El relator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Pedro Vaca, instó este jueves al gobierno mexicano a «reconsiderar» el bloque «Quién es quién en las mentiras», nuevo espacio estrenado esta semana en las mañaneras del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque en su opinión afecta al debate público con tácticas de señalamientos y culpabilidad que afectan a la libertad de expresión y la democracia.
«El espacio del ‘Quién es quién’ debe reconsiderarse en la medida en la que puede estar afectando las garantías para un debate libre, informado, de señalamiento público», dijo Vaca.
Las declaraciones del relator de la CIDH se produjeron en el marco de la sesión virtual centrada en la Protección de los derechos humanos de las personas defensoras y comunicadoras en México, y que puso énfasis en la situación de comunicadores y defensores de derechos humanos y ambientales en el país.
Vaca preguntó al Estado mexicano, representado por el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, si en el bloque de «Quién es quién» se siguen los principios establecidos por los verificadores de datos internacionales y cuántos se cumplen, así como si el Ejecutivo ha planteado o tiene previsto cómo solucionar un hipotético caso de equivocación en su señalamiento. Ramírez aseguró que el propósito del «Quién es quién» es simplemente «poner en relieve el daño que pueden hacer las noticias falsas», y que para nada tiene una intencionalidad de «estigmatización sobre periodistas ni sobre medios de comunicación».
A las preguntas realizadas por el relator, simplemente dijo que «tomamos en cuenta que se sigan estándares internacionales para enriquecer este debate público que es tan necesario», sin dar más detalles al respecto.
En el inicio de la sesión, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 en México, había criticado el espacio de las mañaneras que debutó el miércoles anterior, que definió como una especie de Tribunal de la Verdad que sólo tiene el objetivo de «exhibir, atacar y estigmatizar a la prensa crítica. El problema no es que sea cuestionada la prensa (…) pero que sea la cabeza del Estado la que defina los criterios bajo los cuales la prensa miente o no, además de estigmatizar, promueve la censura previa mediante la inhibición o el amedrentamiento, afectando así a la libertad de expresión, la pluralidad mediática y el derecho a informar e informarse de la sociedad», dijo.
Vaca utilizó gran parte de su breve intervención para cuestionar el rol de las sesiones informativas matutinas de López Obrador, expresando serias dudas sobre el impacto que tienen en cuanto al debate público, especialmente los efectos de estigmatización nocivos que tiene el discurso presidencial. El relator de la CIDH apuntó que hay que ubicar ese concepto de estigmatización en la «prevención de la violencia», porque un discurso de ese calibre da paso y permite episodios de agresiones.
«Esa es una máxima que debe operar en todo Estado democrático, que debe distinguirse de otro entorno a la libertad de expresión: todas las autoridades tienen el derecho a defenderse de las críticas que públicamente se le formulan. El reto de buena parte de nuestras democracias es cómo trazar la línea, cómo distinguir entre una defensa de una posición pública (…) y aquel discurso que puede entrar a estigmatizar, que aquella persona que ejerce su libertad de expresión no sienta la respuesta del Estado como una represión, como un aleccionamiento, como un castigo», añadió. En especial, en países con violencia como México.
Ramírez defendió la conferencia matutina presidencial como clave y central en las labores comunicativas, como ejemplo del cambio de paradigma con respecto a gobiernos anteriores. Vaca reviró: «Una cosa es cómo el Estado lo define, que pudimos escuchar que son propósitos nobles, y otra cosa es el impacto que éste pueda tener el debate público».
Los activistas presentaron un video de casi cuatro minutos y medio con una ristra de gobernantes atacando, insultando o maltratando a periodistas y defensores, con más de una decena de ejemplos de AMLO. Ramírez Cuevas alegó que la violencia y la presión sobre periodistas no provienen del gobierno federal ni del Ejecutivo. «Provienen de otros agentes, algunos sí públicos, pero también de poderes fácticos».
