“Nos los vamos a chingar” es una de las célebres frases de Paco Ignacio Taibo II el titular del Fondo de Cultura Económica y quizás también es la frase que usan sus sobrinas al cobrar salarios de hasta 83 mil pesos en el gobierno Federal y de la CDMX.
De acuerdo con información de transparencia publicada en Twitter por el usuario @AlephBio, Maria Roxana Saiz Fernández y Mariana Saiz Fernández, sobrinas carlanes de Paloma Saiz Tejero, esposa de Taibo II, ocupan altos cargos en la 4T.
Por su parte María Rozana Saiz Fernández, es la Coordinadora de la Junta de Asistencia Privada de la CDMX con Claudia Sheinbaum y ahí cobra 79 mil 500 pesos mensuales.
A su vez, Mariana Saiz Fernández, fue “Asesora y Jefe de Unidad Departamental en el Tribunal de Justicia Administrativa de la CDMX” durante el gobierno de Miguel Ángel Mancera. Estuvo casada con el exdiputado federal Porfirio Muñoz Ledo y fue aspirante a una candidatura plurinominal por el partido Movimiento Ciudadano.
De las dos, María Roxana es quien ha ocupado un mayor número de puestos lucrativos.
“Ocupó un puesto en la Subdirección de Divulgación y Logística-INAI (2019-2020) percibiendo un sueldo bruto mensual de $65,671.18, Prima Vacacional Semestral por $21,890.39, Gratificación Compensación Anual por $83,711.06, entre otras prestaciones”, informa el tuitero.
Se dio a conocer que Argel Ramírez Reyes, hermano del politólogo de afiliación morenista, Gibrán Ramírez, también recibió más de 3 millones de pesos en el Conacyt en la actual administración.
Lo anterior de acuerdo con información disponible en el Portal Nacional de Transparencia, en donde se establece que Argel recibió del Conacyt un total de 4 millones 944 mil 564 pesos entre 2017 y 2021.
Los beneficios para Argel comenzaron con Enrique Peña Nieto. De igual manera que con Mariana Imaz Sheinbaum, hija de Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la Ciudad de México.
No obstante, Argel ya con Andrés Manuel López Obrador obtuvo un total de 2 millones 493 mil pesos. Y para el ejercicio de 2021 y 2022 se le entregó otro millón 166 mil pesos.
Cabe destacar que también de acuerdo con información del Portal de Transparencia, tanto la hermana como el padre de Gibrán Ramírez Reyes ocupan cargos en la Administración Pública. La hermana, Arlen, es asesora pedagógica en la Autoridad Educativa Federal.
Esta información fue revelada por la cuenta de Twitter de @Alephbio, en donde regularmente se dan a conocer datos de transparencia y corrupción.
Cabe destacar que a través de redes sociales Argel denunció que el Conacyt ya no cubrirá sus estudios por un quinto año.
Mientras que el gobierno de Chiapas anda en friega viendo cómo mover vacunas contra el COVID-19 a comunidades de difícil acceso, Elvia Martí, esposa de un funcionario del IMSS de la entidad, aprovechó para dar la vuelta en un helicóptero de Protección Civil… pos nomás, para grabar unos videos para sus redes.
Triste el uso de la aeronave… y más porque, de hecho, Iván Tornell Castillo, esposo de la supuesta influencer, es identificado como responsable de coordinar traslados en el Plan de Refuerzo de la Vacunación contra Covid-19 en la entidad.
Elvia Martí vio burro y quiso viaje: aprovechó que uno de los helicópteros que su esposo utiliza en su chamba iba a entregar vacunas y se trepó… ya después parece que pidió dar una vuelta por el Cañón del Sumidero. “Tonta sería si estando aquí, no me tomo mis respectivas fotos y videos”, escribió la muy… lista en una de las publicaciones que subió a sus redes sociales… las cuales, claro, ya fueron dadas de baja.
El helicóptero en que viajó la influencer forma parte del equipo de Rescate Protección Civil. Se trata de un Bell 407 con matrícula XC LLO. Además, la esposa del funcionario habría hecho uso del hangar del Gobierno del Estado de Chiapas.
Protección Civil pide a IMSS investigar mal uso de helicóptero
Tras tener conocimiento de los videos de Elvia Martí, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas condenó el mal uso de los recursos del Estado y exigió al director general del IMSS, Zoé Robledo, que se realice la investigación correspondiente para, así, poder sancionar a los servidores públicos responsables.
“Emitimos un extrañamiento fuerte para el personal del IMSS que se aprovechó de ir a bordo de una aeronave oficial para realizar imágenes recreativas y difundirlas en sus redes sociales personales”, señala el comunicado de Protección Civil de Chiapas.
Aunque no es funcionaria, Elvia Martí ha aparecido en spots del IMSS-Chiapas:
Según dicho comunicado, la influencer viajó durante un traslado aéreo de fármacos que se utilizan para atender la emergencia sanitaria por COVID-19… Y muchos dirán “ay, pues qué les quita… la niña quería ver qué se siente volar”… sin embargo, dadas las circunstancias, para los de Protección Civil no debe de haber nada ajeno al operativo que afecte la realización de éste… por ejemplo, una influencer posiblemente desviando la ruta (recordemos que las vacunas contra el COVID-19 son de requieren manejo delicado).
“El Gobierno de Chiapas reitera que en esta administración las aeronaves oficiales están para el uso exclusivo de tareas relacionadas a la Protección Civil, Salud y Seguridad, siempre buscando el beneficio directo de la población. Atrás quedaron aquellos tiempos donde los aviones y helicópteros se utilizaban para viajes recreativos de funcionarios”, concluye el comunicado.
La gesta obradorista está plagada de historias de “éxito”. En una colonia popular de Ecatepec, un estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala constituyó, en diciembre de 2019, una empresa para dar servicio de consultorios: Corporativo Médico Community Doctors.
Su negocio no registró operaciones comerciales de ningún tipo durante nueve meses. No aparecía en el directorio telefónico, no contaba con sitio web y ni siquiera con una página de Facebook. Lo más que había hecho Bruno Alejandro López, el pasante de medicina en cuestión, era marcar el domicilio y teléfono de su empresa en Google Maps.
No obstante, inesperadamente, su marca suscitó el interés de inversionistas. En agosto de 2020, Bruno cedió el control accionario a nuevos socios, quienes, a su vez, en febrero de 2021, revendieron su participación en la empresa, la cual, en realidad, no había puesto aún ningún pie en el mercado.
Pero un mes después de esa última transferencia accionaria, Community Doctors consiguió un contrato de más de 500 millones de pesos con el gobierno federal, y entonces sí apareció su sitio web, en donde presume sociedades comerciales con las más importantes firmas hospitalarias y farmacéuticas del país.
Pues el contrato que habían pescado era nada menos que por el servicio médico para fideicomisarios y derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural, contratado por Nacional Financiera (Nafin).
Los visionarios inversionistas que compraron las acciones de Bruno no eran sino dos ejecutivos de Grupo Empresarial Atlantis, una firma cuya división sanitaria, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, también ha facturado cientos de millones de pesos con la administración obradorista.
EL FUNDADOR
El 14 de diciembre de 2019 fue fundada en Ecatepec la empresa Corporativo Medico Community Doctors. El acta constitutiva consigna dos socios, uno de ellos es poseedor de sólo una de las acciones (capital fijo), el otro, de 99 de ellas (capital variable). Cada acción tiene un valor de mil pesos. Lo curioso es que los dos socios son la misma persona: Bruno Alejandro López Ponce. Es decir, es socio de sí mismo.
El documento consigna como objeto de “la sociedad” la comercialización del servicio de “consultorios del sector privado para el cuidado de la salud”.
A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de documentos patrimoniales de esta naturaleza, la versión pública del acta constitutiva de Community Doctors omite datos básicos sobre la identidad de su fundador (incluso Curp).
Sin embargo, el nombre de Bruno Alejandro López Ponce sólo aparece ligado en registros públicos a quien en esa fecha era un estudiante de medicina de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala (UNAM).
El acta señala el domicilio de la empresa en la colonia Calos Hank González, en Ecatepec. Se trata de una inmensa zona popular asentada sobre 150 hectáreas densamente pobladas, en ese municipio del estado de México.
En el predio señalado hay una humilde vivienda resguardada por una fachada de mampostería y franqueada por plantas en cubetas desechadas y en macetones de cemento. En el interior puede advertirse una sucesión de cuartos techados con láminas de asbesto y fibra de vidrio.
EL NUEVO DUEÑO
“La firma” no tuvo actividad comercial, ni dejó rastro de movimiento alguno durante siete meses. Pero el 27 de agosto de 2020 llegaron nuevos socios que aumentaron el capital de la empresa.
De hecho, aunque extrañamente el acta respectiva no lo consigna, la empresa cambió de propietario. El asiento de esa fecha registra un aumento de capital fijo: Israel Alfredo Rodríguez Moreno y José Ángel Pérez Muñoz invirtieron mil pesos cada uno.
Pero además, aunque el asiento notarial no especifica la enajenación de acciones como de ordinario debe registrarse, Pérez Muñoz adquirió las 99 acciones que pertenecían al pasante de medicina Bruno Alejandro López Ponce y tomó su lugar como administrador de la sociedad.
Pérez Muñoz es un neoleonés de 33 años, con domicilio en la colonia Polanco de la Ciudad de México, quien declaró ser “comerciante” y que, en los hechos, era ya el nuevo dueño de la empresa. No deja de ser desconcertante que, aunque la empresa nació en Ecatepec y el nuevo dueño era de Polanco, la reconfiguración de la empresa se protocolizó en la Notaría N° 1 de Tula, estado de Hidalgo.
Se integró como comisaria Viviana Castrejón Reyes y, además, la empresa pasó de ser sociedad de acciones simplificadas a sociedad anónima.
Después de aquellos cambios, la sociedad volvió a la habitual calma que la había caracterizado a lo largo de su existencia. Y por cierto que, hasta entonces, Community Doctors no había efectuado ninguna operación comercial.
No obstante, seis meses después, el 26 de febrero de 2021, cuando parecía que la existencia de la empresa continuaría constreñida a los estrechos límites de su enunciación en los legajos notariales, fue presa de nueva agitación.
Las acciones de la empresa fundada catorce meses atrás en aquella humilde vivienda de la colonia Carlos Hank González de Ecatepec, eran nuevamente presa de la codicia, a pesar de que el negocio no hubiera podido aún, hasta ese entonces, poner un pie en el rudo terreno del mercado.
El administrador único y propiamente dueño, José Ángel Pérez Muñoz, experimentó al parecer un súbito deseo de liquidar su participación en la sociedad. Vendió sus acciones a Israel Alfredo Rodríguez Moreno, su socio minoritario, que hasta entonces había sido el feliz poseedor de únicamente una acción de mil pesos.
Rodríguez Moreno sería en adelante el administrador único; y había un nuevo participante, Javier Gómez González, atraído por un prometedor negocio que hasta entonces no había efectuado una sola operación comercial.
SE ESPECIALIZO EN CONTRATOS
Al mes siguiente, Community Doctors fue contratada por Nafin para otorgar el “servicio médico integral y de hospitalización para los fideicomisarios y sus derechohabientes del Fondo de Pensiones del Sistema Banrural”.
Los servicios contratados serían de prevención, detección y diagnóstico de diversas enfermedades; tratamiento, hospitalización, servicio de urgencias, aparatos ortopédicos, atención quirúrgica, servicio odontológico, abastecimiento y dispensación de medicamentos, material de curación, laboratorio y gabinete.
Community Doctors encabezó un consorcio en el que participan además Challenge Consulting e Insumos Médicos y Hospitalarios de México HLE. Fue contratado para cubrir dos zonas del país, una por 321.5 millones de pesos, y la otra por 211.9 millones de pesos. Los contratos cubren del primero de abril al primero de diciembre de 2021.
No era para menos. Tanto Israel Alfredo Rodríguez Moreno como Javier Gómez González, los dueños de Community Doctors, son ejecutivos responsables de licitaciones en Grupo Empresarial Atlantis, un conglomerado de inversiones especializado en ganar contratos de gobierno.
Dicho grupo se enfoca en dos áreas: construcción y salud. Su división sanitaria, Atlantis Operadora de Servicios de Salud, también es contratista del gobierno morenista. Esta firma ha facturado 573 millones de pesos a tres instituciones: el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, Nafin, y Sociedad Hipotecaria Federal.
De acuerdo con su acta constitutiva ―protocolizada en Tepeji del Río, Hidalgo―, Atlantis Operadora de Servicios de Salud tiene como socios a Nieto Vera S.A. de C.V. y a Mario Eduardo Vilchis Guerrero. En la estructura de la firma figura como director Guillermo Nieto, y Vilchis, como contralor.
El comisario del consejo de Atlantis Operadora de Servicios de Salud es, curiosamente, Israel Alfredo Rodríguez, el administrador único de Community Doctors.
Grupo Empresarial Atlantis habitualmente intercambia personal con gobiernos morenistas. Por ejemplo, Modesto Solís Silva, que desempeñó el cargo de licitador en esa empresa de octubre de 2018 a abril de 2019, pasó a ser subdirector de Factor Humano y Prestaciones Laborales de la Secretaría de Administración del Gobierno de Puebla en mayo de 2019; después fue jefe de departamento en la Secretaría de Turismo, hasta enero de 2021. Entonces asumió la Gerencia de Desarrollo Organizacional del Banco del Bienestar,
Por su parte, Mariam Castillo Rupit, hasta septiembre de 2019, era empleada del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado (cliente de Atlantis). Ahora, Castillo Rupit es supervisora peninsular de Community Doctors.
Con el relevo de Irma Eréndira Sandoval en la Secretaría de la Función Pública (SFP), quedó de manifiesto una gestión ineficaz en el propósito de la 4T de combatir la corrupción.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido con insistencia que en su gobierno ya no existe la corrupción, ya que acabar con ella y la impunidad es el propósito central de su gobierno.
Nadie espera que el Presidente resuelva esa promesa de campaña en los tres años restantes. Sin embargo, todo México quiere ver señales de compromiso y un plan serio.
Sería un gran logro y abonaría a su alto capital político que los dichos de AMLO fueran ciertos.
La gestión de Irma Eréndira Sandoval entregó saldos negativos a su jefe. La otrora “poderosísima” secretaria gozaba de la gracia y confianza de AMLO y había logrado colocar a varios familiares en puestos públicos. Un hermano, Netzai Sandoval Ballesteros, es director general del Instituto de la Defensoría del Consejo de la Judicatura Federal. Su otro hermano, Pablo Sandoval, era superdelegado de programas sociales en Guerrero, pero tuvo la osadía de enfrentar a Félix Salgado, eso le costó el puesto a él y a su hermana.
ADQUIRIÓ 6 PROPIEDADES INMOBILIARIAS EN 9 AÑOS
La encargada de vigilar la rendición de cuentas, el conflicto de interés y el combate a la corrupción protagonizó gran escándalo cuando se publicó un reportaje realizado con base en documentos obtenidos a través de “fuentes públicas” que “pese a tener un salario modesto como investigadora universitaria, compró de contado -junto con su esposo, John Ackerman- seis propiedades inmobiliarias en sólo nueve años”.
ckerman esperaba ser nombrado director de Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional (IPN), debido a que se supo que en diciembre de 2020 su esposa Irma Eréndira convenció al Presidente de nombrar a su sobrino, Arturo Reyes Sandoval, como director general del IPN.
De Reyes Sandoval lo único que se sabía es que era buen investigador en Inglaterra en la Universidad de Oxford. Tenía once años de no vivir en México, ni haberse parado nunca en el IPN. Se hicieron a un lado a candidatos con más méritos y a toda la comunidad politécnica.
Por el bien del IPN, Arturo Sandoval debería aclarar su pretendido parentesco por aquello del “conflicto de interés” y de los padrinazgos políticos.
Por su desempeño y resultados da la impresión que la ex titular de la SFP nunca se enteró que existe un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). Tampoco explicó por qué el gobierno de la 4T no cumple con los procedimientos que ordena la Constitución en su Artículo 134 y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que el 75% de sus adquisiciones se ha hecho por medio de adjudicaciones directas.
El caso “Bartlett” se volvió emblemático para la SFP, no porque el titular de la CFE tuviera o no alguna responsabilidad administrativa, sino porque Irma Eréndira Sandoval dio carpetazo al asunto sin realizar su trabajo y demostrar ante la opinión pública la “no responsabilidad” del funcionario.
Al final su actuación dócil y sumisa poco le valió porque su relevo se debió más a motivos políticos.
CUENTAS PENDIENTES
De la misma manera debería haber actuado en otros casos que se hicieron públicos, manifestando al menos que se iniciarían las investigaciones correspondientes, ya que, en el afán del sometimiento ciego, poco ayudó a su jefe, el Presidente de la República.
Está el caso de Felipa Guadalupe Obrador, la prima con contratos millonarios en Pemex, ISSSTE, y ASA. También el escándalo de Pío López Obrador, quien fue grabado recibiendo dinero de David León Romero. Otro golpe mediático fue el caso de Jaime Cárdenas, a quien el Presidente había nombrado director del “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (SAE), pero al darse cuenta de el “cochinero” y la corrupción que priva (en tiempo presente) en esa institución prefirió no sólo renunciar, sino tuvo la valentía de hacer las denuncias legales correspondientes de las que nunca dio cuenta la SFP ni la Fiscalía General de la República (FGR).
En relación a los célebres casos de Lozoya y de Rosario Robles, nunca hizo declaración alguna.
CIUDAD DE MÉXICO, 30ABRIL2019.- Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad; Francisco Alberto Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Trabajadores Unidos Mexicanos (Concamin), e Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, durante la 188 asamblea general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM
