Una propuesta contenida en el Paquete Económico 2026 ha encendido las alarmas en la industria tecnológica y entre defensores de derechos digitales en México. El gobierno federal plantea otorgar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) acceso permanente, en línea y en tiempo real a la información de plataformas digitales como Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, ViX y Spotify, lo que abre un debate sobre el equilibrio entre una fiscalización más efectiva y el derecho a la privacidad de millones de usuarios.
El artículo 30-B, propuesto al Código Fiscal de la Federación, establece que las plataformas digitales “deberán permitir a las autoridades fiscales en forma permanente el acceso en línea y en tiempo real” a información vinculada con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En caso de incumplimiento, las empresas podrían enfrentar la suspensión de operaciones en México. Aunque la medida busca reforzar la recomendación, su amplitud preocupa a los especialistas que temen que el SAT pueda acceder no solo a datos fiscales, sino también a información sobre hábitos de consumo y comportamiento digital.
De acuerdo con la organización R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, la redacción del artículo carece de límites claros y podría permitir a la autoridad fiscal solicitar cualquier tipo de información en el poder de las plataformas, sin necesidad de justificación ni supervisión judicial. Este margen de discrecionalidad, advierten, abre la puerta a posibles abusos y vulneraciones del derecho a la privacidad, al permitir que el Estado acceda a información sensible sobre millones de usuarios sin control independiente.
El Paquete Económico 2026 también propone endurecer las sanciones. El artículo 113-B contempla penas de cárcel para ejecutivos de plataformas digitales que incumplan obligaciones fiscales o participen en la emisión de comprobantes falsos. Esta disposición convierte a las compañías en auxiliares de la fiscalización penal, obligándolas a implementar mecanismos de vigilancia interna sobre usuarios y anunciantes bajo amenaza de responsabilidad penal, un enfoque que los expertos consideran desproporcionado y riesgoso.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) defiende la iniciativa, argumentando que el acceso en tiempo real permitirá al SAT obtener datos precisos sin comprometer la seguridad de los usuarios ni vulnerar la privacidad de las empresas. Sin embargo, especialistas en derechos digitales y constitucionalistas sostienen que no existen salvaguardas institucionales que impidan un uso indebido de esa información, lo que vuelve insuficiente la confianza en las garantías ofrecidas por el gobierno.
Organizaciones como el Artículo 19 han calificado las reformas como inconstitucionales y desproporcionadas, al otorgar al Estado facultades de vigilancia sin límites claros ni control judicial. Advierten que la propuesta no solo amenaza la privacidad, sino que puede tener efectos inhibidores sobre la libertad de expresión en internet. La ausencia de un requisito de orden judicial previa para acceder a los datos representa, según los expertos, un retroceso frente a los estándares internacionales de protección de datos personales.
El debate trasciende el terreno fiscal. México enfrenta un desafío real en materia de recaudación, y la economía digital ha sido un espacio de evasión y elusión tributaria. No obstante, el método elegido plantea un dilema ético y político: ¿hasta qué punto puede el Estado extender su poder de fiscalización sin vulnerar derechos fundamentales? La discusión en el Congreso no solo definirá los límites del poder estatal en el entorno digital, sino también el tipo de relación que el país construirá entre ciudadanía, plataformas tecnológicas y autoridad fiscal en los próximos años.
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