debajo del mínimo requerido en nueve contratos. El 11 de febrero de 2014, finalmente, la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a la compañía por 21 meses y la multó con 24 millones de pesos. Unas dos semanas después, policías tomaron las instalaciones de la empresa en Campeche y la dejaron bajo resguardo de la autoridad. La entonces Procuraduría General de la República (PGR) informó que la intervención a Oceanografía se debía a un fraude cometido en perjuicio de Banamex.

El mismo día en que la empresa fue asegurada por las autoridades, Citi Group dio a conocer que su subsidiaria Banamex había otorgado un crédito a Oceanografía por alrededor de 585 millones de dólares respaldado por cuentas por cobrar a Pemex. Sin embargo, tras una revisión descubrieron que muchas de las facturas que presentó la empresa eran falsas. En octubre de 2014, Yáñez Osuna fue arrestado y encarcelado. Un mes después —mientras estaba preso en un reclusorio de la Ciudad de México— el yate fue puesto en venta. En Campeche, cientos de trabajadores seguían reclamando el pago de sus salarios y otras prestaciones.

La embarcación fue adquirida por los empresarios Rodrigo Madero Covarrubias y Mario Ganon Lugardo, con domicilio en San Antonio, Texas; y Jaime García García, con dirección en San Pedro Garza, Nuevo León, según un archivo de Trident Trust fechado en octubre de 2015. En el mismo documento se especifica que Yáñez Osuna ha sido dado de baja como miembro y director de la offshore. La transacción se concretó meses antes de que Oceanografía fuera declarada en quiebra. En abril de 2017 Amado Yáñez fue liberado para llevar el proceso judicial en libertad tras pagar una fianza y diez meses después un juez ordenó devolver la naviera a su dueño.

En respuesta a un cuestionario enviado para esta investigación, el apoderado legal de Oceanografía, Jorge Betancourt Méndez, explicó que la empresa offshore se creó solo para adquirir el yate que tuvo un costo de 1,6 millones de euros y que es el único activo que posee. “La embarcación se construyó en la Comunidad Europea, por lo que el registro tanto de la propiedad como el abanderamiento se realizó en Islas Vírgenes Británicas debido a que las pruebas y navegación en aguas europeas son necesarias para la entrega del barco”, detalló. Además, destacó Betancourt Méndez, posteriormente la embarcación fue importada para que navegue en aguas nacionales. “En este caso se pagaron todas las obligaciones legales y financieras, de acuerdo a ley aduanera y marítima de México”, señaló. La empresa, aseguró, pagó sus impuestos y obligaciones correspondientes y nunca contó con cuentas bancarias.

El aliado de Oceanografía que pagaba la nómina de sus empleados

Los Papeles de Pandora también arrojan luz sobre seis empresas en paraísos fiscales vinculadas a Fabián Narváez Tovar, un empresario aliado de Amado Yáñez y director de dos compañías mexicanas que han sido señaladas de pagar la nómina a los empleados de Oceanografía. Tres de las seis sociedades offshore establecidas entre 2010 y 2018 para diversos fines como la compra de propiedades y la gestión de inversiones habían salido a la luz en 2016 en el marco de los Panamá Papers. Desde entonces la figura de Narváez Tovar cobró notoriedad en México. Proceso, el medio mexicano que participó en la investigación global, dio a conocer entonces que entre 2011 y 2014 —después de registrar Fasana Corp, con la que compró un departamento en Miami— creó en Florida empresas espejo a la establecida en el paraíso fiscal y a la mexicana Grupo Impulsor del Sur SA de CV (Grimsur).

Grimsur, una firma constituida en 2007 en Ciudad del Carmen, era una de las empresas encargadas de pagar la nómina de más de 4.000 empleados de Oceanografía, según la publicación de Proceso. La firma de Narváez Tovar, al igual que otras empresas que eran subcontratadas por la naviera, simulaban los pagos al Instituto Mexiano del Seguro Social (IMSS) y al Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit). Esta maniobra le permitió a la naviera esquivar sus obligaciones fiscales. En febrero de 2014 Grimsur fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que simulaba sus operaciones y fue incluida en los listados de empresas fantasma. Tres meses después, justo cuando la situación para sus negocios comenzaba a complicarse en México, Narváez Tovar buscó la ayuda de un despacho para constituir dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas, donde él figuró como único accionista y director.

Las compañías a las que denominó CR 702 Holding Assets Ltd y PB 1803 Asset Holding Ltd fueron creadas en mayo de 2014 con el propósito de adquirir propiedades residenciales y otras inversiones en Florida. “La empresa no tiene ningún activo y no se dedica a ningún negocio u operación”, quedó asentado en uno de los documentos que forma parte de la filtración. En febrero de 2018, cuando cambió de agente registrado, el empresario señaló que el origen de los fondos de sus dos entidades provenía de su sueldo como gerente de Administradores Navieros del Golfo.

Navaéz Tovar está ligado al menos a siete empresas en México. Aunque éstas no obtuvieron contratos directamente de Pemex, algunas de sus firmas —como Gimsur y Administradores Navieros del Golfo— prestaron servicios de gestión de embarcaciones, administración de personal y operación de plataformas petroleras a empresas contratistas de Pemex como Oceanografía. Exempleados de las compañías vinculadas al empresario han emprendido desde hace al menos cinco años diversas demandas en tribunales, donde señalan violaciones a sus derechos laborales. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Campeche ha denunciado que Administradores Navieros fue creada para fungir como una “outsorcing” que llevaba el control de las nóminas de Oceanografía; esto le ayudaba a esquivar las demandas de los empleados.

Otra de las empresas de Narváez Tovar que sale a la luz como parte de los Papeles de Pandora es Dreema Holdings Limited, creada el 31 de octubre de 2018 con el propósito de adquirir un buque de 7,4 millones de dólares que pertenecía a Toisa Limited, una naviera del magnate griego Gregory Callimanopulosy. La embarcación fue vendida tras un juicio en una corte de Estados Unidos después de que la empresa cayera en bancarrota. El buque, que es similar al que aparece en la flota que muestra Administradores Navieros del Golfo en su web, está destinado a realizar operaciones marinas en la industria del petróleo y el gas. El origen del dinero con el que se adquirió el bien es un crédito con el CI Banco. Unos meses antes de crear Dreema Holdings, la mexicana Administradores Navieros del Golfo firmó un contrato con Pemex por 6,2 millones de dólares para el servicio de transporte de materiales, equipos y líquidos.

Los yates del presidente de Grupo R

El presidente de Grupo R, el gran contratista de Pemex, aparece también en los Papeles de Pandora. José Ramiro Garza Vargas, hijo de Ramiro Garza Cantú —fundador del conglomerado dedicado al sector energético—, es propietario de dos compañías radicadas en el paraíso fiscal de Guernsey, una isla del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la corona británica. La sociedad Thornby Limited fue creada para comprar un yate de ocio de 3,1 millones de dólares, mientras que Gabriela Marine Limited fue abierta para adquirir otro de 314.000 dólares.

Garza Vargas es el único beneficiario de las entidades, creadas ambas el 23 de enero de 2001 a través del despacho Trident, con fondos provenientes de “salarios y beneficios de la empresa” radicada en México, según los documentos a los que ha tenido acceso esta investigación.

Un portavoz del empresario ha confirmado que las dos sociedades continúan activas, aunque ha asegurado que ya no tiene el yate registrado por Thornby Limited. “Fue vendido recientemente a 150.000 dólares debido a que sufrió daños por un huracán”, ha explicado. Además ha afirmado que las dos entidades fueron reportadas a las autoridades fiscales mexicanas. Consultado sobre por qué no puso los yates a su nombre, ha detallado: “Se optó por registrar ambas embarcaciones a nombre de dichas empresas porque en 2001, cuando se adquirieron, era la forma más simple de tener su propiedad”.

Grupo R fue fundado en los sesenta y desde entonces se ha consolidado como uno de los proveedores estrellas de la petrolera nacional. Solo entre 2003 y 2019, se llevó más de 80.000 millones de pesos en contratos, unos 4.000 millones de dólares, a través de cinco subsidiarias. Padre e hijo ya habían aparecido en los Panama Papers, en ese entonces por una compañía radicada en Andorra que tenía capital en otros cuatro paraísos fiscales.

Blue Marine, el proveedor investigado por fraude

Otro de los históricos proveedores de Pemex que ha quedado al descubierto es Blue Marine, un consorcio creado en 1998 por Antonio Juan Marcos Issa y los hermanos Juan y Alfredo Reynoso Durand. Desde sus inicios, la sociedad contaba con los mejores contactos en la paraestatal: Juan Marcos Issa fue asesor de tres directores de la petrolera durante los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En las últimas dos décadas, este grupo ha obtenido unos 9.200 millones de pesos —unos 460 millones de dólares al cambio actual— en contratos a través de seis subsidiarias, según una recopilación hecha en las plataformas de transparencia.

Los tres empresarios aparecen ligados en total a cinco estructuras offshore. Juan y Alfredo Reynoso Durand son beneficiarios de Lichter Trust, un fideicomiso familiar creado en mayo de 2002 en las Islas Vírgenes Británicas. Ambos aparecen ligados, además, junto con Juan Marcos Issa, a Blue Marine Offshore Ltd., una compañía creada originalmente en las Islas Vírgenes Británicas, pero relocalizada en Panamá en noviembre de 2016. Esa empresa estaba vinculada a tres cuentas bancarias en México y Suiza, que utilizaban para realizar inversiones, manejar las finanzas de las empresas y gastos personales, como un pago de 450.00 dólares a la galería de arte Carles Taché, en Barcelona.

Juan Reynoso Durand y su esposa, Ana Sofía Juan Marcos Cavazos, son propietarios además de una empresa radicada en las Islas Vírgenes Británicas bajo el nombre de Durand Inmobilere Inc. Un documento del despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), encargado del fideicomiso, detalla que la compañía se dedica al negocio de bienes raíces y los fondos proceden de “la actividad de los accionistas”. Según explica, la profesión de él es gestor de activos, mientras que ella es ama de casa. Cada uno es beneficiario en un 50% de las acciones de la empresa. Ambos fueron directores de la entidad entre septiembre de 2009 y agosto de 2014.

Consultados sobre estas estructuras offshore, los hermanos Reynoso Durand han defendido que se trata de una herramienta “perfectamente legal” y que siempre reportaron las estructuras ante las autoridades fiscales correspondientes. “Todas las operaciones comerciales en las que nuestras empresas han participado son lícitas, transparentes y están registradas ante las distintas instancias legales”, han respondido en un comunicado en conjunto. “Lo hicimos respetando las legislaciones y normatividad aplicables, con fines estrictamente administrativos, cumpliendo por tanto con la legislación de nuestro país y del extranjero”.

El caso Blue Marine lleva al menos una década de discusión en México. El consorcio ha recibido a lo largo de los últimos años múltiples señalamientos de fraude y colusión con el poder político. Hasta el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha denunciado la relación preferencial que tenía la paraestatal con esta sociedad. Gran parte del dinero que recibió el consorcio de la petrolera fue por arrendamientos de buques. Una de esas operaciones, por el arrendamiento de cuatro buques en 2006, presentó irregularidades que terminaron siendo investigadas por la Función Pública en 2014. La dependencia inhabilitó por esa contratación a 14 funcionarios por considerar que “manipularon la licitación y contrataron con sobreprecio”.

Uno de los escándalos más grandes que tuvo Blue Marine en su relación con Pemex fue el incendio en septiembre de 2016 de un buque que la empresa había rentado a la petrolera. La paraestatal se hizo cargo de los millonarios daños económicos, lo que levantó ampollas entre la oposición. Menos de un año después de la quema de la embarcación, el grupo empresarial consolidó su expansión y se convirtió en el Grupo Industrial Durandco, según detalla su sitio web. Blue Marine Offshore Ltd. a su vez autorizó el pago de dividendos sobre las millonarias ganancias acumuladas. Ese año, Juan Marcos Issa se llevó 6,6 millones de dólares, Juan Reynoso unos 12 millones, y su hermano Alfredo, unos ocho.

Los hermanos salieron ese año de Blue Marine Offshore Ltd. y dejaron a Juan Marcos Issa como único beneficiario. En la filtración aparecen otras tres empresas, Rendor Overseas SA en Panamá, Dyad Portfolio Ltd. y Almond Blossom en las Islas Vírgenes Británicas, en las que Juan Marcos Issa aparece como único accionista. Las dos últimas fueron utilizadas para manejar una sociedad en los Países Bajos, Calvi Shipping, que prestó 28,5 millones de dólares a Oceanografía, de Amado Yáñez, y manejó millones de dólares de las filiales mexicanas de Blue Marine. En junio de 2018, el despacho que manejaba todas las entidades emitió una alerta interna, registrada en una serie de correos, donde pedían monitorear a Juan Reynoso Durand por acusaciones de lavado de dinero y solicitó no brindarle el servicio para abrir nuevas sociedades.

Pese a las históricas denuncias del saqueo a Pemex que hicieron los miembros del actual Gobierno, al menos Blue Marine y Grupo R siguieron recibiendo contratos en la Administración de López Obrador. Armar este tipo de estructuras offshore y utilizarlas para comprar yates o propiedades no es ilegal. Sin embargo, los expertos también advierten que hay casos donde pueden ser utilizadas para encubrir actos ilícitos. “Puede que los recursos para comprar el yate provengan de evasión fiscal o de actos de corrupción, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ahí ya es lavado de dinero propiamente”, explica Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal. Los servicios que ofrecen estos paraísos fiscales priorizan la máxima secrecía y operan con unos complejos esquemas diseñados para esquivar a las autoridades fiscales.

Andrea Cárdenas (Quinto Elemento Lab), Mathieu Tourliere (Proceso), Peniley Ramírez y Claudia Ocaranza (Univisión) colaboraron en la elaboración de este reportaje.

26 de agosto de 2021 Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Es acusado Carlos Treviño exdirector de PEMEX por  lavado de dinero

Un juez federal citó a Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a una audiencia inicial para escuchar la imputación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.

Fuentes judiciales confirmaron que la audiencia está programada para este miércoles a las 14:30 horas en el Centro de Justicia Penal Federal Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México

La acusación contra Treviño, quien fue sucesor de José Antonio González Anaya en Pemex, derivó de la denuncia presentada el 11 de agosto de 2020 por el también exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya.

La carpeta fue judicializada este lunes por la FGR y en ella señaló que, según los dichos de Lozoya, el exdirector de Pemex recibió sobornos para la aprobación de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.

Además de la denuncia de Lozoya, existe una segunda denuncia en su contra derivada de las declaraciones de Norberto Gallardo, jefe de escoltas de Lozoya, quien dijo que él llevó personalmente 4 millones de pesos a Treviño hasta Tecamachalco, Estado de México.

Estos elementos fueron mencionados por la FGR para solicitar al juez la fecha y hora de la audiencia inicial para proceder contra Treviño.

Información de El Universal.

25 de junio de 2021 Acusan corrupción e influyentismo en Pemex, usan a la Guardia Nacional para amedrentar

Acusan corrupción e influyentismo en Pemex, usan a la Guardia Nacional para amedrentar

Trabajadores de Exploración y Producción (PEP) denunciaron actos de corrupción influyentismo presentados en los últimos años; mismos que expresan, les ocasionan preocupación debido a la indiferencia del Gobierno Federal.

“En dos años, hemos tenido al frente de la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción (SASEP) a dos funcionarios sin la preparación, experiencia ni capacidad para coordinar exitosamente el corazón de PEP, donde se manejan la mayoría de los casi 290 mil millones de pesos de presupuesto”.

El grupo de trabajadores denunció que Abraham David Alipi Mena, nombrado hace cuatro meses director general del Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas), brilló por su somnolencia, así como por sus actos de corrupción.

Asimismo, que la nueva responsable, Paola Elizabeth López Chávez, ejecuta actos de influyentismo y prepotencia; mismos que atemorizan por su despliegue cotidiano de seguridad con elementos de la Guardia Nacional.

En ese sentido, el grupo urgió a difundir la información, ya que hay personal que ha sido presionado por parte de Paola elizabeth, amenazando que “nos preparemos para la llegada de más personal que ‘militarizará’ PEP como ‘cabeza de playa’ para controlar PEMEX-“.

23 de junio de 2021 Los chapulines de AMLO-4T

Los chapulines de AMLO-4T

Como chapulines, brincan de tener un sueldo de 37 mil pesos, a uno de 100 mil pesos mensuales. ¿No qué eran diferentes? Esto también ocurre en los tiempos de la 4T.

Más allá del sueldo, más allá de lo que ganen o dejen de ganar los integrantes de MORENA, se está observando que jóvenes pasan de ser ayudantes a tener puestos de gerencia o dirección en diferentes dependencias de gobierno.

Uno de los casos más sonados es el de Arlette Silva Magaña, quien anteriormente le abría paso a AMLO en sus mitines, ahora es gerente de Contrataciones y Proyectos en Pemex.

Insistimos, más allá del sueldo que ahora percibirá, la pregunta es: ¿Tiene Arlette Silva la capacidad y experiencia para este puesto?

La experiencia de Arlette, antes de ser asistente de la logística de AMLO, era asesora de personal en Pemex en la revisión de contratos y servicios de construcción de ductos.

Tiene una licenciatura en Ingeniero Electrónico por el Instituto Tecnológico de Veracruz.

Ahora, tiene un “comisión” en el piso 18 de la Torre de Pemex en la CDMX.

Desde ahí, coordinará los trabajos relacionados con la colaboración, implementación y evaluación de las estrategias de contratación en el Sistema Nacional de Refinación.

En tan solo 4 meses, Arlette Silva ha autorizado 31 contratos por un monto de 551.3 millones de pesos.

Lo anterior, para las refinerías de Minatitlán, en Veracruz: Salina cruz, en Oaxaca, y Cadereyta, en Nuevo León.

Pero éste, no es el único caso. Existen más.

Hay más casos que han pasado de cuidar al presidente durante sus giras de fin de semana, recibir regalos u organizar la logística, a puestos directivos.

Por ejemplo, Ángel Carrizales, quien ahora se desempeña como Titular de la Agencia de Protección al Ambiente (Asea).

También tenemos el caso de Octavio Almada Palafox, actual Titular de Conapesca.

Paloma Aguilar, ahora se desempeña como Administradora General de Recursos y Servicios del SAT.

José Antonio Zamora Gayosso, es ahora Subdirector de Conagua.

¿Tú qué piensas? ¿Consideras que cumplen con los perfiles para cubrir este tipo de plazas?

28 de mayo de 2021 Moody’s baja calificación a refinería Deer Park tras ser adquirida por Pemex

Moody’s baja calificación a refinería Deer Park tras ser adquirida por Pemex

Moody’s bajó la calificación a la refinería Deer Park, de Baa3 a Baa2, luego de ser adquirida por Petróleos Mexicanos (Pemex), con la expectativa de que la recuperación total en las ganancias de la compañía y el perfil de apalancamiento se extienda más allá de 2021.

A la espera de que finalice la transacción, la calificadora prevé que la refinería estadunidense administre sus necesidades de liquidez y refinanciamiento este año, incluida una línea de crédito renovable de corto plazo por 130 millones de dólares que vence en junio con ingresos de los préstamos de los socios.

«La revisión para la baja de las calificaciones de Baa3 refleja aún más la expectativa de Moody’s de que luego de la venta, las calificaciones de Deer Park serán impulsadas principalmente por su dinámica crediticia independiente y el perfil crediticio mucho más débil de Pemex”, apuntó Moody’s.

“La calificación Baa3 aún se beneficia de una mejora de calificación de varios niveles, que está principalmente vinculada a Shell y también tiene en cuenta varios acuerdos de mejora crediticia, incluidos préstamos para accionistas y acuerdos de respaldo de liquidez, comprometidos tanto por Shell como por Pemex», abundó.

La revisión de las calificaciones –añadió– evaluará las enmiendas en los términos del compromiso con Shell, incluida la adquisición y venta de materias primas y productos de refinación por parte de Deer Park, que en la actualidad se gestiona a través de Shell.

También se evaluará la nueva estructura de capital y las provisiones de liquidez, luego del cierre de la venta, la política financiera bajo la propiedad total de Pemex y el apoyo esperado de la empresa y el gobierno de México.

20 de mayo de 2021 Los gasolineros ya esperan el regreso del poder monopólico de Pemex

Los gasolineros ya esperan el regreso del poder monopólico de Pemex

Roberto Díaz de León, presidente de la Onexpo, dice que la eliminación de la regulación asimétrica a la estatal llevará a un alza de los precios de las gasolinas y un freno al desarrollo del sector.

Los empresarios gasolineros ya avizoran un mercado de combustibles de nueva cuenta dominado por la estatal Pemex y en el que la competencia se determinará por la capacidad de los participantes privados para hacer cara a la nueva realidad del sector, marcada por los cambios para fortalecer a la petrolera.

El gobierno federal hizo oficial, con la publicación ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la reforma al artículo décimo tercero transitorio de la Ley de Hidrocarburos, la eliminación de una serie de reglas impuestas a la compañía estatal tras la reforma energética, y que tenían como objetivo dar paso a la entrada de nuevas empresas al mercado de combustibles y limitar el poder monopólico de la estatal.

Roberto Díaz de León, el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), el principal organismo representante del sector gasolinero, admite que las compañías privadas ya esperan de nuevo un mercado monopólico liderado por Pemex. Y con esto, señala algunas posibles consecuencias como precios de los combustibles al alza y un freno al desarrollo de infraestructura.

“Nosotros advertimos un riesgo con este decreto ya promulgado, que es la reconcentración de funciones, cuyo efecto pudiera ser la configuración de un mercado monopólico de petrolíferos, esto es, que la empresa productiva del Estado vuelva a capturar de manera ilimitada el mercado de los petrolíferos en la parte principalmente que a nosotros nos impacta, que son las gasolinas y el diésel”, dice. “No podemos perder de vista las posibles consecuencias de un mercado monopólico y por eso necesitamos seguir trabajando con reglas claras y piso parejo”.

Las intenciones de la administración federal han sido claras desde el inicio del sexenio, y el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha desistido en su intento por fortalecer a Pemex en los mercados en los que ahora participan compañías privadas, principalmente en el de venta de gasolinas. Y ahora, con un cambio de regulación, los gasolineros privados comenzarán a enfrentarse a un mercado en el que la petrolera estatal ya no tendrá reglas rígidas en su operación, como lo fue tras la entrada en vigor de la reforma energética y que les permitió un acceso más sencillo al mercado.

Con la entrada en vigor del acuerdo, Pemex estará sujeta a reglas más laxas para comercializar gasolinas, diésel y otros petrolíferos. Por ejemplo, ya no deberá publicar el precio en que vende la gasolina a los comercializadores, podrá poner condiciones en sus ventas y sus contratos con clientes ya no deberán de ser revisados por la Comisión Reguladora de Energía.

Y con esto, las compañías privadas se enfrentarán a un nuevo escenario y una dinámica de mercado hasta ahora desconocida, en el que deberán ajustar sus estrategias comerciales y convencer con mayores argumentos a sus clientes para hacer frente a las ventajas que tiene Pemex como agente preponderante, dice Díaz de León.

El cambio ya era esperado, aunque sí tomó por sorpresa a una fracción del sector gasolinero. El discurso presidencial ya hacía preámbulo a los cambios y la regulación, que emana de la reforma de 2013, y afirmaba que la serie de reglas rígidas a Pemex se quitarían una vez que el mercado fuera suficientemente maduro para que las empresas pudieran competir sin problema con el gigante estatal.

“No nos debiera de extrañar porque ha sido parte del discurso presidencial, desde el principio el presidente ha mencionado en diferentes ocasiones y en diferentes momentos la intención de fortalecer a Pemex y esto tiene como consecuencia un fortalecimiento de Pemex”, menciona el representante gasolinero. “En su lógica, tienen razón, ya que se dio oportunidad a los privados de invertir en infraestructura, y hoy que Pemex ya ha perdido participación importante en el mercado, quiere capitalizar al máximo su infraestructura. Lamentablemente hay algunas empresas que no tuvieron la visión de desarrollar infraestructura y ahí serán poco competitivos».

Pero algunos consideran que el cambio sí llegó antes, sin un mercado maduro y con compañías privadas que aún no afianzan del todo su presencia en el sector y que los cambios sólo devolverán a la estatal al centro del mercado.

La ley establecía que Pemex debía de ser eximida de estas reglas hasta que al menos 30% del mercado de gasolinas y diésel estuviera en manos de compañías privadas, pero hasta el inicio de este año las empresas distintas a Pemex sólo sostienen el 19% de la comercialización de gasolinas y el 29% del diésel, de acuerdo con la Comisión Federal de Competencia, que se ha opuesto a la medida impulsada por Manuel Rodríguez, el presidente de la Comisión de Energía de Diputados.

Las nuevas reglas ya han sido echadas a andar desde ayer miércoles, aunque éstas, como el resto, corren el riesgo de ser suspendidas si es que compañías del sector deciden ampararse y los jueces optan por dar razón a los privados.

Este es el segundo cambio que los participantes del mercado de hidrocarburos enfrentan en menos de un mes. El primero, una reforma desde el ejecutivo que aumenta las variables para cancelar un permiso, ya fue detenida por jueces especializados en competencia.

En tanto, los gasolineros, dice el representante de Onexpo, continúan un diálogo con el gobierno federal para aclarar una serie de puntos que han traído más incertidumbre al sector. Los empresarios del sector buscan resolver algunos puntos como la capacidad de almacenamiento de combustibles –que se ha impuesto como un requisito para dar nuevas autorizaciones, pero que pocas compañías podrían cumplir–, las razones de suspensión y revocación de permisos –con los cambios se incluyen cancelación de autorizaciones por seguridad nacional y seguridad energética– y el trato que se la dará a la inversión que fue comprometida antes de la emisión de las nuevas reglas.