El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Santini Ramos, consideró que son los titulares de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública quienes deben conservar escoltas oficiales una vez que concluyan su cargo, en cambio, en el caso del Gobernador y el Secretario General de Gobierno, si desean protección personal, deberán pagarla de su bolsillo.

Lo anterior, al analizar el Congreso del Estado en mesa técnica la petición del gobernador Javier Corral para que se le dote de seguridad cuatro años al concluir su mandato, así como al fiscal César Augusto Peniche, al secretario de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, y al secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé.

El dirigente empresarial expuso que por sus funciones, quienes están al frente de las dependencias de Seguridad deben contar con el apoyo de protección personal, en cambio, los puestos del Ejecutivo no necesitan seguridad pagada por los contribuyentes.

“En el caso del Gobernador del Estado y del Secretario General del Gobierno, se trata de funcionarios públicos a quienes se les paga para que hagan su trabajo y aceptaron su responsabilidad, de manera que al concluir el cargo, es su responsabilidad contar con protección social y no de los contribuyentes”, dijo Santini Ramos.

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