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13 de octubre de 2021 Imparable la violencia en la región serrana del estado Grande

Imparable la violencia en la región serrana del estado Grande

Un nuevo enfrentamiento entre grupos del crimen organizado se dio el domingo en la zona limítrofe entre Sinaloa y Chihuahua en el municipio de Guadalupe y Calvo, donde las versiones y trascendidos señalan la muerte de 18 a 20 personas, esta es una zona que abarca 10 municipios serranos donde la violencia ha expulsado a cientos de pobladores que huyen del narcotráfico, las venganzas, las presiones para que abandonen sus tierras, ganado y sus bosques, que son utilizados por los delincuentes para financiar sus actividades.

Tan solo el último reporte del el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) señala que la zona serrana tiene el mayor índice de rezago social en Chihuahua; más de 10 municipios presentan este problema, entre los que se Guadalupe y Calvo, Guachochi, Batopilas, Urique, Morelos, Guazapares, Chínipas, Moris y Guerrero, mismos en los que se tiene presencia de grupos delincuenciales que hostigan a pobladores.

Se destaca que en las comunidades de El Manzano en Urique y Monterde en Guazapares ya se han interpuesto hasta 20 amparos derivado de la omisión de las autoridades para garantizarles sus derechos humanos; jueces dictaron suspensión de plano; por lo que autoridades deberán de generar mecanismos para garantizar la pacificación de la zona, misma que sigue tiñéndose de rojo.

De 2014 a la fecha al menos un total de 23 familias de las comunidades de El Manzano y Monterde, han tenido que abandonar su vivienda para salvaguardar su integridad.

Este fin de semana volvieron a escucharse las detonaciones de armas de grueso calibre, los pobladores informaron de enfrentamientos con al menos 20 muertos, en comunidades alejadas de Guadalupe y Calvo, datos que no confirman la Secretaría de la Defensa Nacional ni la Fiscalía General del Estado, que apenas ayer lunes informó que un operativo de reconocimiento había partido a dicha zona a realizar investigaciones.

La Sierra Tarahumara representa uno de las principales fuentes de recursos forestales y ganaderos y con producción agrícola en el estado de Chihuahua, abarca al menos 21 municipios. Con toda esa riqueza, también es de las zonas más vulnerables del país, hecho que se refleja en sus índices de violencia, que a su vez desemboca en que sus habitantes buscan abandonar el sitio o son obligados a ello.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado (CEAVE) informó que más de 200 personas fueron desplazadas de manera ilegal de Guadalupe y Calvo el mes de junio, esto tras terminar el proceso electoral, que mantuvo cierta calma en la región previo a los comicios.

En Parral hay al menos 729 personas que habitan en asentamientos indígenas que han llegado expulsados de la Sierra Tarahumara por la violencia, el narcotráfico, la tala ilegal del bosque y otros delitos que generan falta de oportunidades y ambiente inestable en la región, por lo que los pobladores emigran o son forzados a ello, datos que tiene el CEAVE desde 2017, con 410 registros al menos de migración forzada.

En ese sentido la CEAVE tiene registro del desplazamiento forzado en 56 comunidades en los municipios de Guadalupe y Calvo, Uruachi, Saucillo, Delicias y Guachochi, además de que organizaciones no gubernamentales incluyen también a los municipios de Madera, Guazapares, Batopilas, Urique y Bocoyna en la alta incidencia de casos.

1 de julio de 2021 ASF reporta irregularidades y imparables saqueos en Pemex y otras dependencias

ASF reporta irregularidades y imparables saqueos en Pemex y otras dependencias

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) entregó este miércoles a la Cámara de Diputados la primera parte de los informes individuales de la Cuenta Pública 2020, correspondientes al segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, el órgano técnico detectó distintas irregularidades, gastos no justificados, omisiones y saqueos al gasto público en Petróleos Mexicanos (Pemex) y varias dependencias federales.

De acuerdo con su informe, se encontró un probable saqueo por más de 466 millones 244 mil pesos, derivado de irregularidades en 15 organismos de Gobierno.

En el caso de la paraestatal petrolera encabezada por Octavio Romero Oropeza, la Auditoría Superior encontró irregularidades en el ejercicio de 57 por ciento del presupuesto asignado en uno de los proyectos más grandes entre el 2019 y el 2020, que fueron los ductos para conectar la plataforma Ayatsil C con el mayor campo que actualmente tiene la estatal en el Golfo de México: Ku Maloob Zaap, proyecto en el que sencillamente no existe documentación suficiente acerca del ejercicio de 118.189 millones de pesos. 

Asimismo, registra un pendiente por aclarar de 159 millones 501 mil 62 pesos en Pemex exploración y Producción, por concepto de la construcción de un Oleogasoducto y un Oleoducto submarino hacia la Plataforma PP-Ayatsil-C, frente a las costas de los estados de Campeche y Tabasco.

En el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la ASF reportó un posible desfalco de 278.2 millones de pesos en 11 obras.

Como ejemplo, expuso el caso de la construcción del Tren Eléctrico Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, donde detectó un faltante de más de 108.8 mdp.

También, se encontró, dentro de estas irregularidades que en Sonoroa, la misma SCT pagó de más 284.4 mil pesos por concepto de una obra pagada y no ejecutada. Dicha obra corresponde al Proyecto Carretero Estación Don-Nogales y, en él se observó que había cantidades duplicadas