La diputada Isela Martínez Díaz presentó una iniciativa con el fin de exhortar respetuosamente al Instituto Federal de Defensoría Pública y al Instituto Estatal de Defensoría Pública para que vigilen, den seguimiento e informen a las mujeres privadas de su libertad en los Centros de Reinserción Social (CERESO), del Estado sobre la situación jurídica en la que se encuentra su proceso penal. Además, se exhorta al Instituto Estatal de Defensoría Pública para que informe al Congreso del Estado sobre la regularidad y estadísticas de las visitas que se han realizado a los CERESOS estatales para mujeres.

La legisladora dio a conocer que el pasado mes de enero visitó el CERESO femenil número uno, donde tuvo la oportunidad de conversar con varias mujeres que se encuentran privadas de su libertad. Algunas de ellas le informaron que ignoran el estado en el que se encuentra su proceso penal o cuánto tiempo más deben pasar en el interior del penal e incluso, desconocen a su defensor o defensora de oficio.

En los CERESOS del Estado se encuentran privadas de su libertad 520 mujeres que son madres, hijas, jefas de familia, proveedoras y cuidadoras, las cuales tienen derecho a reintegrarse a la sociedad lo antes posible y estar de regreso con sus familias. Su anhelo es cumplir con su proceso judicial para retomar su vida en compañía de sus seres queridos.

El derecho de defensa es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ello, es importante que estas mujeres tengan acceso a una defensa adecuada e informada ya que la mayoría no cuenta con conocimientos en derecho y desconocen el funcionamiento del sistema penitenciario, y algunas de ellas podrían acceder a medidas preliberacionales y no cuentan con asesoría. Además, el desconocimiento sobre su proceso puede provocar incertidumbre, ansiedad, depresión y desconfianza en la institución.

Por estos motivos, Martínez Díaz remarcó la importancia de que las y los asesores de la Defensoría Pública, Federal y Estatal, presten personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten y lleven un control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan, desde que se les turnen hasta que termine su intervención, para garantizar el debido proceso y atender sus representados con diligencia y cortesía.

Cabe destacar que esta iniciativa se presentó con carácter de urgente resolución, por lo que fue aprobada en el pleno del Congreso del Estado.

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