La Fracción informativa de la Fiscalía General del Estado (FGE) documentó que el cateo al bar Lupe Lupe se derivó de múltiples denuncias anónimas que acusan, entre otros hechos, prostitución de menores, presencia de armas y venta de drogas; por ello se ordenó la inspección difundida el 17 de octubre. El cateo del bar Lupe Lupe por denuncias de explotación y delitos aparece como uno de los antecedentes incluidos en el expediente ministerial que sustenta la medida. Los reportes narran supuestos pagos por poner a disposición a adolescentes, la existencia de un “privado” y divisiones de tareas entre los presuntos responsables.
En los oficios se describe además la presencia cotidiana de hombres armados —con referencias a distintos tipos de armas— y señalamientos sobre sobornos, amenazas y violencia contra víctimas que habrían intentado escapar. Otro documento puntualiza que en el sitio se detectó funcionamiento fuera de horario y posibles casos de trata de personas, además de relatos sobre agresiones físicas a clientes y trabajadoras. La orden de cateo buscó localizar a personas posiblemente privadas de la libertad y asegurar evidencias relacionadas con los ilícitos denunciados.
El inmueble ubicado en la planta alta de la plaza Senecú, sobre avenida Tomás Fernández, fue cerrado el viernes 17 de octubre por la Secretaría General de Gobierno. Entre los nombres consignados en las denuncias figura el de un exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), quien —según el aviso anónimo— habría laborado como jefe de seguridad y participado en actividades ilícitas; la SSPM confirmó que el expolicía ingresó en 2022 y causó baja el 7 de enero de 2025. La investigación continúa bajo resguardo del Ministerio Público para determinar responsabilidades y deslindar hechos.
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